Corriente Federal de Trabajadores
En diálogo con Sindical Federal la dirigente de SADOP, Marina Jaureguiberry, narró el trabajo realizado por un grupo de gremios en la provincia de Buenos Aires para detener a tiempo la homologación de la Ley de Accidentes de Trabajo en el distrito. ¿Por qué es una Ley negativa para los trabajadores? ¿Por qué es necesario que los trabajadores participen en esas instancias? ¿Por qué hay que dejar atrás una ley que mercantiliza la salud de los trabajadores?
ENTREVISTA GABRIEL FERNÁNDEZ / JORGE THIERBACH / LEONARDO MARTÍN
Meses atrás el Congreso de la Nación sancionó una nueva Ley de Riesgos de Trabajo (ART) que despertó muchas críticas a un sistema de por sí muy criticado. La obligatoriedad de pasar por comisiones médicas, tomando decisiones que exceden su capacidad y con doctores muy condicionados por las empresas aseguradoras, sumado al retraso a la posibilidad de acceder a la justicia por un accidente o enfermedad laboral fueron los ejes de las críticas. Una ley a medida de los sectores empresariales y de las aseguradoras y, en contraparte, perjudicial para los trabajadores.
En la provincia de Buenos Aires se trató días atrás su adhesión a esta ley. Pasó exitosamente la Cámara de Diputados, pero se detuvo su avance en Senadores ante la presión de un grupo de sindicatos, entre ellos SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados).
Marina Jaureguiberry fue una de las impulsoras para frenar la ley de adhesión. Es Secretaria Gremial de SADOP en la provincia de Buenos Aires y Directora del Departamento de Condiciones y Medioambiente de Trabajo a nivel nacional. En diálogo con Sindical Federal Jaureguiberry explicó el trabajo realizado y porque es una ley negativa para los trabajadores.
“Somos 20 organizaciones sindicales, entre las cuales está SADOP, que venimos trabajando hace mucho tiempo en salud laboral. Desde ahì hemos hablado con legisladores en los distintos bloques y hemos planteado el armado de un foro provincial que lo integramos nosotros así como colegios de abogados, asociaciones de abogados laboralistas,asociaciones de magistrados e institutos del derecho del trabajo de la provincia de Buenos Aires, que decimos que el planteo a la norma nacional es inconstitucional porque viola absolutamente el marco normativo de la provincia de Buenos Aires. Más allá de eso y desde la mirada de los trabajadores nos encontramos ante una ley claramente perjudicial porque vuelve a encorsetar por las vías de las Comisiones Médicas como una instancia de carácter obligatoria y excluyente por la cual deben pasar los trabajadores impidiendo de esa manera el acceso a la Justicia de manera directa y poniendo en manos de médicos cuestiones que corresponde que la traten los jueces de trabajo, que son el fuero natural de los trabajadores” describe Jaureguiberry.
Entre las críticas que realiza la dirigente de SADOP menciona: “Nos encontramos que los médicos que integran las comisiones no son trabajadores en relación de dependencia con el Estado, muchos de ellos están contratados con sistemas de contratación de esos cuerpos” relata. “Volver a la via de las comisiones médicas como instancia única y excluyente implica volver a los noventa” asevera.
La Ley de Accidentes de Trabajo fue sancionada a mediados de los años noventa en pleno auge neoliberal durante el menemismo. Jaureguiberry recuerda. “desde el año 1995 en SADOP siempre hemos tenido una postura coherente. Es una ley que desde su nacimiento se hizo para beneficiar a las empresas y no para cuidar la salud de los trabajadores. Pusieron al zorro a cuidar a las gallinas” afirma.
“Este parche que se buscó ponerle a la norma es la respuesta a los sectores empresarios que hablan de mayores niveles de litigiosidad, pero en realidad cuando hablamos de mayores niveles de litigiosidad estamos hablando de trabajadores que se encuentran con la insuficiencia del sistema para cubrir los daños y también estamos hablando con empleadores que lejos de la prevención resuelven la instancia reparatoria a través de los mecanismos de la ART que son empresas privadas” explica.
Un rasgo de la sanción y aplicación durante los años noventa en adelante fue un mayor nivel de desprotección para los trabajadores ya que, entre varias medidas, enfermedades laborales no pasaron a ser consideradas como tal en una ambición del sector empresario y de las aseguradoras de maximizar su ganancias.
“Hoy seguimos igual” describe Jaureguiberry. “El sistema atiende una parte que es la reparación y de manera insuficiente, dejan muy escondida las enfermedades profesionales. Muchos más vistos están los accidentes de trabajo, pero aquí vale aclarar que esto es dentro de los compañeros que están en el sistema formal. Un 30% de los trabajadores trabajan en negro y no tienen acceso al sistema” completa.
“Nos encontramos que en Argentina hay una subregistración de las enfermedades laborales y también hay un sistema cerrado que no se modifica en el tiempo en relación a las enfermedades laborales, que no incluye nuevas realidades, que no atiende los riesgos psicosociales del trabajo” apunta.
“Se debe enfocar a una mirada integral y a una reforma del sistema de salud donde debe ser derogada toda la normativa, no sólo la de Riesgos de Trabajo, también de referente a Seguridad e Higiene y su decreto reglamentario. La ley es de 1972 y el decreto es de 1979, dos momentos de dictaduras, además respondiendo a un mundo con características absolutamente diferentes. En Argentina se contempla la normativa con un trabajador sin psiquis” describe.
Un tema muy presente en las discusiones en torno a ley es la prevención, el primer factor que debería ser tenido en cuenta para mitigar las enfermedades y los accidentes.
“La salud laboral es un tema político que tiene aristas de tratamiento técnico” afirma la dirigente de SADOP. “Debe ser mirada en su integralidad y debe ser mirada en contexto y siempre te remite a las condiciones de trabajo y en las cuestiones de prevención también se remite al empleador que queda muy desdibujado en un esquema en que todo se resuelve no cumpliendo las normas de prevención sino con pagar una ART para resolver los eventos dañosos” explica.
“También queremos dejar en claro que para nosotros no hay salud laboral sin participación de los trabajadores. Este esquema normativo es absolutamente regresivos y violatorios de convenios internacionales como es el 155 y el 187 que son de Seguridad e Higiene en el trabajo que la Argentina ha ratificado por lo cual son ley para la Argentina y lo que determinan es la obligatoriedad de establecer un programa que tiene etapas, que empieza por la prevención donde el Estado tiene que tener un rol protagónico en el desarrollo de ese plan de salud con la participación de los trabajadores” concluye.
EL TRABAJO EN LA PREVENCIÓN ¿PARA CUÁNDO?
“Lo que pasó en provincia de Buenos Aires es el puntapié inicial” narra Jaureguiberry. “El 24 de mayo el ministro de Trabajo de la Nación ( Jorge Triaca) ha presentado un anteproyecto de la Intendencia de Riesgos de Trabajo para que se trate en el Consejo Tripartito que está integrado por la CGT, por miembros del sector empresario y por el Estado para generar una reforma integral en el sistema de prevención. Hemos tenido a la vista el borrador y ya encontramos una serie de puntos cuestionables, se habla de comités mixtos pero en la composición que los integran queda excluida la posibilidad de participación organizada de los trabajadores a través de los delegados sindicales” evalúa.
“Se abre un espacio de debate donde tenemos mucho para aportar, tenemos la experiencia acumulada de lo que hacemos todos los días cada uno en el rubro que nos toca, pero también nos hemos dedicado a generar nuestras propias investigaciones, estadísticas. Nuestras voces deben ser escuchadas a los fines de poder sacar un sistema protectorio donde realmente esté puesto en el centro de la escena los trabajadores, de la salud laboral como parte integral de nuestra salud” finaliza.
