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CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA / El Gobierno quiere endurecer la pena contra los cortes de calle

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El Gobierno nacional enviará este mes el proyecto para reformar el Código Penal introduciendo en los últimos días modificaciones para limitar el corte de calles y el ingreso de inmigrantes. Frente a una conflictividad social creciente la respuesta es un mayor grado de punitivismo sobre la protesta e introducir restricciones sobre la inmigración extranjera. Es decir, palos y código penal para las protestas y chauvinismo para alimentar una agenda cada vez más reaccionaria en sectores de la sociedad receptivos a ese tipo de discursos revitalizados con experiencia de Bolsonaro en Brasil. 

A esta altura ya no hay dudas que el gobierno de Macri, valga la redundancia, gobierna para los sectores más ricos de la sociedad y para el sector más concentrado de la economía. Esto, lógicamente, termina empobreciendo a las grandes mayorías generando una conflictividad social más alta frente a un pueblo que tiene prácticas, organizaciones y un saber acumulado para enfrentar esta situación.

En casi tres años de mandato de Macri, todos los índices sociales empeoraron, más desocupados, más pobres y un poder adquisitivo que se evapora frente a la inflación más alta de los últimos 26 años. En ese contexto, crece la conflictividad social con cortes de calles, rutas y protestas como respuesta para evitar caer en la miseria. Efectos adversos del plan económico aplicado.

El debate sobre una actualización del Código Penal viene desde hace ya varios años. El actual Gobierno presentará en el Congreso un proyecto en donde busca acentuar las penas por los cortes de calle. El diario Clarín cita en una nota publicada el 5 de noviembre las palabras de un “alto funcionario” defendiendo la iniciativa. “Es un Código Penal que defiende valores que venimos planteando, el valor de la convivencia en la calle que ha tenido muy pocas sanciones. Eso tiene que empezar a cambiar“.

La nota luego continúa explicando los cambios, “El proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por ´detener o entorpecer´ la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado. A su vez el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida ´el ejercicio de derechos personalísimos´ y la urgencia del reclamo, entre otros puntos“.

En un contexto donde la economía caerá este año según el propio FMI 2,6%  y el presupuesto elaborado por el propio Gobierno estima un retroceso del 0,5% para el 2019 la situación social lejos estará de mejorar. Con el salario desmorándose, con más desempleo, con jubilaciones, AUH y salarios sociales complementarios depreciados, la situación inevitablemente va a empeorar.

En la discusión del Código Penal el Gobierno busca herramientas para afrontar esa situación con la criminalización de la protesta. Como suele ocurrir, los gobiernos antipopulares corren el eje de la agenda pública. Evitar la discusión de las políticas que genera la conflictividad social y acentuar el control político con el Código Penal. Una vieja estrategia que para los gobiernos antipopulares nunca pasa de moda.

LEONARDO MARTÍN

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