Corriente Federal de Trabajadores
La noticia sacudió el domingo y el comienzo de semana. Los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials tuvieron un fin de semana turístico en la mansión de Lago Escondido del magnate británico Joseph Lewis todo pago por el Grupo Clarín que puso hasta un helicóptero a disposición del contigente para ir a esquiar. El hecho ya es institucionalmente gravísimo, pero para peor luego fueron revelados una serie de chats donde los magistrados junto a directivos de Clarín y funcionarios armaban la estrategia para ocultar la vinculación, truchar facturas como si se lo hubieran pagado ellos mismo y contener la difusión en los medios de comunicación como Infobae y La Nación. Total impunidad. Lawfare al palo.
Recapitulemos. Un grupo de jueces federales encargados de, entre otros cosas, investigar el accionar de los funcionarios políticos se van un fin de semana a la casa de Joseph Lewis en Lago Escondido con un all inclusive pagado por el Grupo Clarín.
Detengámonos brevemente. ¿Por qué el Grupo Clarín debería costearle a los jueces la escapada? ¿Es ético que un magistrado reciba esa dádiva? Cuando se habla de un poder judicial independiente, ¿independiente de quién? De Clarín, principal tanque de guerra mediático, evidentemente no.
Pero además, tampoco es menor que se hayan alojado en la mansión de Lewis, este empresario británico que cuenta con 14 mil héctareas en la Patagonia, que busca apropiarse de Lago Escondido bloqueando los caminos, corrompiendo al poder político y judicial de Río Negro, agrediendo y patoteando a los manifestantes que reclaman por el derecho constitucional de acceder al lago. Un enclave inglés en medio de La Patagonia con lo que ello significa en términos de soberanía. Por supuesto, como ha ocurrido a lo largo de la historia con sus socios locales.
Posteriormente, fueron difundidos los chats que mantuvieron los jueces involucrados con los directivo de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; el ministro de Seguridad porteño Claudio D`Alessandro; el ex jefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia Leo Bergroth; el especialista en campañas electorales en medios digitales Tomás Reinke y el hijo de Mahiques, Juan Bautista, jefe de los fiscales porteños. Un universo amplio.
El gesto de Clarín de compensar a sus mandantes judiciales con un fin de semana de farra, deja en evidencia los engranajes del lawfare, la estrategia conjunta de jueces corruptos, medios de comunicación y sectores políticos y de poder para perseguir dirigentes políticos y sindicales. Relaciones que se dieron en toda Latinoamérica para desactivar y deteriorar a los gobiernos populares, pero además para beneficiar económicamente a sectores ultraconcentrados.
A continuación compartimos algunas de las causas que llevaron adelante estos jueces. Transcribimos extracto publicado en El Cohete a la Luna.
«Estos son algunos antecedentes de los jueces invitados, cuyos chats abundan en datos sobre comidas, bebidas y cigarros y en alusiones escatológicas que se celebran con risotadas:
- Pablo Gabriel Cayssials. Anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la ley audiovisual; permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Braun utilizar la base de datos de la Anses para sus comunicaciones publicitarias; declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto y convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua; le ordenó a la AFIP que se abstuviera de aplicar la resolución 4838 porque violaría el secreto profesional de abogados y contadores, al obligarlos a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal de sus clientes. También declaró inconstitucional el artículo de la ley del Ministerio Público que sólo admite la remoción de su titular por juicio político. La causa fue iniciada por el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires y seguida por su agrupación de choque político “Será Justicia” y su fallo forzó la renuncia de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Fue uno de los jueces del fuero contencioso administrativo que ordenaron al Banco Central la venta de dólares al precio oficial para importaciones que el Poder Ejecutivo no había autorizado.
- Pablo Yadarola, uno de los jueces del fuero penal económico, que trabaja con organismos del gobierno de los Estados Unidos. En 2018, por ejemplo, secuestró armas de alto calibre que llegaban al país por correo, con etiquetas de ropa deportiva. El dato fue provisto a su juzgado por Homeland Security.
- Julián Ercolini es el juez federal que atribuyó al Grupo Indalo una venta simulada de sus empresas y detuvo a sus accionistas Cristóbal López y De Sousa, cuando se negaron a poner esos medios al servicio de la demolición mediática de CFK que les solicitó Maurizio Macrì. La esposa de Ercolini fue secretaria del ex ministro de Justicia Germán Garavano. También procesó a CFK en tres causas, sólo superado por el doctor Glock. Fue uno de los que sostuvo que desde 2003 hasta 2015, Cristina formó parte de una Asociación Ilícita. En cambio sobreseyó al Número 2 de Techint, Luis Betnaza, aduciendo que no había pagado un soborno sino el rescate exigido por el gobierno venezolano de Hugo Chávez por la seguridad y la libertad de los ejecutivos de la planta de Techint en el Orinoco, Sidor. En 2016 sobreseyó al tío de Casey, a Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera en la causa por Papel Prensa, porque no encontró que la venta de las acciones en 1976 haya sido parte de delitos de lesa humanidad».
