Corriente Federal de Trabajadores
Por LEONARDO MARTÍN
Argentina atraviesa el período institucional más crítico desde la vuelta de la democracia con una persecución política cada vez más evidente e intensa. En los últimos meses y, especialmente en las últimas semanas, se han acelerado los mecanismos para aplastar las voces críticas, para aquellos que desafían y rechazan las reformas estructurales que quiere imponer el Gobierno y la brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los más concentrados de la economía. Una violencia desde el Estado apoyado en los servicios que brindan los jueces federales de Comodoro Py y en el aplastante aparato comunicacional comprado con pauta oficial o con la facilitación de negocios fabulosos.
Tiempo atrás, el presidente Mauricio Macri dijo una frase que pareció inocente pero que era una amenaza casi mafiosa y un presagio de lo que se venía. En una nota publicada en Clarín, el periodista Marcelo Cantón se refirió a una lista de 562 personas que impiden las reformas y el progreso del país, personas que el Presidente pondría en un cohete para enviar a la luna. “Lo que Macri señala con esa precisión es que si esa gente saliera de las segundas o terceras líneas que ocupan en la estructura del poder del país, se podrían acelerar los cambios culturales, que sería más fácil modificar la manera de entenderse a sí mismo que tiene el país” explicaba en un párrafo.
Tras las victoria de la Alianza Cambiemos en las elecciones de octubre pasado, el Gobierno decidió pisar el acelerador e ir a fondo con las reformas previsional, tributaria, laboral y con un ajuste de trabajadores en la plantilla estatal. Un macrismo crudo, una “derecha moderna y democrática” que se empezó a parecer bastante a la derecha violenta y antipopular de siempre en nuestro país.
El menú incluye cárcel para dirigentes opositores a partir de los favores de los jueces de Comodoro Py, un festival de prisiones preventivas explotadas mediáticamente para inducir el oprobio popular, una represión cada vez más violenta de las manifestaciones como hemos visto recientemente en las puertas del Congreso o en San Pedro en Jujuy con ensañamiento, detenciones arbitrarias, balazos de goma y gas lacrimógenos para todos. Ni siquiera diputados nacionales se han salvado.
También ha desplegado otros métodos de persecución y coacción. Uno de ellos ha sido la amenaza de intervención de gremios. Lo ha denunciado la Asociación Bancaria recientemente, a lo que se suma el pedido de detención para el secretario general y el adjunto del sindicato de trabajadores del Ingenio La Esperanza en Jujuy. Otro ha sido el reclamo del Presidente y del Fiscal Moldes de endurecer las penas extendiendo la prisión en aquellos que provoquen incidentes en las manifestaciones o el ataque violento que recibió Hernán Letcher, concejal por Unidad Ciudadana en San Martín y director del Centro de Economía Política (CEPA). La sumatoria de hechos es por demás preocupante, con un evidente deterioro democrático.
CADA VEZ MÁS PRESOS POLÍTICOS
La detención de Milagro Sala en Jujuy en enero de 2016 fue el primer aviso del encarcelamiento de dirigentes opositores que sobrevendría a partir de la complicidad entre poder polìtico y judicial. En las últimas semanas hubo una verdadera cacería judicial con las resonantes detenciones de Julio De Vido, Amado Boudou, Carlos Zannini, Luis D`Elìa, Héctor Timmerman entre otros y con el pedido de detención y desafuero para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Detenciones realizadas con investigaciones en curso, sin condena firme, con un evidente abuso de la figura de prisión preventiva contemplada para aquellos acusados en donde existe el peligro de fuga o de entorpecer en la causa. La investigación de los supuestos actos de corrupción es la excusa para dar un castigo ejemplar y desarticular una fuerza política que puso límites al poder real en nuestro país.
EL ENDURECIMIENTO REPRESIVO
La feroz represión frente al Congreso fue una muestra de lo que viene. Un Gobierno envalentonado que acallará a balazos de goma y gases lacrimógenos o que buscará enrarecer las manifestaciones opositoras a las políticas regresivas que busca imponer.
Pasó el miércoles 13 de diciembre cuando tras la enorme movilización de las organizaciones de la economía popular sufrieron agresiones los militantes, incluso los diputados nacionales Leonardo Grosso y Victoria Donda, que buscaban armar un acampe frente al Congreso.
El jueves 14 de noviembre, en otra marcha multitudinaria, la Gendarmería reprimió salvajemente por horas. También fueron víctimas allí diputados opositores, ambos documentados con imágenes y fotografías. Primero Mayra Mendoza rociada en el rostro con gas pimienta y luego Horacio Pietragalla.
La represión fue in crescendo. El lunes 18 fue la marcha más masiva y, simultáneamente, la represión más dura. De nuevo los gases lacrimógenos, los carros hidrantes y los balazos de goma a todo el cuerpo a manifestantes, periodistas, fotógrafos y a todo aquel que se cruce en el camino. Hubo personas que recibieron el impacto de más de diez balazos de goma y otras tantos que perdieron un ojo.
La imagen más cruda del accionar represivo quedó reflejada, de casualidad, con lo que le sucedió a Alejandro Pipi Rosado, el joven de 19 años tiroteado a quemarropa y luego arrollado con una moto por un policía. Las fuerzas de seguridad están desatadas y tienen impunidad. El Presidente y los funcionarios del Gobierno hablan de buscar los culpables de las disturbios, pero no han dicho ni una letra sobre el salvajismo policial. El terror como forma de hacer política.
LA PERSECUSIÓN JUDICIAL
Para completar la represión de las fuerzas de seguridad, como viene ocurriendo, tienen el apoyo de un sector del poder judicial. Entre las manifestaciones del jueves 14 y el lunes 18 hubo 82 detenidos. Los 22 detenidos del jueves tuvieron la desdicha de caer en el juzgado dirigido por el hoy todopoderoso Claudio Bonadío con detenciones que se prolongaron con el correr de los días, con pruebas plantadas y con órdenes de allanamientos sobre los domicilios de los detenidos.
Días después, Mauricio Macri envió un mensaje al poder judicial y a la sociedad cuestionando el rol de la justicia «Espero que la justicia ejerza su rol. No puede ser que alguien que hace un atentado o un intento de homicidio sea liberado a las 24 horas. Una piedra puede matar a una persona. El que tira una piedra está dispuesto a matar».
Fue más lejos aún el fiscal federal Germán Moldes. En un dictamen sobre los detenidos en la marcha con un texto con un gorilismo llevado al extremo, que no ahorra adjetivaciones y lejos del reparo críptico que suele tener el lenguaje jurídico. En el dictamen pide mayor rigurosidad con los detenidos, habla del “festival de liberaciones” que atribuye a “malos jueces enrolados en la dañina doctrina del garantismo”. Luego refiriéndose a los manifestantes como una “una turba de canallas y facinerosos”. Un canto a la democracia y la tolerancia.
Moldes no dejó allí la cosa. En declaraciones a Radio Mitre volvió a sentar una posición tan hilarante como peligrosa. Si no fuera uno de los fiscales federales más importantes sería las declaraciones de un reaccionario más de los que hoy abundan y que hoy se sienten con la libertad de expresar su pensamiento.
«Acá vemos la existencia de un elemento que no es nuevo, porque es de los años 70. Una especie de renacer de la guerrilla urbana, quizá deteriorada y degradada; y para frenar eso necesitamos nuevas leyes», afirmó.
«Entre aquella manifestación y los desastres de esta semana yo no encontré grandes diferencias, salvo que los delincuentes han progresado tanto en organización táctica, como en armamento y en pertrechos. No quiero llamarlos manifestantes ni revoltosos, como si fueran jóvenes idealistas. Son una milicia. Son criminales», los definió Moldes.
JUZGAR A LOS MANIFESTANTES POR EL DELITO DE SEDICIÓN
En la edición del día viernes 22 de diciembre de La Nación, en una de las notas centrales informa que el Gobierno impulsa aplicar el delito de sedición a los manifestantes detenidos e incluso anticipa que también trabajará en identificar “a los partidos políticos y las organizaciones que actuaron como instigadores, organizadores y financiadores”.
La figura de sedición es un delito federal grave, con penas de hasta seis años de prisión. Está tipificado en los artículos 22 de la Constitución y 229 y 230 del Código Penal. No sólo alcanza generar el riesgo a la integridad física, lo complementa con la amenaza de largos procesos judiciales con posibilidad de una larga temporada en prisión. Viendo como se han dado las detenciones y la acción de ciertos jueces todo es posible.
En la edición del domingo 24 de diciembre arremete nuevamente acusando de instigadores a intendentes opositores, Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Walter Festa (Moreno). También señala al “Barba” Gutierrez, titular de la UOM Quilmes, tergiversando información sobre el militante que fue captado tirando piedras y luego ayudando a un policía, que en realidad pertenece a la Seccional de UOM de La Matanza.
JUJUY, REPRESIÓN Y DETENCIONES EN EL INGENIO LA ESPERANZA
El ingenio La Esperanza está ubicado en San Pedro, Jujuy. Actualmente en proceso de privatización, pertenece al 
Estado provincial, han sido despedidos 400 trabajadores a los que se suman atrasos en los pagos de los salarios. En protesta los trabajadores decidieron cortar la ruta 34. La solución a una profunda problemática social el Gobernador Gerardo Morales primero decidió el desalojo de la ruta con una fuerte represión con más de 60 detenidos. Posterior a ello el poder judicial emitió un pedido de captura para la cúpula del sindicato que nuclea a los trabajadores del ingenio. Néstor Juárez y Néstor Orlando Bautista, secretario general y secretario adjunto del sindicato se entregaron horas después descabezando en un movimiento al gremio en un pleno conflicto y decisiones trascendentes para los trabajadores.
HERNÁN LETCHER, AGREDIDO EN SU CASA
El concejal por Unidad Ciudadana y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), del cual salen informes académicos críticos sobre el gobierno de Mauricio Macri, fue agredido esta semana en su propia casa. Un grupo de personas ingresó golpeándolo, robando pertenencias y maniatándolo a él y uno de sus hijos y dejando mensajes intimidatorios.
En una conferencia de prensa posterior advirtió, «estamos viviendo un momento bastante especial, ninguna de las hipótesis se puede descartar. Yo soy concejal y he denunciado lo que tiene que ver con la droga y la connivencia de los distintos poderes con el delito; los negociados con la tierra en San Martín. Y por otro lado dirijo un centro estadístico que se dedica a publicar datos de la realidad económica de nuestro país y un poco pensando en lo que se llevaron uno no puede descartar el móvil político«.
BIENVENIDOS AL 2018
El 2018 no comenzará el 1 de enero como puntualmente marca el calendario gregoriano. Comenzó el 23 de octubre pasado, día posterior a la victoria electoral de la Alianza Cambiemos en las elecciones legislativas con los anuncios de las reformas, con la profundización de las políticas y con una decisión de ir a fondo con un fuerte ajuste en las finanzas del Estado. El Gobierno se adelantó más de dos meses, la persecución, la represión y la violencia parecen ser las herramientas que va a utilizar para imponer sus políticas.
Si hay marchas, que en este contexto es posible pensar que la habrá en cantidad, palos, gases, balas y detenciones con penas cada vez más duras para aquellos que sean detenidos. Si un sindicato lleva adelante medidas de fuerza y se niega, por ejemplo a cambios en los convenios colectivos de trabajo, habrá amenazas de intervención y jueces que impulsen causas judiciales. Para los dirigentes opositores puede correr la misma suerte con amenazas de procesos judiciales y prisiones preventivas o la intimidación con agresiones de grupos anónimos y sin control.
En esta Argentina con una democracia cada vez más deteriorada, con un Estado de derecho cuestionado, la derecha buscará imponer con la mayor velocidad posible una nueva matriz económica. Una redistribución de la riqueza favorable a los sectores más concentrados de la economía, negocios fabulosos para el sector financiero, mejoras en la rentabilidad de los agroexportadores, ajuste en el Estado para destinar recursos crecientes al endeudamiento externo y financiar la baja de impuestos e impulsar la baja en el “costo laboral”. Aplicar todo eso, inevitablemente va a generar luchas sociales, intensificando los conflictos. El Gobierno lo sabe, por eso la persecución, por eso la violencia. Esta época de la Argentina se comienza a parecer cada vez más a la de otras épocas oscuras de nuestra historia. Bienvenidos al 2018.
