I-       INTRODUCCIÓN

 

 El actual es el modelo de la oligarquía agro exportadora donde prima la lógica financiera portuaria y centralista

El proceso iniciado el 10 de diciembre de 2015 representa el regreso a un modelo de exclusión social y económica de amplios sectores de la sociedad, que ha caracterizado largos periodos de la historia de nuestro país, en particular al último cuarto del siglo pasado, que se caracterizó por concebir la actividad económica como resultado de la conjunción del tradicional modelo agroexportador y la actividad especulativa financiera. Se trata de un modelo que concibe su sentido histórico en la acumulación económica, basada en la suma de recursos monetarios de los que dispone de acuerdo a sus propias necesidades e intereses. El poder financiero, del que la oligarquía forma parte, es su columna vertebral. Al fraude patriótico, al voto calificado y a los golpes de Estado cívico-militares, hoy se suma un fantástico fraude electoral, basado en promesas, no solo incumplidas, sino transformadas en mentiras electorales, cada vez más alejadas de la realidad que vive un amplio conjunto de la sociedad. Se suma también, de forma brutal y descarnada, la pérdida de fuentes de trabajo y de poder adquisitivo del salario, como parte de un panorama más que sombrío en el ámbito de los derechos sociales, educativos, de la salud, previsionales y laborales que durante 12 años permitieron una lenta recuperación de un modelo de inclusión que hoy se encuentra en retroceso.

De un país desendeudado y con la posibilidad de recuperar la soberanía en materia económica, en un mundo más encerrado en las fronteras nacionales, cerrado a la idea de la globalización y con un comercio internacional cada vez más dificultoso, este gobierno abre fronteras al comercio provocando la destrucción de la incipiente actividad productiva nacional de pequeñas y medianas industrias y con ello miles de puestos de trabajo formales e informales. Con este panoramala clase trabajadora, para continuar con la defensa de sus derechos, empieza a ser protagonista de una puja en la que cambia la relación de fuerzas, al ser este Gobierno, el aliado natural de los sectores de poder que inspiran este modelo: los grandes grupos económicos, que carecen de patria y bandera.

A esta pérdida de derechos sociales y económicos, se incorpora la amenaza permanente de la reinterpretación de la historia reciente acerca los fundamentos y las víctimas de la dictadura cívico-militar responsable de la desaparición de 30.000 compatriotas que lucharon por los mismos motivos que hoy luchan trabajadores, pequeños empresarios y marginados de este modelo.

Sirva este enfoque para centrar la atención en uno de los pilares del modelo neoliberal y neo conservador que hoy dirige los destinos del país: el sector agropecuario y sus relaciones laborales.

El trabajador está atrapado en condiciones laborales informales, precarias e indignas

Desde los orígenes de nuestra nación a la fecha el sector agrario ha sido la base de acumulación económica de los sectores dominantes. Sin embargo, las relaciones laborales han mantenido una constante que se ha adecuado a las circunstancias políticas de cada época y de la que haremos una breve pincelada, para situarnos en la actualidad: su informalidad y escasa significación en el modelo de acumulación económica.

Este rol estratégico en el modelo de desarrollo se ha instalado y ha sido impulsado desde antes del 1880, en que se consolidó el modelo institucional que dio origen a Nuestra Nación, a partir de la actividad ganadera, como resultado del fracaso en la búsqueda de oro y plata en el Virreinato del Rio de la Plata. Desde sus orígenes, la actividad agropecuaria, particularmente, la ganadera fue fuente de recursos a los que Belgrano prestó mucha atención en sus escritos y Juan Manuel de Rosas asignó valor económico, en particular puso atención en quienes realizan las labores.  En sus “Instrucciones a Mayordomos de Estancias y para los Encargados de Chacras” lo deja establecido, aunque solo parcialmente, fue consistente con el momento histórico.

Juan Domingo Perón, el 17 de noviembre de 1944 expresaba que “Como Secretario de Trabajo y Previsión tengo algunas cosas interesantes que decir: la primera, el asunto referente al Estatuto del Peón. Considero al mismo una de las cuestiones sociales más fundamentales realizadas por la Secretaría d Trabajo y Previsión. Nos habíamos dedicado extraoficialmente a lo que era el problema del campo.

La Secretaría de Trabajo ha estudiado este Estatuto durante seis meses y ha hecho un estudio minucioso de la situación, realizando encuestas, viajes, reconocimientos, etcétera, con cada uno de los lugares para los cuales de fijaban condiciones de salario y trabajo. De manera que no se trata de una improvisación. Tampoco considero que hemos agotado en seis meses su estudio, porque ésta es una cuestión complicada y cuyo estudio solamente se podrá agotar en muchos años. Pero estas medidas no pueden estar esperando largos años para ser estudiadas, otros más para ser practicadas y llegar, tras nueva espera de dos años aún, a una ejecución perfecta. Es necesario introducir en el ambiente, diremos así, el hecho revolucionario y después, durante la marcha, emparejar la carga, como decimos en montañas.

Este estatuto tiende a solucionar posiblemente uno de los problemas más fundamentales de la política social argentina. La situación del peón en el país es de extraordinario desmedro para los hombres que trabajan en el campo. La Constitución del 53 abolió la esclavitud, pero lo hizo teóricamente porque no es menor la esclavitud de un hombre que en el año 44 trabajaba para ganar 12, 15 ó 30 pesos por mes. Y esa es la situación del peón. Se encuentra en una situación peor que la del esclavo, porque a éste el amo tenía la obligación de guardarlo cuando viejo, hasta que se muriera; en cambio al peón, cuando está viejo e inservible le da un chirlo como al mancarrón para que se muera en el campo o en el camino. Es una cuestión que ningún hombre que tenga sentimientos puede aceptar. Yo sé que el Estatuto del Peón ha sido, es y será resistido, pero sé también que ha sido, es y será indispensable establecerlo. No tomaremos medidas violentas para hacerlo ejecutar, pero queremos que entre esto en el ambiente de una vez y que, paulatinamente, vaya ejecutándoselo en la mejor forma posible, para que en nuestro país no exista en adelante, la vergüenza actual de que casi medio millón de hombres esté ganando menos de 45 pesos por mes, mal cobijados, mal vestidos y mal comidos.”

El conflicto surgido hace pocos meses, en relación al sector yerbatero, en el que se ventilaron las inhumanas condiciones de los trabajadores agrarios de la yerba, los tareferos, vuelve esa descripción del general Perón de una actualidad que parece difícil de asimilar.

Después de 70 años, nada parece haber cambiado y la situación de los trabajadores agrarios se inscribe en la informalidad y en la desprotección de los derechos de los trabajadores rurales.

El Estatuto del Peón, después de 1955, sirvió para consolidar el poder oligárquico que se ocupó de desarticular el instrumento y hacerlo funcional a sus intereses, a través de un deshuaze operativo a través de las Comisiones Asesoras Rurales por medio de las cuales se definen los términos y el valor del trabajo sin considerar los derechos básicos de cualquier trabajador.

La Ley 26727, de Trabajo Agrario, sancionada el 21 de diciembre de 2011, y promulgada el 27 de Diciembre del mismo año, ha sido desarticulada en su función central de poner al Estado al frente de su función de velar por el interés de los sectores más vulnerables en la puja distributiva, al derogar los artículos 106 y 107, y –consecuentemente- eliminar el RENATEA y recrear el RENATRE como organismo bipartito donde los empleadores negocian bis a bis con los representantes de los trabajadores, sin intervención del Estado, “…Ente Autárquico de Derecho Público no Estatal” en la letra de la ley.

Estos dos instrumentos legales cuyos propósitos estaban orientados a dignificar al peón rural primero y hoy al trabajador agrario, hacerlo sujeto de derecho y brindarle en cada momento histórico las herramientas básicas para ejercer tales derechos, han chocado sistemáticamente con la resistencia de las patronales agrarias más emblemáticas del quehacer agropecuario, como son la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, librando una batalla cultural para neutralizar el sentido democratizador de estas leyes, contando, en estos últimos años, con la complicidad de dirigentes que no han estado al servicio de sus trabajadores, legitimando un sistema de explotación que viola los más elementales derechos humanos vinculados a las condiciones mínimas necesarias, dignas,  para cumplir con el trabajo convenido.

En verdad, esta es una asignatura pendiente para cualquier proyecto de desarrollo que se proponga restablecer un modelo de inclusión con justicia social.

El objetivo de este documento es conocer cuántos trabajadores sustentan sus ingresos en actividades rurales, en qué ramas de actividad se concentran y, centralmente, cuáles son las condiciones laborales en las que trabajan. A su vez, se pretende avanzar en la identificación de las problemáticas más importantes, que requieran de movilización inmediata y realizar una propuesta al respecto.

El documento se estructura comenzando en la sección II con un diagnóstico económico del sector agropecuario, donde se denota su importancia en la estructura productiva argentina. Luego en las secciones III y IV se aborda la cuestión de las condiciones de trabajo, con perspectiva teórica y empírica. En la sección V se revisa la legislación que da forma al marco regulatorio de la actividad y finalmente, se cierra el documento con una serie de comentarios finales y propuestas.

II-    DIAGNÓSTICO ECONÓMICO DEL SECTOR

En el sector agropecuario de nuestro país se observan las condiciones más diversas de desarrollo en las diferentes regiones del país, y en esa condición sus relaciones de producción muestran características particulares.Aunque casi todas ellas se acercan a la frontera del vínculo precapitalista, caracterizado por la informalidad y la sobreexplotación, donde la relación de poder entre el propietario de la tierra y el paisano que la trabaja –más allá de su apego a ella y a sus necesidades materiales- queda expresada por un vínculo de subordinación, donde no hay transacción sino sometimiento.

Podríamos sostener que hoy conviven dos modelos, desde el punto de vista productivo. Uno es el que caracteriza a la región pampeana, motor del modelo agroexportador desde nuestro nacimiento como Nación y en expansión de su frontera productiva; y el otro, el de las llamadas “Economías Regionales”. Este último modelo es más característico de regiones productivas marginales o secundarias de la producción agropecuaria, que de las que ocupan un lugar preponderante en la economía por su aporte al PBI, como las producciones de granos tradicionales y las formas modernas de producción de carne bovina en sus diversas formas, históricos ejes del modelo pampeano. Las actividades de la región pampeana se organizan económica y productivamente en lo que conocemos como “Pools de Siembra”, determinando a esta región como territorio predominante, con la soja como cultivo hegemónico en volumen e ingresos. Este proceso hoy se extiende por el NEA y NOA a través de procesos de deforestación, o bien por la sustitución de otros cultivos tradicionales como el algodón, como alternativa a la pérdida de rentabilidad de alguna de ellos.

Esta situación se ilustra en el cuadro 1, donde puede observarse la producción agrícola clasificada según el grado de complejidad tecnológica que se ha incorporado a la actividad. En el caso de cereales y oleaginosas, con los cultivos pampeanos a la cabeza, se produce mayormente con el uso de alta tecnología. Estas actividades representan el 64,2% del VBP del sector agrícola. Mientras, en el otro extremo, los cultivos industriales, característicos de las regiones NEA y NOA, se producen con un bajo grado de nivel tecnológico, y se observa también un alto grado de concentración. Los cultivos extra-pampeanos (frutícolas, industriales y hortícolas) explican el 35,8% del VBP del sector.

Cuadro 1. Caracterización tecnológica de la producción agrícola, por grupos de cultivos seleccionados. En porcentajes según nivel alcanzado[1].

Grupo de Cultivos	Nivel tecnológico	Área	Productores	Producción	Principales cultivos	Región central	% sobre VBP del sector
		(miles de ha)	(miles)	(miles de tn)
Cereales y oleaginosas	Bajo	19%	27%	14%	Soja	Región pampeana	64,2%
	Medio	31%	20%	38%	Trigo
	Alto	50%	53%	48%	Maíz
	Total	100%	100%	100%	Girasol
Cultivos frutícolas	Bajo	29%	58%	13%	Citrus	NOA – NEA	17,4%
	Medio	37%	33%	45%	Viña	Cuyo
	Alto	34%	8%	42%	Manzanas	Patagonia
	Total	100%	100%	100%	Peras
Cultivos industriales	Bajo	28%	50%	27%	Algodón	NEA – NOA	14,0%
	Medio	43%	35%	23%	Caña de azúcar
	Alto	29%	15%	50%	Tabaco
	Total	100%	100%	100%	Yerba
Cultivos hortícolas	Bajo	28%	50%	17%	Papas	Se producen en todo el país, Bs.As. es la principal productora	4,0%
	Medio	23%	38%	17%	Ajo
	Alto	49%	13%	66%	Cebolla
	Total	100%	100%	100%	Tomate

Nota: Se destaca en color celeste el nivel tecnológico promedio de la actividad (considerando siembra, productores y producción).

Fuente: Elaboración propia en base a FAO, Ministerio de Agroindustria, INTA e INDEC

A su vez, este proceso ha dado lugar al corrimiento de la frontera ganadera, desplazada por esta modalidad de cultivo, hacia zonas aún más marginales, para la producción de terneros que se incorporan a sistemas de engorda de bovinos en confinamiento,losFeedlots.

Con las actividades de estas características a la cabeza, el sector agropecuario se configura como uno de los más dinámicos de la economía argentina, explicando -sólo las actividades primarias- el 9% del PBI en el año 2016 (ubicándose como el tercer sector de mayor aporte) y el 67,6% de las exportaciones totales, considerando productos primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) (ver cuadro 2).

Cuadro 2.Importancia relativa del sector agropecuario en la economía argentina. Año 2016.

	2016
Asalariados registrados	352.019
Participación del sector en Empleo Registrado	5,4%
Participación del sector en PBI (actividades primarias)	8,5%
Participación en Exportaciones
Productos primarios	27,1%
Productos primarios + MOA	67,6%

Fuente: Elaboración sobre base de INDEC y SIPA-OEDE

Este universo de actividades hegemónicas actúa, por sus sistemas de producción y tecnología asociada, bajo lo que sus defensores llaman la frontera del conocimiento. Esto permite el incremento de la producción, con incorporación marginal de mano de obra y la expulsión física y económica de la población rural y la consiguiente migración a los centros urbanos en busca oportunidades de trabajo.O simplemente desplazados por un destino productivo que no los requiere, convertidos en rentistas y presionando sobre la rentabilidad de la actividad agrícola granaria.

Por otro lado, las llamadas Economías Regionales, históricamente vinculadas al mercado interno y, marginalmente, a la exportación de excedentes, cuyas ventajas comparativas por tipo de clima, suelo y disponibilidad hídrica sostuvieron su desarrollo, han sufrido modificaciones que Alejandro Rofman(2017) describe claramente:

“…una rápida recorrida por las modificaciones estructurales más relevantes de los últimos 30 años, para (así) llegar al punto de partida de este análisis ubicado al final del año 2015.

Tales transformaciones pueden condensarse en los siguientes fenómenos destacados:

1. a) Introducción de las estrategias de inversión e innovación tecnológica impulsadas por la creciente inserción de las producciones regionales en mercados externos cada vez más competitivos.

Estas profundas modificaciones del perfil social y técnico de la producción acompañaron al cambio de paradigma económico global que impusieron en nuestra sociedad los gestores de la política económica de la dictadura militar. Desde entonces, y hasta bien entrado este siglo, no hubo esfuerzos, salvo algunas iniciativas tímidas, para controlar, regular u orientar el avance del capitalismo concentrado y basado en la eficiencia productiva que fue penetrando en los referidos procesos productivos.

Tal transformación estructural afectó en mayor o menor medida las cadenas productivas cuyos eslabones iniciales estaban localizados en regiones extra pampeanas y que, por lo general, finalizaban en su destino de consumo en el mercado interno argentino. La primera y principal consecuencia del impulso eficientista, asumido por los nuevos inversores en los citados procesos productivos, fueron la modificación del origen de las inversiones intensivas en nuevos modelos tecnológicos y recursos de capital provenientes de centros financieros y económicos externos al país.

Si se hace una aproximación global a los cambios acaecidos a partir de fines de los 70 en adelante, queda claro que sectores de las economías regionales muy representativos del fortalecimiento del capital nacional y de la fuerte vinculación con el mercado interno, fueron cambiando progresivamente de signo. Citamos como casos destacados el de la vitivinicultura cuyana, la producción de frutas de pepita, el sector de la actividad cítrica de la Mesopotamia, la producción algodonera del nordeste y la producción azucarera. Aunque desvinculados entre sí, estos productos tradicionalmente ingresados en su etapa de relación con el consumo final al mercado de demanda interno, comenzaron a producir importantes modificaciones en su estructura productiva, que los diferenciaba crecientemente del perfil histórico que habían asumido. En primer lugar surgieron corrientes de capital externos orientados a invertir tanto en la reorganización de la actividad productiva de cada uno de dichos bienes de consumo, como para abrir nuevos horizontes de presencia dinámica en varios casos localizados fuera del país. Este fenómeno, que ha sido muy estudiado a partir de los 80, supuso como resultado evidente, una creciente heterogeneización del cuadro social, del origen y rol de los agentes económicos y del impacto de la nueva tecnología incorporada. En todos los casos, reemplazando al capital local y/o estatal, o agregando nuevas inversiones, la presencia de grupos económicos externos al país, adquirió especial relevancia.

¿Qué efectos generales provocó esta oleada de radicaciones innovativas y financieras desconocidas hasta entonces, en especial el modelo organizativo dominante hasta fines del siglo pasado? Veamos en forma muy abreviada los impactos ocurridos.

El primer fenómeno a destacar consiste en la creciente desaparición de la pequeña producción rural, con fuerte presencia de la producción para el autoconsumo y del uso del aparato tecnológico muy tradicional, reemplazado cada vez más con inversiones de magnitud con notorios impactos en la concentración del capital y en la expulsión de los sectores más débiles de la agricultura de reducido tamaño. En la región del Valle del Río Negro,  la fruta de pepita, que llegó a ser la base de la producción de dicho Valle, en la provincia de Río Negro y en Neuquén, vio caer la cantidad de chacareros de alrededor de 20.000 al cierre de la etapa de sustitución de importaciones a sólo una décima parte bien entrado este siglo, al mismo tiempo desaparecieron las empresas de procesamiento de la fruta para su entrega al mercado interno, siendo reemplazadas por dos o tres grandes frigoríficos orientados a la exportación de pera y manzana. Ese grupo oligopólico altamente concentrado, hacia los 80, comienza a ser liderado por una gran empresa multinacional que cubre todo el ciclo de la cadena productiva que va de la plantación frutal en la Argentina hasta el mercado de consumo final en Europa.

Un fenómeno de corte similar se produce en la vitivinicultura. Un sector productivo fuertemente intervenido por el Estado, hasta la década de los 70, con plantas industriales dedicadas a la elaboración de vino común de mesa como signo distintivo y de propiedad de capitales locales. En los 90 comienza con mucho ímpetu la radicación de inversiones externas en la región cuyana destinadas a implantar cepas desconocidas en el país, que van ocupando espacio creciente en la producción de vino de calidad, apto para la exportación. Esas inversiones revolucionan el espacio productivo cuyano, al mismo tiempo que cae la demanda interna de la bebida en el lapso de 15 años. La nueva actividad sectorial implanta un circuito productivo de perfil muy diferente al de la producción de uva criolla que elabora vinos comunes con elevada presencia reguladora del Estado, ya sea a través de legislación o de empresas de gran porte, que lideran el proceso de acumulación. La irrupción de capital y tecnología externas al país avanza básicamente con la plantación de cepas varietales muy sofisticadas buscándose en la producción así obtenida una apertura al exterior y, hacia mediados de la segunda década de este siglo, suma anualmente exportaciones en torno a los mil millones de dólares, monto similar a las ventas al exterior de la famosas carnes argentinas. Aquí también la agricultura familiar, basada en la presencia de la unidad productiva del jefe del hogar con sus parientes más cercanos, sufre un serio deterioro por la desaparición del estado como regulador y el diseño de una política de apoyo sectorial por parte del estado neoliberal entre 1990 y 2003 que se ocupa y preocupa por este nuevo perfil del sector.

1. b) Un segundo aspecto a resaltar es el problema de la situación legal de la tenencia de la tierra por parte de los pequeños productores familiares.

Este es un tema crucial por cuanto es un requisito esencial para avanzar en procesos de fortalecimiento de la presencia de la agricultura familiar en el sistema productivo argentino. Así, se requiere de la titularización en el régimen de tenencia de la tierra por parte de los productores, sobre todo aquellos de baja capacidad de acumulación y limitado nivel productivo, para consolidar el proyecto de respaldo a la agricultura familiar. Cualquier política pública tendiente a impulsar procesos de equidad distributiva en el reparto de los excedentes de las cadenas productivas, acorde con la inserción de cada productor en las mismas, exige como condición necesaria la posesión del título de propiedad, ya sea que el mismo trabaje en forma individual o colectiva, del lote de tierra que el pequeño productor utiliza para su actividad permanente, tanto si lo que produce vaya al autoconsumo o al mercado.”[2]

En este contexto, los grandes propietarios de la tierra y los medios de producción, establecen una gran variedad de metodologías para organizar la producción y la rentabilidad, a la que subordinan las formas de trabajo más convenientes a esos objetivos. Para Luparia (2001), “…los modos de explotación presentan características singulares diferenciadas, y (por lo que) en muchos casos la distinción entre trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta ajena resulta sumamente dificultosa. Existen formas mixtas de explotación muy variadas. En muchas ocasiones un mismo trabajador, puede aparecer como trabajador por cuenta ajena respecto en parte de su actividad o tareas, y como trabajador o productor por cuenta propia en otras. Estas formas mixtas pueden ser a través de sistemas cooperativos o asociativos de explotación, generando así distintos tipos de relaciones. Es decir que en grandes o medianas explotaciones, en las cuales la ajenidad del trabajo aparece con cierta claridad, existen pequeñas explotaciones, donde se configuran trabajos por cuenta propia, como titulares directos de ciertos frutos o resultado de la explotación. Ante estas dificultades, se debe tener en cuenta que las relaciones de trabajo rural están subordinadas en definitiva a los modos de tenencia y disfrute de las tierras, que son las que determinan su existencia, su carácter. Se ha dicho que todo problema agrario, el del trabajo entre ellos, y todo intento de reforma al respecto es siempre y en primer lugar un problema quien puede explotar, por qué título y a quien pertenecen los frutos.

No obstante esta aparente claridad de los principios enunciados, en doctrina se sostiene que determinadas figuras en el variado ámbito de la explotación rural, que se dan con motivo de contratos de aparcería, mediería, contratistas de viñas y frutales, tamberos medieros – hoy régimen asociativo de explotación tambera – serían formas asociativas, participativas, y no siempre figuras laborales. La realidad de nuestro agro evidencia que efectivamente existen situaciones de trabajo por cuenta ajena, con una notoria dependencia económica, ya que generalmente los trabajadores carecen de medios para organizar su propia actividad, donde la subordinación jurídica personal aparece con nitidez, especialmente por la facultad de organizar el trabajo.”[3]

Esta descripción conceptual en la que se propone encuadrar el debate acerca del trabajo agrario y sus diferentes formas, así como los instrumentos que en el pasado pretendieron normatizar estas diferentes caracterizaciones, han sido superadas y despejadas en el encuadre normativo de la ley 26.727 que establece claramente en qué consiste el trabajo agrario y las formas en que este se debe considerar.

III- LAS CONDICIONES DE TRABAJO AGRARIO

Para poder situar conceptualmente estas consideraciones y vincularlas con el proceso histórico que hemos mencionado, vale la pena encuadrar a qué hace referencia:

“…Constituiría contrato de trabajo, en tanto relación jurídica en virtud de la cual los frutos del trabajo pasan, “ab initio”, desde el mismo momento de su producción, a integrar el patrimonio de una persona distinta del trabajador. Así el contrato de trabajo es el título determinante de la ajenidad de los frutos del trabajo con régimen de trabajo libre.

Esta singular problemática del trabajo rural en la Argentina, que así también se extiende a otros países de Latinoamérica, conduce a situaciones de indudable gravitación socioeconómica, que afectan notablemente a las economías regionales y actividades del agro, y que aún no han sido solucionadas, contribuyendo así a la profunda crisis que sacude nuestros países, que se palpa aún más a medida que nos adentramos en el interior de los mismos, donde se repiten las imágenes de desprotección, pobreza, desocupación y miseria, que exigen urgentes soluciones, que cada día se sienten más esquivas”[4].

Como hemos señalado en la sección anterior, el sector agrario es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina en términos de producción y exportaciones; pero nada de esto pareciera reflejarse en mejores condiciones para los trabajadores rurales, que ocupan sus puestos en condiciones de importante precariedad.Condición que nos acompaña desde la misma incorporación de la Argentina al mundo, allá en los albores de 1880.

Precisamente, en la actualidad, el mercado de trabajo rural presenta una de las mayores proporciones de empleo no registrado. Esto implica un ocultamiento de las relaciones laborales y el no cumplimiento de los derechos del trabajador de tener acceso como por ejemplo, a los beneficios de la seguridad social. No obstante, el criterio de precariedad refiere a un concepto más amplio que el de no registro, con lo que pueden existir condiciones de trabajo precarias aún en el caso de trabajadores registrados.

Para hablar de precariedad en el agro, Fabio y Neiman (2010) destacan cuatro elementos independientes:

1. Empleo por un período de tiempo definido o con alto riesgo de ser concluido
2. Provisión con ingresos insuficientes para la reproducción social del trabajador
3. Carencia de una adecuada protección social
4. Ausencia de buenas condiciones de trabajo, vinculadas a la jornada de trabajo, condiciones de alimentación y vivienda durante la segunda jornada.

Debemos destacar que no existe una única forma de precariedad; su esencia es la inseguridad de la relación salarial y desde esa base las formas que adquiere se reinventan. Históricamente, en el sector rural existió empleo precario bajo la forma de trabajo temporario o no permanente, vinculado a la forma de producción de la actividad agropecuaria: tiene importantes requerimientos de trabajadores por períodos reducidos de tiempo, como por ejemplo en épocas de cosecha o embalado. Sin embargo, por más justificaciónque esto pueda implicar para algunos, esta situación genera inestabilidad en el empleo para el trabajador, alternancia entre empleo y desempleo e ingresos insuficientes para su reproducción social.

Podemos mencionar nuevas formas que la precariedad ha tomado como resultado de nuevas estrategias empresariales y relaciones laborales, aunque algunas de ellas solo son adaptaciones de las antiguas formas de precarización del trabajo:

• Introducción de tecnología: estos procesos no necesariamente son en todos los casos producto de las necesidades de producción, y provocan una inserción laboral incierta mediante el desdibujo dela relación salarial.
• Incorporación de contratistas de servicios: modalidad que se da esencialmente en el cultivo de cereales y oleaginosas, y consiste en un reemplazo del empleo asalariado permanente por un comportamiento más flexible.
• Incorporación de jefes de cuadrilla: diluyen la relación laboral evitando al empleador hacerse cargo de elementosconflictivos, como la discusión de los salarios, al ser ellos quienes se encargan de las contrataciones.

La precariedad, así descripta en relación a contratistas y cuadrilleros tiene consideración legal en el artículo 12 de la ley 26727 cuya aplicación es parte de la lucha política que los trabajadores agrarios tenemos por delante.

IV-  MERCADO DE TRABAJO AGRARIO DURANTE 2016

Durante el año 2016, el sector agropecuario empleó a 356.019 trabajadores registrados, explicando el 5,4% del total del empleo registrado en el país. La rama más importante dentro del sector resulta ser el cultivo de cereales y oleaginosas, que genera el 19% del empleo en el sector; seguida por la cría de ganado bovino (17%), los servicios agrícolas (14%) y el cultivo de pera y manzana (7%).

En las distintas regiones de nuestro país el empleo agrario presenta un panorama bien diferenciado, donde la importancia del empleo registrado en el sector agropecuario se vincula directamente con la importancia de la actividad en la estructura productiva regional (además de los niveles de formalidad en el mercado de trabajo en general).

Las actividadeseconómicas que generalmente se destacan por región definen su estructura productivay también el empleo registrado en el sector agrario. Existen incluso actividades que no solo son importantes para explicar el empleo agrario, sino que también lo son para explicar el total del empleo formalen cada zona, con mayor fuerza en algunas provincias. Estudiar la importancia y rol que cumplen las producciones regionales, tanto en la economía como en el empleo, resulta central ya que nos permite aproximarnos al poder que detentan los empleadores sobre la economía regional.

a.      Tasa de informalidad, empleo no registrado y el empleo total

La tasa de trabajadores no registrados en las ramas agrarias es del 66%. En la mayoría de los cultivos industriales (a excepción de té y yerba mate), el cultivo de frutas de carozo, pera y manzana y el resto de las frutas no cítricas, la producción de lana y pelo y el cultivo de cereales y oleaginosas superan ese promedio, alcanzando las últimas dos mencionadas el 81% de trabajadores no registrados.

Gráfico 1.Tasa de empleo no registrado por rama de actividad. Año 2016.

Fuente: Elaboración sobre base de MTEySS (PNRTy ENAPROSS)

A partir de la aplicación de las tasas de informalidad estimadas al empleo registrado obtenemos 1.045.008 trabajadores rurales, de los cuales 692.989 no se encuentran registrados formalmente, quedando totalmente excluidos del acceso a derechos como aportes jubilatorios, obra social, indemnización por despido, certidumbre acerca de la relación laboral, remuneración digna y justa, entre tantos otros.

Si consideramos también a las empresas que por las características de la producción que realizan o porque se encuentran integradas verticalmente con el eslabón primario, el total de trabajadores rurales asciende a 1.132.388. La tasa de no registro en este caso es del 63,7%, la cual resulta menor que para el total del empleo agrario sin considerar a las empresas de ramas no agrarias con empleo rural. Esto se debe a que la tasa de no registro se comporta en estas empresas de manera similar a la del promedio de la economía, cercana al 29%.

El cultivo de cereales y oleaginosas y la cría de ganado bovino, actividades centrales de la región pampeana, explican el 44,6% de empleo total en el sector agropecuario. Las tasas de informalidad en ambas ramas resultan de importancia: en el caso de los cultivos en cuestión la tasa de no registro es la más alta del total del agro, mientras que para la cría de ganado bovino, si bien se encuentra por debajo del promedio del sector, resulta superior a la esperada. El empleo no registrado para ambas actividades es del 72% con un total de 338.469 trabajadores en condiciones de contratación informales.

Cuadro 2. Empleo registrado, empleo no registrado y empleo total. Año 2016.

ACTIVIDAD	Empleo Registrado	Empleo no registrado	Total Empleo
Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras	66.970	276.819	343.789
Cultivo de hortalizas y legumbres	17.771	23.887	41.658
Cultivo de Frutas
Cultivo de frutas de carozo	4.320	9.315	13.635
Cultivo de frutas de pepita n.c.p.	744	430	1.174
Cultivo de frutas n.c.p	5.971	14.450	20.421
Cultivo de frutas cítricas	10.116	20.632	30.749
Cultivo de manzana y pera	25.256	68.984	94.240
Cultivo de nueces y frutas secas	756	877	1.633
Cultivos industriales, de especias y plantas aromáticas
Cultivo de algodón y otras de fibra	2.739	9.099	11.838
Cultivo de caña de azúcar	4.918	11.228	16.146
Cultivo de té y yerba mate	3.234	1.967	5.201
cultivo de vid para vinificar	23.049	59.210	82.259
Cultivos industriales sin clasificar	2.741	517	3.258
Cultivo de tabaco	14.536	35.176	49.712
Producción de semillas	8.596	5.228	13.824
Cría de ganado, producción de leche, lana y pelos
Cría de ganado bovino	61.602	61.651	123.253
Cría de ganado excepto bovino	8.561	10.948	19.509
Producción de lanas y pelo	2.032	8.398	10.429
Producción de leche	11.790	9.234	21.023
Prod. De granja y cría de animales exc. Ganado	13.638	3.838	17.476
Caza y captura de animales vivos	120	273	393
Servicios agrícolas	49.710	47.380	97.089
Servicios pecuarios, excepto los veterinarios	2.984	1.634	4.617
Silvicultura	1.321	2.417	3.738
Servicios forestales	3.891	4.736	8.626
Extracción de productos forestales	4.654	4.663	9.317
Total ramas del agro	352.019	692.989	1.045.008
Ramas no agrarias con empleo rural	58.532	28.848	87.380
Empresas comerciales integradas verticalmente	20.498	9.523	30.021
Empresas de servicios	20.334	6.136	26.470
Empresas industriales integradas verticalmente	17.700	13.190	30.890
Total ramas con empleo rural	410.551	721.837	1.132.388

Fuente: Estimaciones propias en base a SIPAyMTEySS (PNRT y ENAPROSS)

 

b.      Ingresos de los trabajadores registrados en el sector agropecuario

La remuneración que recibe un trabajador se vincula con la valoración de la fuerza de trabajo no solo por la calificación, sino también en cuanto a las necesidades de reproducción propia y la de su grupo familiar. En el sector bajo análisis, la remuneración puede obtenerse por varios mecanismos,como pago a destajo, por tonelada, por quincena, etc. En muchos casos se contempla en el pago final si se les asigna vivienda o no al grupo familiar y si se les brinda alimentación. Al mismo tiempo, persisten formas de generación de ingresos (en dinero o bienes) provenientes del trabajo familiar, que constituyen estrategias para complementar los ingresos insuficientes del trabajo asalariado, generando muchos casos de trabajo infantil y/o de niños y niñas en edad escolar.

Durante 2016, la remuneración promedio declarada para los trabajadores agrarios registrados fue de $11.827, la cual se encuentra $8.472 por debajo de la remuneración promedio total de la economía, prácticamente un salario mínimo, vital y móvil.Estoevidencia que existe una baja remuneración en el sector, que sumado a una importante subocupación a lo largo de todo el ciclo de trabajo anual, perjudica aún más el nivel de ingresos obtenidos[5].

Cuadro 3. Remuneración mensual por rama de actividad en el sector registrado. Promedio año 2016.

Rama de actividad	Remuneración
Servicios agrícolas	7.749
Cultivos industriales, de especias y de plantas aromáticas y medicinales	8.388
Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales	8.679
Servicios forestales	9.163
Cultivo de frutas  -excepto vid para vinificar- y nueces	9.670
Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura)	9.712
Extracción de productos forestales	10.133
Caza  y captura de animales vivos, repoblación  de animales de caza y servicios conexos	10.710
Servicios pecuarios, excepto los veterinarios	11.055
Silvicultura	12.712
Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras	13.404
Cría de ganado y producción de leche , lana y pelos	13.464
Producción de granja y cría de animales, excepto ganado	14.834
Servicios para la pesca	14.905
Producción de semillas y otras formas de propagación de cultivos agrícolas	18.284
Pesca y recolección de productos marinos	38.004
Promedio general	11.827

Fuente: SIPA

V-     MARCO REGULATORIO

En la actualidad está vigente la Ley 26.727 REGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, sancionada y promulgada en diciembre de 2011, a la que se le derogaron los artículos 106 y 107 en virtud del artículo61º de la ley 27.341, de presupuesto que restablece la vigencia de la ley 25.191 en su redacción original junto con la normativa reglamentaria, esto es la sustitución del RENATEA por el Antiguo RENATRE, como aspectos fundamentales sobre el que volveremos al final.

Como antecedentes de la legislación laboral de trabajo agrario, existía la Ley 12.789 (26/10/1942) sobre la contratación de braceros para labores agrícola-ganaderas y mineras, el estatuto de conchabadores; posteriormente, se sanciona el estatuto del peón, Decreto 28.169 (08/10/1944) luego ratificado por la Ley 12.921. El Estatuto del Peón incorporó cambios importantes para el trabajador rural: el descanso dominical, las vacaciones y las facilidades para su alojamiento, así como el descanso obligatorio para el desayuno y el almuerzo; el de trabajadores de cosechas de la Ley 13.020 ( 06/10/1947) y la creación de la Comisión Nacional de Trabajo Rural; y el tambero-mediero Decreto-Ley 3.750/46 (12/2/1946), ratificado por la ley 12.921; por Decreto 8341/65, se estableció el sistema de colocación o empleo por medio de la llamada” Bolsa de Trabajo” para el personal comprendido en la Ley 13.020, también las bolsas implementadas por Decreto 1421/67.

Luego con la sanción de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), Ley 20.744 (20/09/1974), se mantienen la vigencia de los estatutos particulares, y se aplican las normas de la LCT cuando contempla situaciones no previstas en aquellos o consagren beneficios superiores a los establecidos por los mismos, considerándose en particular cada instituto del derecho del trabajo. Con la reforma del Decreto Ley 21.297 (29/4/76) pese a las restricciones impuestas al texto originario de la LCT, no se excluyó a los trabajadores rurales, recién con el Decreto Ley 22.248/80, se reforma el artículo a de la LCT y se excluye expresamente a los trabajadores agrarios, estableciendo un régimen especial con menos beneficios de los que poseían con la LCT.

En 1999, mediante la Ley 25.191, se crea el RENATRE, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores, como un organismo autárquico, de derecho público, no estatal y la libreta de trabajo del trabajador rural y perfecciona la modalidad y mecanismos de financiamiento de los instrumentos, tanto los normativos (RENATRE y Libreta), como los aspectos vinculados a los beneficios sociales (salud y previsión) de los trabajadores rurales.

En diciembre de 2011, se sancionó y promulgó la Ley 26.727, REGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, por el cual se modifica la Ley 25.191, ya mencionada. Esa Ley introdujo cambios novedosos y consistentes con un modelo de inclusión en materia laboral para el sector agrario, que permitían un avance significativo en el proceso de acceso a derechos básicos del trabajador. Los tres aspectos normativos más relevantes se refieren, uno a la homologación del régimen de trabajo agrario, con la ley de contrato de trabajo y sus modificatorias y por la negociación colectiva (artículo 2º, incisos b y c); otro a la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente (artículos 55º a 64º) y la eliminación del RENATRE y su reemplazo por el RENATEA, con similares funciones pero como organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de Trabajo, es decir Estatal (artículos 106º y 107º).  Esta ley, representa un avance muy importante en el reconocimiento de sujeto de derecho del trabajador agrario, al homologar la Ley 26.727, a la Ley de Contrato de Trabajo, al restringir la tercerización laboral y haciendo efectiva la responsabilidad del Estado frente de la Protección del trabajador, con la creación del RENATEA, cumpliendo con lo que manda nuestra Constitución en su artículo 14 bis.

a.      ¿Cuál es la situación actual?

Como lo señalamos al comienzo de este apartado, a partir del 10 de diciembre de 2015 comenzó un lento pero sostenido desmembramiento de la ley 26727. Como en otras situaciones de la vida institucional desplegada por el Gobierno actual, la estrategia no ha sido ir contra los instrumentos de manera frontal, sino modificarlos de la forma más sutil posible, de manera de que puedan esterilizarlos(inutilizarlos) en cuanto al fin para el cual han sido creados. Para eso, en este caso, optaron por incluir en un artículo de la ley de Presupuesto del 2017, el numero artículo 61 de la ley 27341: “Deróguense los artículos 106 y 107 de la ley 26.727. Restablézcase la vigencia de la ley 25.191 en su redacción original junto con la normativa reglamentaria.” No parece ser necesario explicar mucho. Solo puntualizar que, de acuerdo a la visión del Gobierno elegido y de los grandes grupos económicos vinculados a la actividad agroexportadora las reformas se ajustan a sus necesidades de subordinar al trabajador agrario quitándole herramientas legales para defender derechos.

VI-  PROPUESTAS Y COMENTARIOS FINALES

Es notorio que el sector agropecuario muestra una amplitud de actividades muy significativa. No obstante, más allá de su diversidad productiva y destinatarios, estáhegemonizado por la configuración de una estructura productiva y comercializadora que pone sus mayores esfuerzos en el mercado exportador, actividad sobre la que se fundamenta su hegemonía.

Desde el origen mismo de nuestra patria, hasta nuestros días, el modelo agroexportador no solo se ha consolidado en su estructura sino que por dos vías simultáneas, ha avanzado haciaprácticamente la totalidad de las actividades agroalimentarias de nuestro país.

Es interés de esta propuesta discutir el modelo de desarrollo agropecuario, en términos políticos, habida cuenta que es una de las actividades que necesariamente debe ser basamento de un modelo de desarrollo autónomo y soberano de la República Argentina, considerando que está en juego la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo, condición que es pilar de un modelo de desarrollo soberano destinado a satisfacer el derecho básico a la alimentación y el trabajo, incluido el agrario, que ancestralmente ha tenido un tratamiento que consolidouna situación de desmedro en cuanto a derechos laborales y condiciones de trabajo. El modelo de país al que aspiramos debe ser una construcción colectiva que nos debe contener a todos, y es la razón por la que los trabajadores agrarios tenemos el derecho y la obligación de intervenir en esa discusión no solo a partir de las reivindicaciones que como sector social tenemos la responsabilidad de defender, como parte de la clase trabajadora,  sino de presentar a la sociedad las propuestas de políticas que sustenten ese modelo y que  deben ser parte de cualquier plan de gobierno que se proponga a nuestro pueblo. Ese modelo de desarrollo agropecuario y agroalimentario debe tener un enfoque que supere las asimetrías que nunca se han podido resolver entre el Trabajo Agrario y el Trabajo Industrial de manera de garantizar las condiciones básicas al conjunto de los trabajadores, más allá de las particularidades de los diferentes sectores que integran nuestra economía. De la misma manera, la estructura productiva y su orientación, dirigida hegemónicamente hacia el mercado externo, debe adaptarse al modelo agropecuario nacional, lo cual es posible, si se incorporan premisas que promuevan el desarrollo productivo local y regional, complementado con un modelo federalizado de producción, distribución y consumo de los bienes y los alimentos, destinados al mercado interno. Todo este menú, apenas esbozado, conlleva una institucionalidad acorde al objetivo.

En esta línea de pensamiento, las propuestas centrales que planteamos a los trabajadores, productores, empresarios y organismos vinculados a la problemática agropecuaria son las siguientes:

1.- Construir el Modelo Agropecuario Nacional orientado a la estrategia de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de los 40 millones de argentinos, que ponga su centro en el desarrollo territorial de la producción agroalimentaria enfocada en la satisfacción local y regional de las necesidades básicas en materia agroalimentaria, basado en la participación federal de organizaciones de productores, trabajadores y consumidores y el Estado nacional, provincial y municipal. De este punto se desprenden una gran cantidad de acciones vinculadas. Para ello, la elaboración de Planes Quinquenales de Alimentos y Producción Agropecuaria que contemple la Producción, el Trabajo, la Comercialización y Acceso a los alimentos y la producción agropecuaria, con destino a la producción de alimentos. La consideración de estas dos categorías debe acompañar este proceso, de forma tal de diferenciar el objetivo de satisfacer el derecho básico a la alimentación en cantidad y calidad de nuestro pueblo, del proceso de comercio agropecuario. Este Modelo y sus planes quinquenales deben considerar algunos objetivos estratégicos:

a.- Las políticas diferenciadas según categoría de productores y una estrategia de fomento a la productividad y la creación de trabajo genuino, con apoyo concreto a la formalización de la producción y del trabajador.

b.- Adecuación tributaria que permita el desarrollo de la pequeña y mediana producción agroalimentaria local y regional, reconociendo las condiciones agroecológicas y los conglomerados urbanos, como motores del consumo.

c.- Adecuación sanitaria que permita la circulación de productos y;

d.- Adecuación tecnológica que fomente la productividad, la creación de trabajo y la mejora de la calidad de vida de productores y trabajadores, a través del trabajo de las agencias como el INTA y a través del fomento a la inversión, por medio de reducción o exenciones tributarias.

2.- Federalización económica y funcional del comercio en general y específicamente del alimentario que permita crear condiciones de acceso a los alimentos, tanto desde la producción como desde el comercio y consumo.

3.- Creación de un Consejo Nacional de Tierras que actúe como organismo de consulta vinculante, integrado por organizaciones de la sociedad civil, los estados provinciales y el estado nacional, por el poder ejecutivo y el poder judicial, con el propósito de democratizar el Acceso a la tierra y resolver las disputas actuales.

4.- Moratoria para destrucción de bosques destinados al avance del modelo de siembra directa de cultivos tradicionales.

5.- Vigencia Plena de la ley de trabajo Agrario 26727 y restablecimiento del rol del estado en la Protección de derechos del trabajador, consagrada en nuestra Constitución Nacional, articulo 14-bis. Para ellos la vigencia de los artículos 106 y 107, de la Ley 26727, resulta ineludible.

6.- Caracterización de trabajo agrario, como las actividades humanas destinadas a la creación de productos de la tierra, animales o vegetales, ya sean en relación de dependencia o por cuenta propia, sin trabajadores dependientes, como reconocimiento al valor de la actividad humana en la creación de riqueza por medio de bienes transables inexistentes, como diferenciación del concepto de agregado de valor.

7.- Definición de la estrategia de desarrollo tecnológico en el sector silvo-agopecuario, subordinada al punto 1 de esta propuesta

8.- Redefinición de las agencias-vinculadas a la salud pública- con competencia en la protección de la salud y patrimonio silvoagrupecuario.

Como consideración final, vale la pena hacer la reflexión siguiente: el trabajo agrario no forma parte del acervo cultural de la política y la economía como trabajo remunerado en los términos de la economía capitalista, ya sea como bien de uso, transable, según la caracterización de liberalismo, o como transacción entre un trabajador que solo tiene como bien a negociar a su trabajo y el dueño de los medios de producción, cuyo propósito es la rentabilidad del capital y entre los cuales se da una puja de poder, como puede interpretarse desde el marxismo, o como desde el peronismo vemos al trabajo como el dinamizador de la economía de un país que, a través del consumo y de la inversión, puede construirse un  futuro independiente para la nación y la totalidad de sus habitantes, al menos como utopía posible.

El trabajo agrario es visto como el trabajo de la tierra, poniendo en un papel muchas veces invisible en los análisis políticos y/o económicos, la brutal explotación con la que se construyen fortunas y poder que hoy nos amenazan con nuestra propia existencia como sector.

Creemos necesario modificar esa visión.

VII-                      BIBLIOGRAFÍA

CENDA (2008): El trabajo en Argentina, número 15. Primavera 2008.

Fabio, J. F. y Neiman, M. (2010): “Precariedad en los mercados de trabajo rurales”en Busso, Mariana y Pérez, Pablo (Comps.) Lacorrosión del trabajo. Estudios sobre la precariedady la informalidad.

Luparia, C. H. (2001): Trabajo rural en la Argentina. 5º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, 2001.

Neffa, J. C. (Coord.) (2008): La informalidad, la precariedad laboral y el empleo no registrado en la provincia de Buenos Aires, CEIL-PIETTE, CONICET y Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Neiman, G. (2010): Los estudios sobre el trabajo agrario en la última década: una revisión para el caso argentino en Mundo Agrario. [Online]. vol.10, n.20.

Ochaco, M. (2010): Precariedad y no registro en los trabajadores asalariados rurales de la Argentina. Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad Social de la Nación.

Rofman, A. (2017): Economías regionales en el contexto del proyecto neoliberal en marcha. Centro de Estudios Urbanos y Regionales/Conicet, Documento de Trabajo. Mayo 2017.

[1] Las cifras corresponden a proporciones de agregados de los rubros y regiones para los cuales se pudo obtener información por nivel tecnológico. Actualizaciones al año 2014.

[2] Alejandro Rofman, Economías regionales en el contexto del proyecto neoliberal en marcha, Centro de Estudios Urbanos y Regionales/Conicet, Documento de Trabajo, Mayo 2017, Págs. 14~17

[3] Carlos H. Luparia, Trabajo rural en la Argentina, 5º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, 2001, pag.3

[4] Carlos H. Luparia, Trabajo rural en la Argentina, 5º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, 2001, pág. 5

 

[5] Es importante mencionar que las remuneraciones de los trabajadores registrados declaradas al SIPA son mensuales, mientras que en el promedio del sector agrario total pueden resultar significativamente menores dependiendo de la cantidad de días que se trabajen, en términos de ingresos por día de trabajo u horario (en el agro son frecuentes las jornadas de trabajo mayores a las 8 horas diarias).

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