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El recetario del FMI para el Gobierno, profundizar al ajuste

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Se conocieron las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional al Gobierno argentino para habilitar los tramos del préstamo de 50 mil millones de dólares aprobado recientemente y que se extenderá por los próximos tres años. El recetario del equipo técnico del Fondo es duro, pero no puede sorprender a nadie. Es la misma fórmula de siempre del Fondo pidiendo ajuste y más recaudación de impuestos para garantizarse el repago del crédito otorgado a Argentina y salvaguardar los intereses del sector financiero al cual el macrismo facilita negocios muy rentables. 

El objetivo que mencionan día a día los funcionarios del Gobierno nacional es la necesidad de bajar el déficit fiscal para lo cual se comprometieron a reducirlo a 1,3% del PBI para el próximo año. El presupuesto 2019, que promete un debate parlamentario intenso, contempla una reducción de 300 mil millones de pesos en los gastos. Se hablará mucho el modo en que se ajustará entre el Estado nacional y las provincias, quien cargará con el peso del ajuste. Lo cierto es que los perjudicados serán millones de argentinos que sufrirán con un Estado en retirada, con salarios más bajos y menores recursos para salud, educación y la seguridad social, con tarifas de los servicios públicos y transporte imposibles de pagar.

Estos son algunos de los puntos “sugeridos” por el Fondo Monetario Internacional:

  • Mantener las retenciones a la soja en un 25,5%. ¿Qué compromiso pesará más para el Presidente? ¿Continuar con la rebaja gradual de retenciones a la exportación de soja o cumplir con el FMI?
  • Demorar hasta 2020 la implementación de algunas disposiciones establecidas en la reforma tributaria (la reducción de cargas laborales para los empleadores y la posibilidad de deducir impuesto al cheque del impuesto a las Ganancias).
  • Reducir más los subsidios a energía y transporte, más tarifazos.
  • Recortar el gasto público en bienes y servicios, con una baja del 15% en términos reales y continuando en 2019.
  • Recortar el gasto en salarios en el Estado mediante un recorte de “empleados no prioritarios” en 2018 y congelar las contrataciones en el sector público en 2019 y 2020, excluyendo a las universidades.
  • Limitar la suba nominal de los salarios del sector público (incluyendo pagos no remunerativos) al 8% entre junio de 2018 y junio de 2019. (8% de incremento salarial para una inflación estimada solo entre junio y diciembre de 2018 de casi el 20%. Panorama complicado).
  • Recortar las transferencias a empresas del estado un 15% en 2019, y realizar esfuerzos para fortalecer su posición financiera.
  • Reducir las transferencias a las provincias un 1,2% del PBI en 2019, y asegurar que esa reducción se complete con recortes en los gastos provinciales en bienes, servicios y salarios. De esta manera, se impulsa que la reducción del déficit fiscal se refuerce a nivel provincial.
  • Recortar un 0,6% del PBI el gasto en capital, a la espera de que los proyectos en la modalidad PPP (participación público privado) permita mantener el nivel de actividad en la obra pública.
  • Vender tierras e inmuebles públicos y amortizar los activos en fondos de pensión (el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES) para financiar parcialmente el gasto público en antiguos litigios judiciales por jubilaciones. Esto básicamente es quebrar la sustentabilidad del sistema previsional hacia el futuro. 

 

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