Corriente Federal de Trabajadores
El Gobierno comenzó a impulsar la flexibilización laboral con un proyecto que se dio a conocer esta semana. Condonación de deudas previsionales, indemnizaciones más bajas, regreso de las pasantías, el visto buena para la tercerización laboral y una rebaja progresiva de aportes patronales son algunas de las propuestas. ¿Cuál será la respuesta del movimiento obrero ante medidas una batería de medidas regresivas?
Por LEONARDO MARTÍN
Pasadas las elecciones, de la cual el Gobierno ha salido fortalecido, llegó el momento del “reformismo permanente” clamó el presidente Mauricio Macri. Reforma laboral, previsional y fiscal están en la agenda inmediata con proyectos de ley que en los casos de la laboral y fiscal ya han sido difundidos. Inclusive podrían comenzar a ser tratados en las próximas semanas en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación ya con una composición más amigable a los intereses del Poder Ejecutivo.
La performance electoral del Gobierno ha animado a terminar con la etapa “gradualista” con una agresiva y profunda serie de reformas para “la nueva Argentina“ que viene planteando Mauricio Macri. Una Argentina “moderna” e “integrada al mundo”, palabras aportadas por el marketing para dar un rostro más amigable a reformas regresivas para las grandes mayorías. Degradación de las condiciones de trabajo, disminución en las jubilaciones y pensiones y una carga impositiva tendiente a achicar el rol del Estado y liberando progresivamente de impuestos a los sectores más ricos.
El proyecto de reforma laboral comenzó a circular a partir del lunes, poco después del discurso del Presidente en el CCK. 56 páginas, 145 artículos componen un proyecto que ha despertado numerosas críticas e inquietudes. El objetivo central que pretende el Gobierno es mejorar la rentabilidad empresaria bajando el “costo laboral” a partir de los cambios legislativos.
Otro aspecto es blindar al sector empresario frente a las demandas judiciales,de la “alta litigiosidad laboral” e “industria del juicio” como suele mencionar el Presidente. Ya sea por incumplimientos laborales pasados, por responsabilidad solidaria en el caso de las tercerizaciones o en la misma rebaja del tiempo para iniciar las demandas.
Los ejes centrales de la reforma presentada son:
- Blanqueo Laboral: Detrás de un dato positivo que buscar el ingreso al sistema formal de, al menos una porción, de los más de 4 millones de trabajadores no registrados, existe una muy generosa condonación total de deudas previsionales de hasta cinco años para aquellos que blanqueen a sus trabajadores. Además de una amnistía frente a posibles demandas judiciales que puedan hacer los trabajadores por los incumplimientos. Para no desfinanciar a la seguridad social el Tesoro nacional aportará a la ANSES los períodos condonados. Es decir una transferencia de recursos gigante de la sociedad hacia el sector empresario y cubriendo los oportunos incumplimientos.
- Baja Progresiva de las Contribuciones Patronales: Se establece un monto mínimo no imponible de contribuciones patronales que se elevará gradualmente desde 2018 hasta 2022. El riesgo de desfinanciamiento del sistema previsional está presente en este punto.
- Baja en las indemnizaciones: Para abaratar, el Gobierno propone eliminar de la base de cálculo el aguinaldo, los premios y otro tipo de adicionales al salario. También se habilita a negociar entre las cámaras patronales y los gremios el Fondo de Cese Laboral para reemplazar la actual indemnización. El fondo será administrado por un ente sin fines de lucro y de conducción tripartita y se constituirá a partir de un aporte obligatorio mensual a cargo del empleador desde el inicio de la relación laboral. Es decir el trabajador irá aportando para su propio despido.
- Bajar el pago de horas extras: El empleador pagaría un monto menor por las horas extras, además de la posibilidad a partir del “banco de horas” de reacomodar jornadas laborales.
- Propiciar las tercerización laboral: Las empresas que subcontraten servicios quedarán eximidos de la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones de los contratistas respecto a los trabajadores ocupados para la prestación de esos servicios, incluyendo la extinción contractual y las obligaciones de la seguridad social.
- Regreso de las Pasantías: Con el renovado nombre de Prácticas Formativas volverán las pasantías. No generarán relación laboral y se extenderán también al sector público. La duración y carga horaria de las prácticas se definirán en los convenios colectivos de actividad, con un máximo de hasta 12 meses y una carga horaria de hasta 30 horas semanales.
- Reducción de 2 años a 1 el plazo para iniciar juicios laborales.
El argumento es que a partir de estas reformas, de la baja del costo laboral se producirá la “liberación de las fuerzas productivas” en un homenaje sintáctico y semántico a la tristemente célebre frase utilizada por Martínez de Hoz. Argumento similar al utilizado durante la última Dictadura Militar para promocionar el programa económico que tuvo consecuencias devastadoras para la producción y el empleo.
El círculo virtuoso que imagina el Gobierno es que con menos impuestos, indemnizaciones más bajas y protección ante las demandas judiciales, el sector empresario tendría el incentivo necesario para invertir, generar empleo de calidad y reducir de ese modo la pobreza. Un camino que en nuestro país ya ha sido transitado durante los años noventa y en la breve experiencia de la Alianza. Los beneficios proclamados sólo fueron anuncios, la realidad bien distante de las promesas. Ni hablar de otras latitudes donde tampoco esas medidas han generado el bienestar con que se las promociona.
Las consecuencias serán una mayor precarización laboral, desfinanciamiento del sistema previsional, un acrecentamiento de la asimetría entre el sector empresario y el trabajo, baja de los ingresos de los trabajadores propiciando, además, el trabajo gratis o a bajísimo costo con la vuelta de las pasantías, hoy llamadas prácticas formativas. El planteo presidencial fue “todos tenemos que ceder un poco”. En estas reformas, hasta ahora, sólo se ve como ceden los trabajadores.
A tono con el ideario liberal de los empresarios, CEO´s y representantes de los sectores más concentrados de la economía hoy al mando del Gobierno se retira progresivamente al Estado para darle mayor protagonismo al mercado. Disciplinar a los trabajadores a las nuevas condiciones y achicar la capacidad regulatoria y los recursos del Estado es una necesidad para la “nueva Argentina”.
¿Qué respuesta tendrá la CGT ante esta coyuntura? En las expresiones de los dirigentes que son parte del triunvirato o del Consejo Directivo hasta ahora han mantenido una crítica muy prudente, pero es cierto que van creciendo las tensiones. Dentro de los diversos espacios sindicales que conviven en el ecosistema gremial la Corriente Federal de Trabajadores es el que viene sosteniendo la postura más clara en el rechazo a estas políticas. Desde su misma creación ha planteado una postura crítica, con la propuesta de un programa para discutir un proyecto integral de país.
Llega el tiempo de definiciones y decisiones que modificarán la vida cotidiana de millones de argentinos para los tiempos venideros. La esperanza es que la CGT como conjunto de la respuesta adecuada para no permitir la pérdida de derechos conquistados a lo largo de la historia. Hasta ahora las señales no han sido convincentes, pero recién comienza el recorrido.
Pero allí no se agota las urgencias, también es necesaria la unidad en el campo político. Desde el Congreso no convalidar cambios regresivos para que la quita de derechos no se consume. Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras legislativas por lo cual está obligado a establecer negociaciones. Si los diputados y senadores opositores respetan el mandato con el cual fueron electos la vía del Congreso no debería ser propicia para la sanción. Es cierto que en 2016 el Congreso era más adverso y aún así el Gobierno logró sancionar el pago a los fondos buitres, el blanqueo de capitales, entre otras medidas.
La unidad de ambos frentes es esencial. El campo sindical con su capacidad de fuerza y movilización y el sector político para expresarlo por los canales donde prima su acción y en el debate público. Las cartas están echadas, el juego ha comenzado. Vienen tiempos políticamente intensos.
