Corriente Federal de Trabajadores
Alvaro Ruiz es abogado laboralista, con una extensa y rica formación académica y con una larga experiencia en el mundo jurídico relacionado con el trabajo. Su mirada de lo jurídico está enlazada con su postura polìtica en defensa del trabajo y los trabajadores, hoy participando en la Corriente Federal de Trabajadores.
Da la sensación de que el Gobierno nacional está queriendo avanzar sobre la justicia laboral. ¿Lo ves así?
– La sensación más general es que se trata de alcanzar y consolidar una posición en la Justicia en general. En lo que es la Justicia del trabajo en particular me parece que es un tema que está conectado con los proyectos flexibilizadores de la normativa del trabajo, la legislación en general y los convenios colectivos. Normalmente los despidos cuando empiezan a producirse y en la cantidad en la que se vienen registrando en menos de un año desde la asunción del gobierno, tanto en el público como en el privado tiene un efecto, o pretende tenerlo, disciplinador de la fuerza laboral sindical y de los trabajadores. Ante el riesgo de perder el empleo, viendo lo que sucede, se aceptan condiciones más precarias, se resignan legítimas aspiraciones salariales, mejoras o conquistas dentro del ámbito del trabajo. Para que eso además funcione, por lo menos de esa perspectiva, que es la que yo atribuyo a los programas del gobierno de Macri, por supuesto que es necesario también encontrar una respuesta judicial acorde con la flexibilización. La Justicia nacional del trabajo ha sido un fuero que si bien es nacional y con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, es exclusivo en temas sindicales en sentido que los recursos son directamente ante la Cámara de Trabajo más allá de algunas de competencias provinciales en materia de fueros sindicales como puede ser delegados. Es decir que si bien es Justicia nacional desde su origen, tiene en algún sentido una similitud con la Justicia federal y siempre ha sido un referente importante en la formación tanto de los abogados como en la doctrina como también de jurisprudencias locales y provinciales con lo cual, tratar de disciplinar a esa justicia, y llevarla al ámbito local de la Ciudad de Buenos Aires que es lo que los proyectos que andan en danza están planteando suponen en buena medida esta situación no solo respecto de la justicia en sí mismo, sino respecto del proyecto ,más ambicioso de modificar sustancialmente las reglas del trabajo.
Uno de los temas que se está planteando frecuentemente de parte de los funcionarios nacionales y mismo de los empresarios es una alta litigiosidad en el sistema. ¿Cuál es tu opiniòn?
En primer lugar, no es que haya una alta litigiosidad que sea en términos comparativos de esa característica, lo que sucede en todos los períodos donde los trabajadores ganan derechos, donde hay empleo, porque esto es fundamental, quien reclama por sus derechos lo hace en tanto y en cuanto no pierda su empleo o si lo pierde tenga la oportunidad de conseguir otro. Además, normalmente, los juicios que se generan en el ámbito del trabajo tienen como precedente incumplimientos empresarios o situaciones en materia de accidentes de falta de prevención o de falta de normas de higiene y seguridad que llevan a determinado tipo de dolencias, accidentes directamente o alguna patología que tiene con causa el trabajo.
¿Se podría decir que en un nuevo gobierno nacional y popular habría que cambiar la Ley de ART y volver a algo como el Instituto Nacional de Reaseguros?
Lo que existió durante muchos años, particularmente desde 1915 con la primer Ley de Accidentes del trabajo Nº 9688 donde había una responsabilidad en el marco de esa ley con sus diferencias y modificaciones, pero lo más importante se produce en el 1995 con la Ley de Riesgo de Trabajo que cambia el sistema e intervienen nuevos actores que son las aseguradores de riesgo de trabajo. Hace mucho tiempo que esté en debate porque es un sistema que no garantiza la efectividad en la prevención como las estadísticas marcan. Desde la creación de estas aseguradoras que son las que tienen en sí el control directo e inmediato del cumplimiento de sus asegurados que son sus clientes por otro lado y ponen en un grado de contradicción seria el hecho de estar señalando deficiencias en materias de seguridad y a la vez conservarlos de clientes.
¿Qué es lo que se está queriendo cambiar en lo que tiene que ver con las ART?
En este momento todavía no se conoce, porque algunos dicen que va a salir como un DNU, en otros casos, como un proyecto de ley que ingresaría al Congreso con la idea de modificar algunas cuestiones del sistema. Una de las posibilidades es llevar el debate judicial, ligados a los accidentes de trabajo al foro de la seguridad social y sacarlo del fuero laboral. Es el que naturalmente tiene que intervenir porque la justicia del trabajo se creó hace más de 70 años, tenía el sentido de tener jueces con una sensibilidad social particular y entender que desde la Constitución el trabajo goza de la protección de la Ley. El trabajador es un sujeto de especial tutela, cosa que la Corte Suprema de la Nación lo ha dicho en innumerables fallos a partir del año 2004 y, además, que tiene que ver con los convenios internacionales de DD.HH. que han sido incorporados directa o indirectamente a la legislación interna que ponen el énfasis en la protección del trabajador y de su propia seguridad física y la vida.
En los momentos en que el liberalismo avanza sobre los trabajadores. ¿Aumentan los accidentes de trabajo?
No lo pondría específicamente en las situaciones de crisis en sí mismo, sino en las políticas neoliberales. Este es un Gobierno que llegó sin crisis, la crisis la fue generando a partir de las medidas que adoptó a partir del segundo día de estar ejerciendo la presidencia Macri. Entonces lo que sucede en los períodos de crisis es que frente a eso las respuestas puede ser de dos tipos; o un Estado que aparentemente no interviene, pero al no intervenir siempre interviene a favor del más fuerte o un Estado que interviene fuertemente para generar los equilibrios que son necesarios en relaciones desiguales por definición que son las relaciones entre un empleador y un trabajador. En los gobiernos de 2003 a 2015 hubo crisis también, pero las respuestas a través de un Estado presente y activo no son una incidencia en el grado de siniestralidad, al contrario, aún en los momentos críticos que se han vivido ha bajado el nivel de siniestralidad y particularmente los accidentes fatales. En las políticas neoliberales, lo que ocurre es que si se precariza el trabajo y se toma solamente como un costo, todo lo que implique mejorar las condiciones de ejecución del trabajo, las condiciones en las cuales se desarrolla el empleo, la prevención en materia de agente nocivos o que son totalmente riesgosos para quién desempeñe una tarea, también se baja el rango de protección.
Entonces allí sí podríamos encontrar una relación de causa-efecto entre políticas neoliberales, con crisis o sin crisis, y el aumento de siniestralidad. Esto fue claramente lo que ocurrió en el período de 1995/6 que es cuando se pone en vigencia el nuevo sistema de las aseguradoras de riesgo de trabajo que en su aspecto declamativo tenía por objeto fundamentalmente la prevención de los accidentes y lo que sucedió que los accidentes aumentaron geométricamente y particularmente los accidentes fatales, porque la indemnizaciones eran muy bajas y la contracara de esto, si me permiten un ejemplo, en los años 70´, se fue consolidando una jurisprudencia que habilitaba, a pesar de una interpretación contraria que había habido hasta entonces, la vía civil que quiere decir los daños y perjuicios totales, no solo una tarifa legal. Esta situación que encarecía para el empresario las indemnizaciones en el caso de accidentes. Llegó a que muchas empresas empezaran a tomar medidas de prevención, justamente manejaban el tema de los costos, porque en este sentido les resultaba más costoso pagar indemnizaciones que prevenir cuestiones elementales.
En el fuerte avance sobre el Ministerio Público Fiscal y sobre la figura de Alejandras Gils Carbó ¿Qué se está buscando?
-Está claro que lo que se busca es desplazar a la Procuradora, porque es algo que han venido intentando desde el principio por diversos caminos. Lo cierto también es que la única forma de separarla del cargo es con un juicio político y evidentemente no tienen elementos. La cuestión que hoy se está planteando en el Congreso es un intento claro de sujetar al Ministerio Público que se ha transformado en un cuarto poder orgánico, además del Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, a partir de la reforma de 1994, dándoles no solo las inmunidades propias de los Magistrados sino también un rol y en el caso de la Procuradora su nombramiento es vitalicio al igual que los de la Corte Suprema, y tratar de acortar su mandato sería aplicar retroactivamente la Ley desde que en principio no se admitiría, ya que es inconstitucional y ya vio algunos precedentes como fue el caso de Fayt en cuanto a que la Constitución de 1994 se ponía a esa condición vitalicia un máximo de edad de 75 años. Para aquellos jueces de la Corte que venían antes de la reforma del 94´ (lo planteó Fayt primero) no podían aplicarle retroactivamente y exigirles la jubilación a los 75 años. Estos precedentes deberían también considerarlos la Corte si es que se dieran algunas situaciones que pretenden con la Ley. Está claro también que todo el arco, de abogados, organizaciones ligadas a la Justicia, están señalándole la inconstitucionalidad de un proyecto como el que están alentando y que tampoco parecen ponerse de acuerdo porque en Cambiemos aparecen las fisuras en materia de esta y otras cosas
