Corriente Federal de Trabajadores
Por HÉCTOR AMICHETTI (Federación Gráfica Bonaerense / Corriente Federal de Trabajadores)
A los golpes recuperaron los conservadores el gobierno en el año ’30 de la mano del general Uriburu.
Los Supremos Justicieros que integraban la Corte de aquella época se inclinaron ante la oligarquía legalizando el golpe.
Alineamiento con el poder que repetiría la Corporación Judicial a lo largo de toda nuestra historia hasta llegar a nuestros días.
Atrás quedaba el débil y contradictorio intento nacional y popular de Don Hipólito Yrigoyen.
La alverarización de los radicales diluyó sus ideales en la Concordancia poniéndolos al pie de los conservadores en algo muy parecido a la claudicación actual del partido frente a la alianza Cambiemos.
Dos años más tarde, al amparo de la proscripción electoral, el gobierno de los conservadoles adquirió el carácter formal de «democrático».
El pacto Roca-Ruciman desnudaba la humillante sumisión del gobierno de Agustín P. Justo al Imperio Británico. Un verdadero «Estatuto legal del Coloniaje» como lo llamaría Don Arturo Jauretche.
Sir Malcoln Robertson, un hombre del servicio diplomático británico declaraba por aquellos días en el Times: «…hay un país que sin pertenecer al imperio debe considerarse como parte de él».
Se refería a la Argentina donde las inversiones británicas superaban los 500 millones de libras y el Reino Unido ya controlaba los ferrocarriles, los tranvías, puertos, frigoríficos e infinidad de empresas de distintos rubros.
La voz cipaya del vicepresidente Julio a A. Roca reforzaría su postura: «…la Argentina, por su interdependencia recíproca es, desde un punto de vista económica, una parte integrante del Imperio Británico».
Era la inserción «inteligente» en el mundo de aquellos tiempos.
Diseño del sistema financiero a través del manejo del Banco Central, control del transporte, concesión del servicio eléctrico y otros cuantos convenios más, afianzarían una vergonzosa dependencia forjada en base a la corrupción de funcionarios.
Una CGT vacilante conducida por socialistas y comunistas no representaba obstáculo alguno para los objetivos oligárquicos.
Sólo la patriótica voz de un puñado de yrigoyenistas agrupados en FORJA se hacía oír con firmeza y dignidad: «Somos una Argentina colonial; queremos ser una Argentina libre. El proceso histórico argentino en particular y latinoamericano en general revela la existencia de una lucha del pueblo en procura de su soberanía popular para la realización de los fines emancipadores de la revolución americana contra las oligarquías como agentes en su penetración económica, política y cultural…».
Bien podría ser un manifiesto a repetirse por estas horas.
Las elecciones del año ’38, que consagraron la fórmula Roberto Ortíz-Ramón Castillo, proclamada entusiastamente por la Cámara de Comercio Británico, fueron descaradamente fraudulentas.
Las urnas fueron abiertas en el correo para cambiar los votos.
El radicalismo sólo atinó a protestar por el fraude.
A comienzos del ’43 y en camino hacia una nueva elección presidencial, el régimen liberal-conservador demostró la intención de consolidar su ideología en el gobierno.
El candidato sería Robustiano Patrón Costas, poderoso y multimillonario empresario azucarero y claro exponente de la oligarquía nativa.
Reunidos en la casa del joven coronel Juan Perón, varios oficiales del ejército, antigolpistas y auténticamente sanmartinianos, se preparaban para cambiar la historia.
Constituían el Grupo de Oficiales Unidos (GOU) y no estaban dispuestos a permitir que se perpetúen en Argentina las prácticas de fraude, los negociados y la entrega de la Patria.
La suerte ya estaba echada, el 3 de junio de 1943 fue el último día de la Década Infame.
Al día siguiente comenzaba el fin de una larga etapa signada por las injusticias del orden oligárquico. Se abría así camino, por primera vez en nuestra historia, al protagonismo de las masas trabajadoras como expresión de poder.
