Corriente Federal de Trabajadores
Por LEONARDO MARTÍN
La acumulación de tarifazos de los servicios públicos comienzan a generar un problema político cada vez más grande al Gobierno nacional. Las críticas le llegan desde diferentes ángulos, algunos que ya vienen marcando el rechazo a estas políticas, pero también se han sumado en las últimas semanas algunos disparos de sus aliados. En medio de ello, manifestaciones callejeras masivas, ruidazos, convocatorias a apagar los artefactos eléctricos por una hora, una sesión especial en la Cámara de Diputados que se levantó por falta de quórum por apenas un diputado y una que se intenta llevar adelante el próximo miércoles.
El problema político es importante porque los tarifazos comienzan a sentirse muy fuerte en el bolsillo. Afecta a la economía doméstica de millones de hogares y repercute también en comercios, pymes y cooperativas en el que los costos ya no empiezan a cerrar. Imposible trasladar a precios la totalidad de los tarifazos cuando hay un mercado interno estancado y cuando, en el caso de las producción, enfrenta un crecimiento exponencial de las importaciones. En este camino muchos no tendrán otra opción que bajar las persianas y con ello despedir trabajadores o en el caso de lo pequeños comerciantes perder su fuente de ingresos.
De parte del Gobierno en ningún momento se planteó retroceder o aminorar la marcha de los tarifazos. Al menos hasta ahora. La única propuesta fue financiar el pago de las facturas en cuotas, pero dichoso usuario puede quedarse usted tranquilo que prometen que será con una tasa de interés baja. Serán tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que se harán efectivas en los tres bimestres de menor consumo.
El argumento de los funcionarios del Gobierno nacional es que no se puede seguir subsidiando a los servicios públicos. Esbozan que es necesario bajar el déficit fiscal, que “hay que pagar lo que vale cada servicio” mientras el ministro de Energía Juan José Aranguren mira su implacable Excel. Los aumentos aún seguirán, queda uno planificado para octubre de 2018 y dos para el 2019 para terminar con la senda distorsiva – en su visión- de los subsidios. Quizás la política se imponga al frío archivo de Excel y tenga que recalcular algunos aumentos programados. El malestar y la bronca social es creciente y en 2019 Mauricio Macri se jugará la reelección con una imagen que tras las turbulencias de diciembre pasado viene en caída.
Desde una mirada crítica señalan que mientras se subieron tarifas por encima del 1000%, en algunos casos largamente, se avanzó en la quita de retenciones a ciertos productos del agro, la rebaja progresiva de retenciones a la soja y también a la minería. Es decir, transferencia de recursos de un sector de la sociedad a otro. De una gran mayoría a una minoría privilegiada. Recursos que se evaporan del mercado interno, que deterioran la producción industrial y van acumular ganancias millonarias para el agro.
Mi recomendación es abrir una instancia de negociación entre la cámara de diputados y el poder ejecutivo, sobre la base de soluciones alternativas con toda la información requerida en nuestro proyecto y la interprelación de los representantes de la empresa y entes de control.
— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 18 de abril de 2018
Elisa Carrió es una férrea guardiana del Gobierno nacional, pero no come vidrio. Cuando la mano viene muy torcida se despega para intentar que la marea no la arrastre. Pasó cuando se intentó un cambio en la fórmula de los haberes jubilatorios en 2017, también cuando Macri estuvo a punto de firmar un decreto con la Reforma Previsional en los álgidos días de diciembre. Siempre con su cuenta de Twitter dispuesta para lanzar dardos a opositores, pero cada tanto también lanzando advertencias para sus aliados en el Poder Ejecutivo.
La UCR – el socio bastante menor de la alianza oficial- también disparó contra los fuertes aumentos con un documento que busca modificar los últimos tarifazos y moderarlos de cara al futuro.
Con un video grabado desde Vaca Muerta Mauricio Macri pidió a provincias y municipios eliminar los impuestos a los servicios públicos, y a los usuarios reducir el consumo. Ni una mención a la rentabilidad de las empresas que han tenido sustanciales mejoras en sus balances por un servicio que poco ha mejorado y con promesas de inversión que aún son deudas. Los masivos cortes de energía en el verano son una muestra.
«La energía no es gratis, tiene un costo. Los subsidios al gas y a la electricidad los pagamos todos con más inflación y deuda», afirmó el mandatario. «Para cubrir subsidios nos teníamos que endeudar. El otro camino era hacer un shock de ajuste, pero elegimos el gradualismo, y para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo en ese camino que empezamos«, sostuvo. Costos que cuida celosamente y en el cual personajes muy cercanos al Presidente tienen intereses directos ya que son propietarios de empresas de energía con una fuerte vocación de seguir ganando casilleros en el negocio.
El mensaje descargó sobre provincias y municipios la baja de impuestos en un contexto donde la gran mayoría tiene las cuentas al límite. Es decir, pide un esfuerzo que no están en condiciones de hacer sin generar un ajuste con el impacto social que conlleva.
A tono con el pedido presidencial la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal llamó a una conferencia de prensa donde anunció una rebaja impositiva para los servicios públicos. Según sus palabras, en promedio la reducción en la factura de luz será del 15,5%, del 6,3% en la tarifa del gas y el 6,2% en la boleta del agua. La reducción impositiva sería del orden de los 3000 millones de pesos. Habrá que ver si es finalmente como se anunció.
A diferencia del resto de las provincias, María Eugenia Vidal puede tomar una medida de esas características porque tras lo que fue la sanción de la Reforma Previsional y la firma del Pacto Fiscal recuperó 40 mil millones de pesos para este año y recursos frescos para los siguientes. Una inyección de dinero como parte de la compensación por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano que llevaba más de quince años con un monto paralizado. La Gobernación cuenta con un presupuesto que ha mejorado, no para la negociación con los docentes, pero sí para salvaguardar la rentabilidad de las empresas que brindan servicios públicos.
EL CAMINO PARLAMENTARIO
La semana pasada hubo un intento de diputados de la oposición de convocar a una Sesión Especial en la Cámara de Diputados para tratar el tema de los tarifazos. Fracasó por no haber alcanzado el quórum necesario que es de 129 diputados, en una jornada donde el tristemente pintoresco salteño Alfredo Olmedo se levantó a tiempo para evitar que se sesione.
La banca del Frente para la Victoria presentó un proyecto para retrotraer las tarifas a mayo de 2017 congelándolas hasta diciembre de 2019. Las bancas del PJ y Frente Renovador plantean que los aumentos sigan el ritmo de la inflación buscando lograr esta semana bajar la discusión al recinto.
La disputa está abierta con un Gobierno que no piensa retroceder en los aumentos, una oposición que buscará maniobrar en el Congreso. Mientras tanto, siguen llegando a las casas, a los comercios, pymes y cooperativas facturas cada vez más difíciles de afrontar en un camino cada vez más cuesta arriba.
Entre tanta discusión sobre tarifazos, sobre los montos y formas de pago hay una discusión de fondo que hoy planteada por sectores minoritarios, pero necesaria de dar. La necesidad y el valor estratégico de que los servicios públicos estén manejados por el Estado, no sólo para garantizar el acceso a la población a un derecho esencial como son la electricidad, el gas y el agua. También para que su manejo esté inserto en un debate como parte un plan integral para que propicie el desarrollo económico, el crecimiento de la producción y el bienestar general. Los servicios públicos no pueden estar sujetos a la rentabilidad de empresas transnacionales que solo buscan maximizar ganancias que terminan fugando al exterior mientras brindan un servicio caro y, encima, de mala calidad. Ante este panorama urge instalar cada vez con mayor fuerza la necesidad de que los servicios públicos vuelvan a ser del Estado y pensados para un verdadero y genuino desarrollo nacional.
COMUNICADO DE LA CORRIENTE ADHIRIENDO A LA MARCHA CONTRA LOS TARIFAZOS
