Corriente Federal de Trabajadores
Los 380 despidos por el cierre de la planta de Artes Gráficas Rioplatense en Pompeya son parte de una ofensiva del Grupo Clarín por imponer condiciones sobre los trabajadores y un ensayo para avanzar en ese sentido por los actores económicos más fuertes de la economía argentina. Tras un plenario de delegados en la Federación Gráfica Bonaerense se tomó la decisión de hacer un paro de 24 horas el próximo jueves en solidaridad con los despedidos. Un repaso de los hechos que han dado origen al conflicto en AGR y de la respuesta de los trabajadores.
Por LEONARDO MARTÍN
Tiempos difíciles para los trabajadores son los que corren actualmente en la Argentina. Proliferan las noticias de despidos, suspensiones, cierre de fábricas, con funcionarios y empresarios impulsando la flexibilización laboral, como suelen llamar de modo aséptico, una “baja en el costo laboral argentino”.
El cierre de la planta y los despidos de 380 trabajadores en Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), perteneciente al Grupo Clarín, es un ejemplo paradigmático. El poder económico concentrado busca disciplinar a los trabajadores mediante una extorsión con el visto bueno del gobierno nacional: bajan los costos, resignando derechos, o peligran los empleos. Lo decía de modo crudo Paolo Rocca en el Mini Davos organizado en agosto pasado: “Hay que convencer a los sindicatos para que no peleen por el sueldo de algunos, sino por el empleo de muchos”.
AGR es la empresa del grupo que se dedica a la producción gráfica. La planta en cuestión se encuentra en Pompeya. Allí el Grupo Clarín imprime la revista dominical Viva, también Genios, Rumbo, Jardín, Cablevisión, guías telefónicas, libros escolares, folletería. Una planta intempestivamente cerrada por el Grupo planteando una “reestructuración de sus actividades” aduciendo una crisis económica que los trabajadores desmienten. El lunes por la mañana se encontraron con la planta cerrada y con carteles invitándolos a pasar a retirar las liquidaciones por sus despidos. El Grupo Clarín había comenzado el vaciamiento tiempo atrás desviando trabajo hacia otros talleres y provocando una crisis que no es tal.
La Federación Gráfica Bonaerense denunció inmediatamente el lock out patronal mediante un comunicado en donde expresó: “Las verdaderas razones de este cierre deben buscarse en la intención del Grupo Clarín de generar una situación que le permita barrer con las conquistas de los trabajadores y flexibilizar el Convenio Colectivo de Trabajo”.
Continúa: “La empresa venía provocando un vaciamiento productivo retirando trabajos y materia prima de la planta, hecho oportunamente denunciado por la organización gremial ante las autoridades laborales”.
El reciente acuerdo para la explotación de Vaca Muerta flexibilizando el convenio colectivo de los petroleros le ha dado impulso a un actor como el Grupo Clarín, el primero de muchos otros seguramente, que parece sentirse impune para avanzar. Para que el Estado le asigne centenares de policías en las puertas del establecimiento, pero sobre todo tener el visto bueno para rumbear en ese sentido. Basta repasar algunos de los beneficios que ha recibido en el último año para entender que hoy luchar contra Clarín es luchar contra uno de los actores que condiciona las políticas de nuestro país. Desde el decretazo que permitió desestructurar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en favor de sus intereses en diciembre de 2015, así como el decreto reciente que le permite desembarcar en el negocio de la telefonía celular. Ni hablar de los 519 millones de pesos de pauta oficial recibidos en 2016 (el segundo fue Telefónica con la modesta suma de 171 millones al lado de lo recibido por el Grupo).
Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, en una entrevista con Radio Gráfica explicó la situación: “Como la empresa no pudo imponer, ni al sindicato ni a la comisión interna, condiciones de flexibilidad laboral y convenio con reglas propias, actúa de esta manera compulsiva con el objetivo de destruir los puestos de trabajo y armar una planta con las condiciones que ellos quieren”.
Además, Amichetti sostuvo que la situación que se vive en AGR “implica un precedente, no sólo para el gremio gráfico, porque aquellas grandes empresas que no puedan lograr que los sindicatos acepten este tipo de negociación, van a tratar de imponerlo de la manera que sea”.
Por su lado, Pablo Viñas, titular de la Comisión Interna de los Trabajadores (Lista Naranja) de la empresa comentó: “Estamos defendiendo una causa justa y nuestros puestos de trabajo. Es una planta que está repleta de trabajo. Es un lock out patronal que no tiene que ver con una crisis de la empresa, quieren romper el convenio colectivo”.
Apuntó a la complicidad entre la empresa y el gobierno nacional: “El gobierno blindó a Clarín para que ejecute los despidos. Antes de que se produjeran había tres edificios de Clarín custodiados por Gendarmería y Policía Federal”.
Ante la posibilidad de desalojo advirtió: “Vamos a defender nuestras fuentes de trabajo. Un desalojo indica una medida audaz del gobierno porque implica que va a tener que entrar y sacarnos con las piernas para adelante”.
PLENARIO DE DELEGADOS GRÁFICOS: UNIDAD FRENTE AL AVANCE PATRONAL
El martes por la mañana se realizó un Plenario de Delegados en el edificio de la Federación Gráfica sobre el Bajo porteño. Allí confluyeron delegados con visiones políticas distintas, de diferentes vertientes del gremio, pero se trazó un objetivo común ante una situación muy crítica. Unidad frente al avance patronal.
En el comunicado posterior al Plenario se llamó a un paro general del gremio de 24 horas para el jueves 19 de enero con “asistencia a los lugares de trabajo y asambleas explicativas”, reclamando “la inmediata reapertura de las fuentes de trabajo, la estabilidad laboral y el absoluto respeto por los derechos laborales”. Además de hacer un llamado “para no realizar en los talleres del gremio ningún trabajo procedente de AGR”.
A contramano con la propuesta del gobierno nacional también se reivindicó “el convenio colectivo de trabajo, la discusión de paritaria por rama y el pleno respeto a los derechos y conquistas laborales”.
Posteriormente al Plenario se realizó una marcha a las puertas del Ministerio de Trabajo, donde además se llevó a cabo una reunión de la cual no participó el ministro Triaca.
Allí el gremio reclamó que se aplique la Conciliación Obligatoria. Los funcionarios presentes, no muy solícitos, respondieron que le trasladarán el pedido a Triaca. Por su lado la empresa reafirmó la postura de no dar marcha atrás con el cierre de la planta.
Amichetti contó sobre la reunión: “Hay una postura muy cerrada de la empresa, han dado señales que lo que hizo la empresa no tiene marcha atrás”. Luego relató: “van a intentar distribuir el trabajo en talleres que tienen un costo menor y posteriormente reabrir la planta buscando imponer nuevas condiciones”.
SOLIDARIDAD DE ORGANIZACIONES GREMIALES, POLÍTICAS Y SOCIALES
La toma de los trabajadores de la planta y el acampe ha recibido la solidaridad de múltiples actores de la vida política nacional. Las fuerzas policiales, presentes en gran número, reprimieron al acampe junto al establecimiento hoy por la tarde con balazos de goma y a los palazos.
Se acercaron al lugar para dar su apoyo gremios de la Corriente Federal de Trabajadores, Madres de Plaza de Mayo, los dirigentes “Beto” Pianelli (Metrodelegados) y Claudio “Tano” Catalano (ATE – Capital), el gremio de los trabajadores de prensa Sipreba y legisladores como Juan Cabandié y Miguel Funes, dirigentes del Frente de Izquierda como Nestor Pitrola, entre otros.
Héctor Amichetti destacó la necesidad de avanzar en la unidad de acción del movimiento obrero, en la urgencia de que estas luchas se den con el mayor volumen posible de organización: “Estas batallas es necesario que la demos en conjunto con el movimiento obrero porque si no nos irán golpeando de a uno para tratar de doblegarnos. Así como esta empresa prueba de esta manera buscando doblegar a los sindicatos y a sus convenios colectivos, los presionarán con el miedo a la desocupación, con medidas como esta”.
La historia lejos está de cerrarse. Es un conflicto de referencia que pone a prueba el avance patronal, un rol del Gobierno nacional previsiblemente favorable a esos intereses, pero sobre todo a la capacidad de resistencia de los trabajadores y la unidad que puedan mantener en la lucha para frenar a patronales que vienen al galope por los derechos laborales.
