Corriente Federal de Trabajadores
Eduardo “Vasco” Murúa, director Nacional de Empresas Recuperadas dialogó con Radio Gráfica. La situación del sector en el contexto de pandemia, el futuro próximo.
Entrevista: Gabriel Fernández / Texto: Leonardo Martín
“Veníamos mal de los cuatro años del macrismo, estábamos pensando en cómo recomponer y en el medio vino esta pandemia que nos provoca un daño mayor”, afirma para comenzar la conversación el Eduardo “Vasco” Murúa, dirigente hoy a cargo de la Dirección enfocada en las empresas recuperadas que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Un sector, como gran parte de la economía argentina, profundamente castigado por el deterioro del mercado interno, los tarifazos, la falta del acceso al crédito y la pandemia, por supuesto.
“En cuanto al funcionamiento del sector, en este contexto de la pandemia, la situación es dispar. El 55% de las empresas está trabajando. Allí se están pudiendo sostener los salarios, pero tenemos una gran preocupación por aquellas que no pueden desarrollar tareas”, indica.
El Gobierno nacional salió al rescate de las empresas del sector privado, entre otras medidas, pagando el 50% del salario, reduciendo cargas patronales y estableciendo líneas de crédito. Las empresas recuperadas cooperativas han quedado fuera de esos beneficios. Son en total 400 en el país, dando empleo a 15.000 trabajadores.
“Lamentablemente hay una gran asimetría de recursos entre los que reciben las empresas del sector privado y las empresas recuperadas”, explica. “Pudimos sacar 1700 salarios sociales complementarios en los últimos días. Estamos trabajando para sostener los puestos de trabajo, tener las empresas en funcionamiento”, describe Murúa.
“Lamentablemente hay una gran asimetría de recursos entre los que reciben las empresas del sector privado y las empresas recuperadas”.
“Soy autocrítico, han pasado cinco meses y hemos hecho poco. Tenemos proyectos que están en el circuito de cobro para frigoríficos, a otros ayudamos a comprar papel, por ejemplo”, pero apunta que las necesidades dentro de las recuperadas son muchas y urgentes.
En relación a las tareas que llevan adelante señaló que “habíamos diseñado desde la dirección cuatro líneas de crédito y subsidios y la creación de un fideicomiso para bajar el costo financiero. Estamos trabajando para que haya un reconocimiento y una política clara para el sector. Estamos convencidos que lo podemos hacer».
EL PROYECTO DE LEY DE RECUPERACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS
Un tema siempre central en las empresas recuperadas es la situación judicial que otorgue previsibilidad y el marco jurídica para poder operar con normalidad. En ese marco, desde el sector vienen impulsando una Ley de Recuperación de Unidades Productivas que, entre otras medidas, avanzaría en el reconocimiento legal habilitando, además, resortes institucionales para que el Estado intervenga en el proceso de recuperación de una unidad productiva por sus trabajadores.
“Esperemos que el Congreso la trate, hemos conseguido el apoyo del Bloque Sindical -un grupo de ocho legisladores de extracción gremial que son parte del Frente de Todos-. Es una ley que es necesaria para no que no se cierren más empresas, para que todos los trabajadores organizados puedan mantener su continuidad laboral y que no se pierda más capital social”, detalló.
“Es una ley que es necesaria para no que no se cierren más empresas, para que todos los trabajadores organizados puedan mantener su continuidad laboral y que no se pierda más capital social”.
“No es una ley solo para que los trabajadores recuperen empresas, es una ley para la Patria, para sostener un capital social que se había construido con inversión privada, un gran aporte de los trabajadores y aportes del Estado, por ejemplo con líneas de crédito. Eso no se puede perder de un día para otro por una decisión patronal”, añadió.
Como ocurrió en la crisis del 2001/2002, la pandemia macrista junto a la de Covid-19, pone en riesgo la supervivencia de empresas del sector privado. En ese contexto, se puede presumir el intento de cierre, quiebras o abandono por parte de patrones que tengan como salida experiencias cooperativas para sostener los puestos de trabajo.
“Quizás cuando reabra el sector judicial nos encontremos con alguna sorpresa, pero hasta ahora, como el Estado ha sostenido la mitad de los salarios todavía no ha habido quiebras. Un sector muy complicado es el gastronómico donde la situación está muy difícil para los privados y para los que ya habíamos recuperado, creemos que ahí vamos a tener que recuperar alguno más”, adelantó
EL FUTURO ECONÓMICO, LOS DEBATES
Con la pandemia y la crisis económica, se intensifican los debates dentro del campo nacional. ¿Cómo afrontarla? ¿Cómo proyectar políticamente hacia el futuro? Murúa se inserta en el debate sin vueltas.
“Falta un dirección dentro del movimiento popular que piense en la clase. Cuando digo la clase me refiero a trabajadores bajo relación de dependencia, de la economía popular, desocupados y trabajadores del Estado. Esa falta de Dirección hace que el Gobierno no se anime a más y por eso hay propuestas que no tienen razón de ser como el acuerdo CGT-UIA de bajar salarios. Eso es entrar en un círculo vicioso de baja de salarios porque trae menos demanda, menos trabajo, más despidos. Fue un error, no tiene ningún sentido”, afirmó.
En esa línea crítica disparó, “me parece asombroso que las Pymes no puedan pagar salarios, que no cuenten con un mínimo ahorro. El costo laboral de una Pyme es el 12%, ¿puede ser que no tengan un mínimo ahorro para cubrir salarios? Empresas recuperadas, con tecnologías atrasadas, que vienen de una quiebra, que tienen otra relación con el mercado, han afrontado el pago de salarios y ¿muchas Pymes no lo pueden hacer? Todos lloran y son capitalistas y apoyan a gobiernos amarillos cuando les conviene y son socialistas cuando le piden al Gobierno que les paguen los salarios”.
Acuerdo UIA – CGT: “Eso es entrar en un círculo vicioso de baja de salarios porque trae menos demanda, menos trabajo, más despidos. Fue un error, no tiene ningún sentido”.
“Hay que pelear en conjunto en serio, pero para cerrar la economía frente a los productos que nosotros hacemos, en función de los consumidores no mandar los precios al carajo, denunciar a los grandes monopolios. Pelean y se quejan del Estado, pero nunca hacen denuncias contra Techint, Aluar, Arcor ni los supermercados. Creo que los trabajadores privados, de la economía popular, del Estado y Pymes debemos hacer un frente común, pero para pelear contra el poder internacional y contra las políticas de los monopolios en contra de nuestro pueblo”, argumentó Murúa.
Por último, hizo referencia al Impuesto a las Grandes Riquezas que en las últimas semanas ha perdido impulso su sanción. “Está tardando mucho el Impuesto, pero hay problema más grave en nuestro país que es la Ley de Entidades Financieras, que el Banco Central no funcione como un Banco de Desarrollo y que no tenga políticas claras para que no se sigan fugando capitales. Estoy de acuerdo con el Impuesto, pero si van a seguir fugando capitales no sirve”.
