Corriente Federal de Trabajadores
El presidente Mauricio Macri volvió a cargar contra los derechos de los trabajadores. En este caso apuntando a la Justicia laboral denunciando una «mafia de los juicios laborales» conducida por Héctor Recalde que «destruye la generación de empleo futuro».
En el marco de la ceremonia de asunción del flamante canciller Jorge Faurie, el presidente Mauricio Macri se volvió a despachar con un ataque a la justicia laboral. Denunció la existencia de una «mafia de los juicios laborales» apuntando contra un «grupo de estudios» de abogados y «un grupo de jueces minoritarios laboralistas, conducido por Recalde» en referencia a Héctor jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados y abogado laboralista de extensa trayectoria.
El mandatario instó a «enfrentar y terminar» con «la mafia de los juicios laborales» porque «destruye la generación de empleo futuro». Allí también señaló que los abogados «convencen» a los trabajadores a «hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos».
Ya hemos analizado en múltiples notas en este espacio periodístico el avance contra el trabajo y los derechos laborales por parte del Gobierno nacional. La estrategia es amplia, atacando desde diversos ángulos. Enfriamiento de la economía para ir expulsando trabajadores y mermando su capacidad de negociación, propuestas de convenios colectivos flexibilizados como el de Vaca Muerta planteadas como un imán para atraer inversiones, ataque a las organizaciones sindicales, modificación de la ley de ART para postergar el acceso del trabajador a la Justicia en caso de accidente o enfermedad laboral, negociaciones sectorizadas por gremio y el ataque frontal a la Justicia Laboral. El resguardo que tienen los trabajadores como parte más débil en una relación desigual con los patrones.
El Gobierno va por esa Justicia laboral para imponer una dócil a los intereses empresariales, negativa para los derechos de los trabajadores. Lo demostró en dos casos recientes, uno de ellos fue el pedido de juicio político a los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que le pusieron límites, ordenando la no intromisión del Gobierno nacional cuando intentaba a como de lugar voltear la paritaria bancaria. Ocurrió algo similar en la provincia de Buenos Aires con el juez Luis Federico Arias que también tuvo un fallo favorable para los docentes bonaerenses en plena disputa con la gobernadora Vidal, al cual desde Cambiemos le impulsó un juicio político. Disciplinamiento o garrote es la política.
En una nota publicada el lunes en Página 12 por el periodista Martín Granovsky describió la situación tomando diversos testimonios de como se desarrolla el desembarco en la Justicia laboral. Uno de los consultados fue Alvaro Ruiz, abogado laboralista de prestigiosa trayectoria, docente universitario, dirigente de la Corriente Federal de Trabajadores.
“En el proyecto de flexibilización aguda la herramienta es el disciplinamiento de la Justicia del trabajo”. “Es lógico que traten de generar nuevas normas, pero lo nuevo es el juicio político a los jueces”, dice. “Recuerdo algún pedido de juicio político desde el sector privado, por desacuerdo con una sentencia o por algún juez que falló reiteradamente en contra del sector empresario, pero no tengo registro de juicios impulsados por el Poder Ejecutivo» señala para describir la gravedad de la situación.
Cambiemos apunta al mismo tiempo a enjuiciar para reemplazar, a enjuiciar para atemorizar a otros y paralizarlos y a llenar las vacantes que quedaron libres a nivel nacional y provincial. “Solo en el fuero laboral hay 32 vacantes sobre 80 magistrados”, dice Ruiz.
Ruiz también se lamenta. “Me conformo con tener jueces que actúen de acuerdo al Derecho y protejan los derechos humanos, aunque no piensen exactamente como yo”, dice. “Pero ahora el operativo de presión sobre los jueces, la obsesión por debilitar el sistema jubilatorio y la búsqueda de fragilizar la relación laboral de dependencia dan un contexto para entender qué tipo de jueces quiere el Gobierno y cuáles rechaza” completó el dirigente de la Corriente Federal.
Volviendo a las palabras de Macri argumentó que «cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar, porque tienen armadita la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a siete, ocho, diez o doce trabajadores en la calle, porque la pyme cierra«. Faltó mencionar que las pymes hoy no están cerrando por los juicios laborales, cierran por el retroceso económico, por la apertura de importaciones, por los tarifazos que cuadruplicaron el precio de la energía, por créditos hoy inaccesibles porque el dinero es volcado a la bicicleta financiera.
Además, Macri indicó que estos juicios también dejan a «un montón de gente sin acceder a un trabajo porque el que tiene que tomar decisiones tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafioso» victimizó para una platea en donde se encontraban empresarios como al presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, presidente de Edelap (la distribuidora eléctrica de La Plata) y Edea (brinda el servicio en la Costa Atlántica), Alejandro Mc Farlane, Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat; Jaime Campos, titular de AEA, entre otros.
También se pudo ver al economista Martín Redrado (cercano al Frente Renovador); Teresa González Fernández (del Frente Renovador) y la llamativa presencia de Gustavo Eduardo Bordet, gobernador de Entre Ríos y justicialista.
LEONARDO MARTÍN
