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MOVILIZACIÓN / Antorchas y velas contra los tarifazos

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“La Marcha de las Antorchas y las Velas” será la movilización que dará el puntapié inicial callejero a gran escala en este 2019. Convocada por gremios y organizaciones sociales concentrará sobre la Avenida 9 de Julio a las 18:30 hs. para marchar hasta las puertas del Congreso para repudiar los recientes anuncios de nuevos tarifazos. La Corriente Federal de Trabajadores concentrará en Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Por LEONARDO MARTÍN

A pocos días de culminar un 2018 -el peor año para el sector trabajador desde la crisis 2001/2002-  el ex secretario de energía Javier Iguacel anunció nuevos aumentos para la luz, el gas y el transporte un día antes de su renuncia. Con ello aportó mayor presión sobre facturas de luz y gas impagables para muchos hogares, pymes y cooperativas.

“No hay ningún trabajador que pueda afrontar con su salario una suba de tarifas como la anunciada ni pequeña o mediana empresa que pueda sobrevivir a tamaña destrucción del consumo y del mercado interno. Decisiones económicas como estas son propias de una tiranía que desprecia la vida de su pueblo y lo sumerge en la indigencia” indicó la Corriente Federal de Trabajadores en un comunicado difundido días atrás.

La marcha fue anunciada el 3 de enero pasado en una conferencia de prensa por dirigentes del Frente Sindical y de CTA. Allí se anunció la movilización en Buenos Aires para este jueves, continuando con otras manifestaciones en diferentes puntos del país en las semanas siguientes.

Simultáneamente con la movilización en Buenos Aires, se producirá una con el mismo reclamo en Chaco. El fixture continúa el 17 de enero en Rosario y Santa Fe, el 24 en Mar del Plata y el 31 del mismo mes en Bariloche. Por su lado, en Mendoza y Córdoba continuará el reclamo el próximo 7 de febrero.

En esa conferencia de prensa se anunció que se avanzará con un plan de acción que no sólo incluye a la movilización callejera, también se realizarán denuncias judiciales por haber incumplido con la obligatoriedad de llamar a audiencias públicas previo a los aumentos y habrá denuncias penales contra los funcionarios que convalidaron los incrementos.

En esa línea, los intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires anunciaron que realizarán una demanda conjunta para retrotraer los tarifazos y desde la Cámara de Diputados la bancada del Frente para la Victoria-PJ adelantaron que se presentará un proyecto para frenar los tarifazos. Algo similar ocurrió en 2018 con una ley que Mauricio Macri vetó apenas horas después de sancionada.

Un reciente informe de la Universidad de Avellaneda (UNDAV) puso en números una realidad que se vive cotidianamente. Desde que asumió Macri en diciembre de 2015 las tarifas de luz se incrementaron un 3.264%, las de gas 2.303% y las de agua un 1025%, peajes 1118%, tren 601% y colectivos 494%. Todos ampliamente por encima de los recomposiciones salariales en los tres años del desgobierno de Cambiemos.

El informe también indica que hoy las tarifas tienen un peso mucho mayor en la composición de gastos en el Salario Mínimo Vital y Móvil así como en el salario promedio. En el 2015, en un contexto de una política de subsidios que permitía volcar recursos en el mercado interno y tener tarifas más competitivas para las pymes significaba un gasto promedio del 6% de los ingresos pasando a 23,5% en 2018 y estimando que con los recientes aumentos crecerá al 26% de la Salario Mínimo Vital y Móvil en los próximos meses.

La política energética ha beneficiado largamente a las empresas del sector, conflictos de intereses mediantes y con acusaciones veladas sobre la participación de amigos del presidente en el próspero negocio. Uno de las decisiones con consecuencias con más impacto negativo ha sido la dolarización de las tarifas por el ex Ministro de Energía y ávido operador del Excel y de los intereses de su ex empleador la Shell, Juan José Aranguren. Una decisión que no toma en cuenta que gran parte de los costos son en pesos con un beneficio tan extraordinario para las empresas como negativo en el manejo de recursos estratégicos necesarios para el desarrollo económico del país.

Desde el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) en un documento publicado en mayo pasado denunciaron que el precio del gas que el Gobierno garantizó como base a las empresas era “injustificado” frente a los costos de producción.

El gobierno argumenta que eso es necesario para asegurar un estímulo a los inversores y a la producción. Lo que está diciendo es que los usuarios financien a las empresas petroleras para que produzcan más petróleo, y sobretodo más gas. Es lo que está ocurriendo: con estas tarifas estamos subsidiando a las empresas petroleras por miles de millones de dólares al año, sin que exista en contrapartida una obligación de invertir y aumentar la producción” advertían en el informe.

El último eslabón de la cadena energética corresponde a empresas responsables de la distribución como Edesur y Edenor, entre tantas que existen en el país. Los trabajadores de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) vienen denunciando que pese a los abultados incrementos en la factura las empresas no están invirtiendo en un servicio con evidentes falencias.

Carlos Minucci, secretario general de APSEE, comentaba semanas atrás a Sindical Federal, “No están invirtiendo, están tercerizando con personal no capacitado, falta material, equipamiento y personal”.

La situación es complicada porque están vaciando a las empresas. Todo lo que se hace es para achicar las empresas, en material, en edificios, en personal. No sabemos dónde está yendo la plata porque es mucha la que ingresa pero no se pone ni en inversión ni en salarios”. A propósito, APSEE, realizará un paro de actividades el próximo 16 de enero ante la falta de respuesta a la recomposición salarial reclamada por el gremio.

Las pymes y cooperativas vienen sufriendo con los tarifazos afrontando una tormenta perfecta. Simultáneamente a los tarifazos han visto como se deterioró el mercado interno por la pérdida de ingresos, han enfrentado la avalancha de importaciones y costos financieros prohibitivos.

Juan Ciolli, dirigente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), comentó en este medio, “esta locura de tarifas superando el 1500% le resta a la gente capacidad de consumo. Muchas personas tiene que pensar en comer y pagar tarifas y ya no le queda margen para consumir ningún otro producto”.

Las cooperativas también han sufrido con los tarifazos. Gremios como el gráfico y el curtidor cuentan con numerosas cooperativas en su sector formado a fuerza de crisis en empresas que terminaron manejadas por sus trabajadores ante la quiebra y huida empresarial.  Meses atrás tomaron pacíficamente el Ministerio de Energía buscando respuestas para la supervivencia del sector.

La demanda fue “la reposición de la electricidad en los establecimientos donde fue cortada, el levantamiento de intimaciones de pago con amenaza de interrupción del suministro de energía; la aplicación de una tarifa diferencial de 50% para empresas recuperadas y cooperativas y el congelamiento de la deuda acumulada por la sumatoria de facturas impagables para las empresas cooperativas”.

La situación es muy clara, los tarifazos son impagables y ponen en jaque las economías domésticas así como a pymes y comercios por la enorme transferencia de recursos hacia las empresas energéticas. Recursos que las empresas toman y que remiten hacia un paraíso fiscal sin mejorar el servicio ni contribuir al desarrollo económico nacional.

Como se describe, la situación es realmente compleja tornado a dramática. El desafío es como revertir esta situación con una respuesta que inevitablemente está en la decisión política de enfrentar esos cambios. En un año donde se definen plataformas electorales bien podría ser parte de la construcción de esa agenda para el gobierno que pueda vencer a Cambiemos en las elecciones de octubre próximo.

El programa de 27 puntos de la Corriente Federal de Trabajadores  plantea una posición clara al respecto:

Reapropiación y control estatal de los recursos estratégicos y de los servicios públicos como ser petróleo, gas y otros derivados, otros minerales de valor estratégico, en el caso de los primeros, distribución de gas, energía eléctrica y agua, caso de los segundos que son esenciales y declarados como Derechos Humanos, garantizando inversión y tarifa socialmente justa”.

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