Corriente Federal de Trabajadores
Uno de los fracasos más rotundos de los muchos de la política económica del Gobierno es el de bajar la inflación. Macri, en plena campaña electoral en 2015, afirmaba que bajar la «inflación era simple» y que quería ser juzgado por esa tarea. El dato que el INDEC difundió hoy es demoledor, una vez más, con esos dichos presidenciales. La inflación de junio fue del 3,7%, la más alta en dos años acumulando en el primer semestre del 2018 un 16%. La inflación anualizada (junio 2017 al 2018) es del 29,5%.
Un dato para agregar una preocupación mayor es que sólo en junio el precio de los alimentos escaló un 5,2%. Otros rubros que impulsaron la inflación fueron transporte (+5,9%) y salud (+4,3%). Los alimentos en el año arrastran un incremento del 17,3%, por encima del 15% de pauta salarial por la cual el Gobierno presionó fuertemente para cerrar paritarias.
El equipo económico de la alianza Cambiemos nunca pudo controlar la inflación que se aceleró a partir la fuerte devaluación del peso entre mayo y y junio («turbulencias» en palabras del Gobierno). Que sea alta en alimentos y en transporte traza un panorama complejo impulsando los índices de pobreza y marginalidad analizándolo desde el punto de vista estadístico. Dicho de manera menos técnica con hambre en los barrios y con una alimentación que suele perder en calidad nutritiva un factor clave en el crecimiento y desarrollo de los niños y una vida más saludable.
Otro aspecto es el salarial. Apenas transcurridos seis meses del año, la pauta salarial del Gobierno ya quedó por debajo de la inflación aún con seis meses por delante donde continuará el traslado a precios de la reciente devaluación. Economistas de diferentes vertientes de pensamiento plantean que llegaría al 30% e incluso algún punto por encima. Esto suponiendo que no habrá otra devaluación, algo que no se puede garantizar con la deriva económica que transita este Gobierno.
Las cláusulas de revisión mayormente comenzarán a negociarse desde septiembre por lo cual la recomposición salarial es inevitable. Incluso el 25% de aumento que el Gobierno busca imponer como nueva pauta queda por debajo de la inflación final para este 2018.
Aún más problemática es la situación para los empleados que dependen del Estado nacional así como de las provincias y municipios. El ajuste fiscal comprometido con el FMI para el presupuesto 2019 contempla un disminución de gastos de 300 mil millones de pesos en donde la negociación será sobre como se repartirá el ajuste entre Nación y Provincias.
En el caso del Gobierno nacional el propio FMI reclama que no suban los salarios de los empleados estatales más de un 8% entre en el período junio 2018 a mayo 2019 por lo cual la situación de ese sector de los trabajadores la pérdida de poder adquisitivo se presume considerable si es que se cumplen esas pautas.
A ello hay que sumar que si las provincias ven disminuidos sus ingresos por transferencias del Estado nacional, se habla a priori de recortar en 150 mil millones de pesos, la situación en un muchos distritos va a ser preocupante al momento de recomponer salarios deteriorados por los altos niveles de inflación.
En la crisis que se agudizó en los últimos dos meses, el Gobierno avanza en una de su políticas medulares desde que asumió: bajar salarios en pos de una supuesta falta de competitividad con el argumento de que luego van a llegar las inversiones hasta ahora esquivas a partir de una situación más favorable y con ello la creación de empleo. Relato macrista que la realidad insiste en dejar en off side día a día.
LEONARDO MARTÍN
