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PRESUPUESTO 2019 / Porqué es un delito contra la sociedad

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Por GABRIEL FERNÁNDEZ

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto oficial de Presupuesto 2019. 138 legisladores votaron afirmativamente, 103 en contra, mientras se registraron 8 abstenciones. La iniciativa articula la profundización del programa económico oligárquico en dirección recesiva. Es bueno aclarar: ratifica lo actuado desde el Estado nacional y avala el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual facilitará demandas futuras de ese organismo.

El Presupuesto está articulado sobre un precepto general erróneo pero intencionado: es preciso ahorrar para crecer. A partir de allí se diseña todo un esquema perjudicial para la economía en general y el pueblo en especial. En realidad, el Estado dispone de la recaudación tributaria nacional y tiene la obligación, además del derecho, de usarlo en inversión pública. Todo lo contrario al criterio del “ahorro”.

Los ajustes, la decisión de promover el “déficit cero”, la ausencia de emisión monetaria, son delitos económicos en contra de la sociedad. Presentados virtuosamente como austeridad, no son más que traslación de recursos en beneficio del sistema financiero, las corporaciones privadas de servicios y las empresas ligadas a los miembros del gobierno macrista.

El proyecto que recibió media sanción en Diputados prevé un retroceso de 2,4 por ciento en el PBI de este año y de 0,5 en 2019. Proyecta un dólar a 40,10 pesos y una inflación de 23 por ciento. Para alcanzar el “déficit cero” habrá ajustes en distintas áreas, excepto en el pago de intereses de deuda, que se incrementan cerca del 50 por ciento. Se trata de un planteo acelerado sobre un perfil conocido que ya desestructuró la vida nacional en ciclos liberales anteriores.

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Entre los datos centrales, vale indicar que la reducción del “gasto” será del 6 por ciento en servicios sociales; del 23 por ciento en educación y cultura; del 48 por ciento en vivienda y urbanismo; del 20 por ciento en promoción y asistencia social; del 8 por ciento en salud; del 17 por ciento en ciencia y técnica; y del 20 por ciento en agua potable y alcantarillado. Así, se anticipa un escenario recesivo con una caída de 0,5 por ciento en la actividad económica en 2019 y una baja del 2,4 por ciento para este año.

Este panorama se enlaza con una inflación del 23 por ciento al final del período 2019 y un promedio de incremento de precios del 34,8 por ciento. En 2018, se calcula un 32,7 por ciento. Con dibujo cuasi “optimista” la catástrofe derivará, según la normativa, en una caída del 1,6 por ciento en el consumo privado y una baja del 9,7 por ciento en la inversión.

La deuda pública a fin de año representará el 87 por ciento del PBI, con un stock de 315.698 millones de dólares. Las necesidades de financiamiento para 2019 llegarán a 38.900 millones de dólares: 2.500 millones nueva deuda, 20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4.600 millones de organismos internacionales. Cabe comentar: un sinsentido para un país cuya economía, hasta el 2015, se venía desplegando con intensidad, sin necesidad de contraer adeudo.

SUCESOS. Pese a la lluvia y al dispositivo represivo, miles de personas se movilizaron el miércoles 24  en los alrededores del Congreso Nacional. Muchos acamparon desde entrada la tarde noche del martes a modo de vigilia contra la posible media sanción que la Cámara de Diputados finalmente otorgó al proyecto oficial.

Para ocultar los argumentos contrarios al programa económico liberal y los cuestionamientos a una normativa inspirada en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno realizó una acción comunicacional enlazada con el operativo de seguridad. El debate arrancó con el diputado Luciano Laspina (PRO), quien fue transmitido por todos los medios.

En el instante en el cual tomó la palabra el diputado Axel Kicillof (UC), comenzaron los incidentes. La lúcida intervención del ex ministro, que desmontó todas y cada una de las mentiras planteadas por su predecesor, fue ignorada por las pantallas y los diales para enfocarse sobre el litigio en la Plaza del Congreso.

Las fuerzas de Seguridad inspiradas por la ministro Patricia Bullrich fueron mucho más allá de reducir un puñado de manifestantes: iniciaron una cacería. El equipo de periodistas de Radio Gráfica pudo corroborar las detenciones, agresiones y disparos contra columnas pacíficas, a varias cuadras del lugar de concentración original.

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Al conocerse la provocación violenta organizada por el oficialismo, los diputados opositores reaccionaron. Algunos salieron a las calles para evitar la represión, y fueron golpeados por los uniformados. Otros, exigieron un cuarto intermedio, responsabilizaron al gobierno porteño y al nacional por lo que ocurría y pidieron la presencia de Bullrich.

Pero la operación mediática siguió: con un libreto preciso, los legisladores oficialistas plantearon a viva voz que los opositores no querían debatir, no deseaban escuchar lo que ellos tenían para decir y que carecían de rasgos democráticos. Toda la batería de prejuicios antipopulares quedaron evidenciados y, nuevamente, difundidos hasta el hartazgo.

Sin embargo, en inteligente respuesta, los diputados Agustín Rossi, Mónica Macha, Felipe Solá, Nicolás del Caño, Leopoldo Moreau entre otros, responsabilizaron directamente al gobierno nacional de lo acontecido, señalaron que la movilización se realizaba en contra del plan de ajuste y miseria, y que la represión estaba preparada de antemano.

INTERROGANTES. La ratificación del camino oficial indica que el Estado argentino renuncia a la herramienta de la emisión, y que resignará toda inversión productiva que favorezca el circuito económico nacional. Es decir, una profundización de la política antiindustrial observada hasta el presente. La admisión del Presupuesto facilitará al FMI las exigencias de cumplimiento de un acuerdo antiproductivo.

Lo que está ocurriendo debería ser analizado a fondo por las fuerzas que impulsan la industria y el trabajo en estas latitudes. Se reitera una historia conocida: tras un período de alto crecimiento, las fuerzas rentísticas logran reagruparse y disponer de la energía necesaria para desarticular todo desarrollo, impedir la realización de cualquier elemento de producción y consumo, y promover la la oscuridad sobre el conjunto.

Es ostensible que además de la denuncia justa y pertinente contra los activistas de la muerte económica, es preciso ahondar en las dificultades propias para instalar rumbos duraderos. Una potencia industrial de desarrollo medio como la Argentina, con un indicador elevado de know how que la destaca en un mundo altamente tecnologizado, se retrae y se reprimariza. Mientras la hegemonía del capital financiero baja en el orden planetario, aquí se reposiciona.

Las preguntas, están a la orden del día.

 

  • Director La Señal Medios / Sindical Federal / Area Periodística Radio Gráfica

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