Corriente Federal de Trabajadores
La alianza Cambiemos ha puesto la economía nacional al servicio de la valorización financiera donde los grandes ganadores son los bancos y los fondo de inversión especulativos. Los investigadores Pablo Chena y Demián Panigo advierten que la política energética impulsada por el Gobierno también se monta sobre la valorización financiera. «El notable aumento de tarifas no han impulsado la inversión en maquinaria y equipo para mejorar la prestación del servicio, sino que han alimentado una expansión sin precedentes en la distribución de dividendos y las colocaciones financieras y comerciales de corto plazo» concluyen. (FUENTE: Suplemento Cash Página 12 (17-03-2019)
Por DEMIÁN PANIGO* y PABLO CHENA**
La financierización, entendida como el poder de las instituciones financieras (bancos, fondos de inversión y organismos multilaterales de crédito) para imponer al sector productivo una exigencia de rentabilidad extraordinaria –en dólares y de corto plazo–, tiene efectos virtuosos para los accionistas pero impactos perjudiciales para la inversión real, la estabilidad macroeconómica, la competitividad internacional y el crecimiento de largo plazo.
Para el caso específico de la economía argentina post 2015, este proceso se caracterizó por una combinación de altas tasas de interés, desregulación financiera y modificaciones normativas en el sector energético que dio como resultado la creación de un mercado de capitales ampliado, en donde el usuario de los servicios públicos fondea, de manera involuntaria, la transformación de una actividad productiva en un nuevo ápice financiero. Los mayores beneficios obtenidos por el notable aumento de tarifas no han impulsado la inversión en maquinaria y equipo para mejorar la prestación del servicio, sino que han alimentado una expansión sin precedentes en la distribución de dividendos y las colocaciones financieras y comerciales de corto plazo.
POLÍTICA PRO
El actual gobierno asume con una concepción dogmática en materia de política económica: es necesario acelerar la financierización para solucionar el déficit fiscal y la inflación. A diferencia de lo ocurrido en otros países donde el puente de la misma hacia la economía real fue el mercado inmobiliario, en Argentina la nueva administración eligió al sector energético para este objetivo.
Recurrir a la financierización no es una estrategia novedosa. A mediados de los ‘70 fue la propuesta del capital transnacional para contrarrestar la caída en la tasa de ganancia de las actividades industriales. Argentina ha tenido una conexión pendular con esta tendencia de carácter global. Desde 2016, las políticas monetarias y cambiarias adoptadas, aceleraron el proceso de financierización, especialmente en aquellos sectores que resultaban claves para el nuevo esquema macroeconómico. Entre estos, se destaca el caso del complejo energético debido a su importancia macro (magnitud de los subsidios, efectos sobre la competitividad y la dinámica inflacionaria) y su relevancia micro (clientes cautivos, eslabones monopólicos, baja elasticidad precio de la demanda y elevados flujos libres de caja).
La política energética implementada dio lugar a un notable incremento tarifario (promedio de 3200 por ciento, según IESO, desde diciembre de 2015) que se reflejó en ganancias anormalmente elevadas para los accionistas (por ejemplo las acciones de Edenor aumentaron 523 por ciento, Central Puerto 504 y Pampa Energía 600, desde septiembre de 2015 a la fecha) pero a costa de una deficiente calidad en la prestación del servicio. Los cortes de suministro se mantienen elevados, con una tendencia creciente para los últimos dos años (aumento del 39 por ciento desde diciembre de 2016 a diciembre de 2018), y los mismos ya no se concentra exclusivamente en los meses con picos de demanda, sino que se distribuyen cuasi-proporcionalmente durante todo el año.
HOLDINGS
Para explicar esta dinámica es necesario remarcar que la provisión de electricidad en la zona más poblada de nuestro país depende principalmente de las decisiones de dos grandes holdings energéticos–financieros: Pampa Energía y Enel SPA. La característica principal en ambos casos es la creciente participación de hedge funds en el gobierno corporativo. Por ejemplo, en el caso de Pampa Energía se destaca la participación de PointState Capital LP, Delta Asset Managment SA, Santander Rio Asset Managment, HSBC Administradora de Inversiones, entre otras entidades financieras. Algo similar encontramos en ENEL SPA, con participaciones destacadas de BlackRock Institutional Trust Company, Norges Bank Investment Managment, JP Morgan Asset Managment, Capital Research Global Investor, entre otros (fuente: Reuters, shareholder reports).
Con la ayuda de las políticas públicas, estos dos grandes grupos exigen una elevada rentabilidad en dólares al sector (para multiplicarla con la especulación financiera) bajo un esquema articulado para: a) establecer las condiciones en la generación de energía a través de empresas como Central Puerto y Central Costanera; b) influir sobre su transporte a través de firmas como Citelec y Transener; y c) controlar la distribución de la misma como consecuencia de sus participaciones accionarias en Edenor y Edesur.
La estrategia diseñada para derivar hacia el negocio financiero los aumentos tarifarios se observa en cuatro indicadores claves: 1. caída en la tasa de reinversión en activos fijos; 2. incremento en la distribución de dividendos; 3. aumento de las colocaciones financieras a corto plazo; y 4. endeudamiento creciente.
En el eslabón de la distribución eléctrica, el análisis de los balances corporativos muestra una caída de la inversión promedio trimestral en activos fijos, entre 2015 y 2018, tanto medida en dólares (-45 por ciento Edesur y -6 por ciento Edenor); como en términos de los ingresos totales –incluidos los subsidios– (-68 por ciento Edesur y -49 por ciento Edenor) o en relación a las ganancias brutas de explotación (-67 por ciento Edesur y -8 por ciento Edenor).
Como contracara se destaca un aumento de las colocaciones en activos de corto plazo (financieras y comerciales) del 14 por ciento en Edesur y el 51 por ciento en Edenor (medido como el ratio de activo corriente sobre activo total) y un incremento del apalancamiento financiero (deuda/capital propio) del 64 por ciento en Edesur y el 106 por ciento en Edenor (elaboración propia en base a Reuters).
En la etapa de generación el margen bruto de explotación aumentó entre 2015 y 2018 un 107 y un 44 por ciento en dólares para Central Costanera y Central Puerto, respectivamente (promedio trimestral). En Central Puerto, esto se reflejó en un aumento en la distribución de dividendos del 482 por ciento (promedio trimestral 2013–2015 vs. 2016–2018). Por su parte, Central Costanera aplicó dichas ganancias a incrementar sus colocaciones financieras a corto plazo (que medidas en dólares crecieron 744 por ciento entre 2015 y 2018, promedio trimestral) en desmedro de la inversión en activos fijos que, medida en dólares, cayó un 64 por ciento (elaboración propia en base a Reuters).
INVIABILIDAD
A nivel sectorial, los indicadores previamente examinados dan cuenta de una estrategia exitosa para generar ganancias extraordinarias y atraer inversiones financieras, pero que fracasa en el desarrollo de la infraestructura energética. Desde el punto de vista macreoeconómico, el esquema de financierización adoptado se mostró ineficaz para incrementar la tasa de inversión, disminuir la inflación y el déficit fiscal (objetivos originariamente enunciados por la actual administración).
En definitiva, la transformación de un servicio público en una fuente de recursos para la financierización de la economía no sólo pone en juego la propia viabilidad del sector examinado sino que también genera crecientes tensiones sociales y productivas. Este escenario impone la necesidad de revisar los esquemas de gobierno y propiedad corporativa para recuperar la razonabilidad de la relación entre tarifas, capacidad contributiva, desarrollo industrial y dinámica de la inversión
* Investigador del Conicet, cocoordinador del libro El imperio de las finanzas. Deuda y desigualdad, Miño y Dávila Editores, 2019.
** Investigador de la Undav, la UNLP y el Conicet. Coordinador de los equipos técnicos de la Corriente Federal de Trabajadores.
