Corriente Federal de Trabajadores
En las próximas horas, de no mediar nada extraño, el presidente Mauricio Macri firmará el decreto que contempla el pago de un bono de 5000 pesos y mecanismos para dilatar despidos hasta marzo del año que viene. El pago del bono, en el mejor de los casos será en dos tramos – noviembre y enero-, a cobrar por trabajadores del sector privado. Será de carácter no remunerativo quedando fuera del acuerdo trabajadores que dependen del Estado nacional, provincial y municipal. Tampoco lo cobrarán los trabajadores rurales y el servicio doméstico.
Por LEONARDO MARTÍN
Lo cierto es que la medida lejos ha estado de lograr un consenso que haya conformado a los diversos sectores. Del lado gremial muchos entienden que es apenas un paliativo y que no resuelve la cuestión de fondo que es el modelo económico del macrismo. Del sector empresarial también advierten que muchas de las empresas no están en condiciones de afrontar el pago del bono. El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja declaró que seis de cada diez empresas no están en condiciones de abonarlo.
El referente gráfico y de la Corriente Federal de Trabajadores, Héctor Amichetti opinó sobre el acuerdo en una entrevista en Radio Gráfica, “se repite la negociación del año anterior –en referencia al fallido acuerdo de fines del 2016 – y el resultado va a ser el mismo. Es un error pensar que se puede acordar un paliativo a la grave situación que viven los trabajadores a través de un bono y una advertencia sobre los despidos. El pedido real debe ser el cambio de la política económica, defender el poder adquisitivo del salario y los puestos de trabajo».
«No hay paliativo que justifique ir para atrás con el paro” subrayó Amichetti.
Carlos Minucci, otro de los referentes de los referentes de la Corriente Federal y titular del gremio del personal superior de empresas de energía, declaró a El Destape, la necesidad de»un cambio en la política económica» advirtiendo que «con un bono no solucionamos el problema a nivel movimiento obrero«.
También disparó contra la CGT a la que calificó que «vuelve a demostrar que no está a la altura de las circunstancias del movimiento obrero (…) creemos que la CGT se está equivocando».
Más allá de la discusión pública que ha generando el pago del bono en la práctica será menos tangible de lo que se sugiere. No sólo porque el amplio espectro del sector público en todas las variantes que queda fuera del decreto. También porque el mismo contempla para el empleador una variedad de excepciones para su pago.
Entre ellas, puede considerarse como un pago a cuenta de las revisiones salariales muchas de ellas ya efectuadas, otras en plena negociación así como ser absorbido por otros incrementos salariales que haya tenido el trabajador. Dada la compleja situación económica, en las empresas en crisis el pago, también, podría abonarse en cuotas extendiendo los meses previstos.
Con la firma del decreto se disipa la posibilidad de un paro nacional de 36 horas con el cual había amenazado el binomio de conducción de la CGT semanas atrás. En un escenario social muy complejo el Gobierno toma un poco de aire y una noticia positiva a días de la realización del G20 en nuestro país.
Sumado al bono, el otro aspecto que contemplará el decreto es un mecanismo que crea instancias de negociación frente a los despidos. El texto del decreto contempla que el empleador debe notificar al Ministerio de Trabajo y Producción con diez días hábiles de antelación antes de realizar un despido. Allí se podrá abrir una instancia de negociación entre el sindicato correspondiente y el empleador bajo el paraguas del Ministerio para buscar un camino que evite la cesantía. La apertura de esa instancia no implica que se puedan producir los despidos una vez finalizada las negociaciones.
Es previsible que el acuerdo genere una andanada de críticas sobre la conducción de la CGT ampliando la brecha con los sectores más combativos. De parte de los más de 70 gremios que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional – Corriente Federal de Trabajadores, moyanismo más SMATA – vienen reclamando un postura más combativa de parte de la CGT frente a las medidas económicas del macrismo.
En ese contexto, comienzan a escucharse voces de ese espacio que insisten en que la conducción de la CGT debe convocar a un Comité Central Confederal del cual pueden participar todos los gremios confederados y que es la instancia que puede habilitar un cambio de autoridades en la central obrera. Un pedido que dado devenir del presente se va tornando cada vez más urgente.
