Corriente Federal de Trabajadores
Jorge Rachid analizó en diálogo con Sindical Federal la situación de los sistemas solidarios de salud. ¿Por qué están desfinanciados? ¿Por qué es necesario un cambio en el sistema de salud? ¿Qué significa “meter las mangueras para adentro” recuperando el control de los recursos? Los principales aspectos de un sistema integral de salud. Entrevista por Gabriel Fernández y Leonardo Martín.
No es un debate nuevo, pero sobrevolaba por debajo del radar desde hace tiempo. El discurso de Cristina Kirchner el 18 de diciembre pasado en el estadio Ciudad de La Plata donde afirmó la necesidad de ir “hacia un sistema integral de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, puso el debate en la superficie.
Entre muchas otras cuestiones, la pandemia dejó en evidencia la fragilidad de los sistemas de salud que en muchas partes del mundo se vieron colapsados, situación que se produjo incluso en los países que ostentan la mayor riqueza a nivel global. En Argentina obligó a una acelerada recomposición de un sistema de salud público muy castigado que, vale decir, logró que cada contagiado de Covid-19 tuviera la atención necesaria, sin llevar a los médicos al dilema moral y humano de tener que elegir a quien dar un respirador. El contexto de la pandemia parece la ocasión propicia para dar un debate estructural, cómo mejorar el sistema de salud, como “optimizar” los recursos, en definitiva cómo cuidar de mejor modo la salud de los argentinos.
Jorge Rachid es médico sanitarista, un militante histórico del campo nacional, integrante del Núcleo del MTA que integra a la Corriente Federal de Trabajadores. Asesora al gobierno de Axel Kicillof en lo referido a la pandemia, así como también es uno de los impulsores y de los que trabajan activamente por las modificaciones en el sistema de salud reivindicando la tarea de los sistemas solidarios públicos y de las obras sociales.
Consultado por Sindical Federal, para explicar el presente va hacia el pasado, hacia las últimas tres décadas donde se fue configurando la situación actual. El quiebre lo señala a comienzos de los años noventa, en la presidencia de Carlos Menem, “allí comienza la película del deterioro de los sistemas solidarios de salud donde fueron atacados, desmontados y deconstruidos”.
Primer quiebre, año 1990. Un año antes Menem había ganado las elecciones haciendo campaña con las banderas históricas del peronismo, pero al asumir la historia es conocida. Toma el camino neoliberal con privatizaciones, con la orientación de la economía a un modelo con predominio de lo financiero. Época de alineamiento con el consenso de Washington donde la salud, como tantos otros aspectos de la vida de los argentinos, sufrieron transformaciones que favorecieron a actores privados y negocios de los sectores financieros ligados a ellos.
“La primera medida fue quitar al sistema solidario de salud de las obras sociales un 14,5% de los recursos que recibían en el año 1990. Era el 1% del 7% que aportan los trabajadores. Fue una medida de Cavallo donde tomó esos recursos con la excusa de crear trabajo. Ya sabemos como nos fue en los años siguientes…”, detalla Rachid.
“Posteriormente, se le sacó la recaudación directa a las obras sociales. Se la pasaron a la AFIP, situación que aún se mantiene hasta hoy”, agrega.
“En 1994 se sanciona la nueva Constitución en donde una de sus consecuencias fue fragmentar sanitariamente al país. Quedó un solo capítulo sobre la salud donde habla de consumidores y no de derechos, por lo tanto si hay consumidores hay mercado”, apunta el también dirigente de la agrupación política Primero la Patria.
“En ese 1994 se sancionó la ley 24.241 que comenzó por el descreme del sistema de seguridad social a partir a partir de la creación de las AFJP. En el año 1996 se sancionó la ley 24.557 de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). Fueron dos subsistemas manejados por siete bancos a los cuales se sumó la ofensiva del Banco Mundial con un préstamo de 600 millones de dólares. 200 millones eran para gerenciar el PAMI, lo que implicaba un primer paso a la privatización del principal sistema de seguridad social en América latina en salud; 200 millones de dólares para desregular las obras sociales que terminó concretando Chacho Alvarez en el 2000 con el decreto 446 y 200 millones para regular las prepagas”, recuerda Rachid.
“En esa época se desregularon los sistemas solidarios y se regularon las prepagas, que lo hicieron para sacar a todo el chiquitaje que daba servicios de salud porque esa ley implicaba un encaje de 5 millones de dólares para poder ser inscripta como prepaga. Todo esto sucedió durante los años 90, fue el principio de la fragmentación de un sistema salud que hoy sigue aportando desde los sistemas solidarios de salud el 91/92% de la inversión total en Argentina”.
LOS CUATRO SISTEMAS SOLIDARIOS: “TIENEN QUE PONER LAS MANGUERAS HACIA ADENTRO”
“Existen en el país cuatro sistemas solidarios, tres son de salarios diferidos de trabajadores activos y pasivos y uno es de fondos tributarios. Los primeros tres sectores son las obras sociales sindicales que atienden al 43% de la población, el PAMI el 17%, obras sociales provinciales 17% y, por otro lado, está el sector público hospitalario. Esta es la inversión en salud en Argentina, una inversión que no se concreta en una presencia poderosa y activa de los sistema solidarios porque todas las mangueras de estos sistemas están hacia afuera. Estos cuatro sectores tienen que poner las mangueras hacia adentro. Es el programa que se está llevando adelante y que se está discutiendo desde hace 4 años al que llamo La mesa de las cuatro patas. Necesitamos empezar a ser nosotros el supermercado de la salud que define las góndolas y no los prestadores, la industria farmacéutica y los prestadores médicos que destrozan los recursos, financieramente, de los sectores que están invirtiendo en salud”, afirma Rachid.
“El 92% de las resonancias magnéticas nucleares son absolutamente normales, no hay trabajo médico atrás, se pide por pedir y por estímulos indirectos.
El sector farmacéutico se lleva, en un proceso de medicalización inédito, el 32% de la inversión total de salud. En ningún país del mundo se llevan más del 14% de la inversión total”, añade.
“Hay un saqueo sobre los sistema de salud, es necesario poner las mangueras hacia adentro en un proceso paulatino, de construcción política y organización, sumando que el Ministerio de Salud recupere sus capacidades en todos los ámbitos. Hoy la aprobación de medicamentos se discute en la Secretaría de Comercio, no en el Ministerio de Salud. La entrada de medicamentos de Estados Unidos, Europa, Japón e Israel es directamente por ANMAT, que no lo maneja Salud. La Superintendencia de Salud no depende directamente del ministro de Salud; la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y el Dictamen de invalidez dependen del Ministerio de Trabajo”, detalló.
“La fragmentación que maneja el Ministerio de Salud es enorme. Desde la Constitución de 1994 debe discutir con las 24 provincias, municipalizó el Hospital Público y permitió la tercerización de la salud y el lucro dentro del hospital público en el sistema de imágenes, laboratorios y pisos enteros de hemodinamia y otras especialidades. Esto llevaba al seguro nacional de salud manejado por los bancos y lo que era la Cobertura Universal de Salud (CUS) de Macri”.
“En Argentina, el Banco Mundial y las políticas neoliberales lo fragmentaron y hoy recomponerlo significa meter las mangueras para adentro, ir paso a paso y con comunidad organizada, tienen que participar todos los actores en la mesa ejecutiva en las decisiones”, indicó.
“La industria farmacéutica factura con una ganancia del 1000% con el medicamento de menor valor en la cadena, llegando en otros al 33.000%. La idea de la industria farmacéutica es la cronificación de las enfermedades. Hay que discutir qué hace el Estado con los medicamentos de altos precios de baja incidencia que están desfinanciando al sistema. Eso tenemos que discutirlo”.
“Yo no quiero comprar para ver si podemos producir a un mejor precio, quiero producir, recuperar soberanía sanitaria con una producción pública de medicamentos. Es una demanda de los subsistemas solidarios de salud, para eso hace falta una conducción que esté dispuesta a dar una pelea muy fuerte sobre la tecnología médica”.
“Otro aspecto es limitar la judicialización, las medidas cautelares, que exigen tratamientos con medicamentos no autorizados como ocurrió recientemente con el caso del dióxido de cloro”, finalizó.
Un debate abierto, que seguramente tendrá varios capítulos por delante.
Redacción: Leonardo Martín
