Corriente Federal de Trabajadores
Por Gabriel Fernández *
El ministro de Economía, Martín Guzmán presentó, a través de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia un proyecto para abordar la deuda externa en la mesa de entradas de la Cámara de Diputados. Señaló, antes de entregar la iniciativa, que se inscribe dentro del marco de la Ley de Administración Financiera, “que pide que el país mejore plazos, tasas de interés y monto de capital”. La intención oficial es diferir los pagos y obtener una quita del 50 por ciento en los intereses.
Los primeros artículos autorizan al Poder Ejecutivo a realizar el canje. Para gestionar esa perspectiva se propone la contratación del estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y del grupo de bancos que negociará la reestructuración de la deuda soberana, así como la definición de los respectivos prospectos de los nuevos títulos. Asimismo se buscará una prórroga de jurisdicción: el proyecto de ley señala que los nuevos bonos se emitirán bajo legislación extranjera. En su artículo 3°, el proyecto establece la autorización al Ministerio de Economía, a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros”.
Vale recordar que en períodos previos acciones semejantes se resolvieron por decreto; en este tramo, el Gobierno busca que todo forme parte del debate parlamentario y se disponga a través de una ley. El proyecto también dispone que se deberán abonar comisiones en condiciones de mercado a entidades financieras y asesores que presten los servicios enumerados y aclara que las mismas no podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto de deuda canjeado y / o reestructurado. Agrega que “en forma previa a la suscripción de los contratos se deberá dar intervención a la Sindicatura General de La Nación”.
El proyecto encaja dentro de la Ley de Administración Financiera, que establece en su artículo 65 que el “Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida en que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Por eso durante su presentación el funcionario aseveró que esa normativa “pide que el país mejore al menos dos de tres condiciones que son plazos, tasas de interés y monto de capital. Nosotros necesitamos una solución sostenible. Hoy la situación es crítica, la carga de la deuda no se puede sostener”.
El ministro Guzmán planteó los lineamientos generales hacia una reestructuración posible. La intención es que haya un recorte de los intereses del 50% y que no haya quita de capital. Con respecto a los plazos, el objetivo es lograr dos años de gracia en los que no haya pagos ni de capital ni de intereses, tal como había anunciado el presidente Alberto Fernández antes de su asunción. Guzmán señaló que “la Argentina no puede sostener la carga de deuda que hoy enfrenta; hay voluntad de pago, pero para poder hacerlo el país necesita generar capacidad, es fundamental que exista un alivio a la carga de deuda”. En esa dirección afirmó que el Gobierno está conversando con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) para postergar el pago de los vencimientos de USD 44 mil millones que el país tiene con el organismo multilateral.
Este es, básicamente, el panorama. Sin embargo, en toda narración económica queda la duda acerca de lo que realmente encarna la situación descripta. El caso es que la Argentina, hoy como durante la dictadura mediante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, tiene una acreencia externa con rasgos esenciales: es impagable en su monto total y fue contraída sin estar fundamentada por la realidad económica nacional. Esa deuda fue adquirida durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri de modo acelerado, y equivale al monto de capitales fugados del país durante el mismo lapso. Resulta palpable, ante la evidencia del desplome de la industria nacional y la caída vertical en las arcas fiscales, que la misma no derivó en beneficio alguno para el país.
De tal modo, entre argentinos, podemos decirnos: lo que intenta Guzmán es ganar tiempo mientras se concretan contactos internacionales destinados a morigerar intereses y plazos. También, se busca lograr ese tiempo a la espera del renacer del mercado interno –lo cual genera capacidad recaudatoria- en base a las primeras medidas pro activas, “de abajo hacia arriba” dispuestas por la actual gestión. En la misma dirección, se aguarda que la adecuación impositiva de los grandes exportadores primarios facilite recursos que se encuentran en manos privadas. Es decir, hoy como ayer, se pone –por consecuencia de lo actuado en el gobierno anterior- una gran parte de las energías centrales de la Nación al servicio de la acumulación de divisas para afrontar el adeudo.
Es posible debatir el proyecto. Desde el campo nacional popular podrá objetarse que la reducción exigida no se extienda hacia el capital total, asentado en el análisis del propio jefe de Estado (el FMI es corresponsable por prestar dinero que sabe que no se podrá devolver); sin embargo, eso implicaría un quiebre de lanzas fuerte de la actual administración con el conjunto del espacio financiero internacional. Lo cual nos resulta grato en primera instancia, pero la opción porta en su interior algunos elementos a considerar: por el momento no hay ligazón regional para articular un club de deudores que presione en dirección simultánea; la concentración local en sintonía con la semi dolarización de la economía no lo admite; una gran parte de la población no está alineada mediante la información adecuada para hacer frente a los esfuerzos que un corte implicaría.
Entonces, reiteramos lo planteado en la última edición de Fuentes Seguras: la intención gubernamental de conducir una transición ordenada, sin acusaciones cruzadas de fuste, si bien resulta justificada por el afán de calmar los contrastes sociales, lleva a carecer de una herramienta significativa. Esa herramienta es el conocimiento masivo de la catastrófica situación heredada del macrismo y el aprovechamiento de un potencial movilizador gigantesco para respaldar las propuestas nacionales en todos los órdenes de la economía. De hecho, aunque en ello le va el futuro, la opinión pública argentina no ha prestado atención al discurso de Guzmán, como si se tratara de otra alocución técnica, de esas que los economistas difunden para referirse a asuntos incomprensibles.
Vale recordar que la Argentina, durante el gobierno iniciado en 2003, efectuó un gigantesco proceso de recuperación tras la hecatombe que eclosionó en 2001 como resultado de una década de ajuste, desnacionalización y desindustrialización. Ese esfuerzo permitió al ex presidente Néstor Kirchner anunciar el desendeudamiento, que liberó al país de la carga persistente traducida en la adecuación presupuestaria del país a las exigencias de los acreedores. Esa deuda, cabe insistir, nació durante la gestión dictatorial. La presente, lamentamos admitir, surgió de una acción antinacional llevada adelante por un gobierno constitucional, que llegó gracias al voto de una parte de la ciudadanía.
Esta es información que sólo ha sido difundida, retaceada, por medios y secciones especializadas. Creemos que es una base para un debate realmente hondo y abarcativo. Ese debate debería incluir alternativas específicas de carácter técnico pero también una evaluación clara del potencial del pueblo argentino para abordar las instancias sugeridas.
Director Sindical Federal / La Señal Medios / Radio Gráfica
