Corriente Federal de Trabajadores
El Gobierno nacional oficializó esta mañana las modificaciones en el pago del aguinaldo en los empleados estatales. Pagará con normalidad para aquellos que deban recibir el medio aguinaldo por un monto hasta $ 40.000 (brutos), aquellos que superen esa cifra la suma excedente la cobrarán en dos cuotas, una en julio, la otra en agosto. Rechazo de los gremios que nuclean a trabajadores dependientes de la Administración Nacional.
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La medida fue comunicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 547/2020 con el acompañamiento de todos los ministros. «Que en atención a las restricciones fiscales imperantes reconocidas por la Ley N° 27.541 y a su agravamiento por la pandemia de COVID-19, se estima necesario establecer una modalidad de pago de la primera mitad del sueldo anual complementario para el personal comprendido en el Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156, correspondiente al Ejercicio 2020 que mitigue su efecto financiero en el Tesoro Nacional», justifica el Decreto.
Desde las organizaciones gremiales que representan trabajadores de la Administración Pública salieron a cruzar la decisión del Gobierno nacional.
Desde Secasfpi (trabajadores de ANSES) critican la medida: «Declarada la pandemia y la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (…) los trabajadores y trabajadoras del Estado no hemos cesado en nuestros trabajos dado el carácter esencial de los servicios que brindamos».
«Nuestro sindicato tuvo una participación activa en los operativos IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) realizados en los barrios más humildes y carenciados».
«Medidas como la refinanciación de la deuda de grandes evasores, las excepciones impositivas, el apoyo del sector Público para pagar los salarios del Sector Privado (incluyendo a las multinacionales), la demora en la sanción de la ley para las grandes fortunas, entre otras nos llevan a preguntarnos: ¿Por qué debemos los trabajadores y trabajadoras sufrir este atropello? El esfuerzo ya lo estamos haciendo«, indican desde la organización que encabeza Carlos Ortega.
Dentro de la heterogénea representación de gremios que existe en la Administración Pública también criticaron la medida desde UPCN y ATE Nacional, los gremios con mayor cantidad de afiliados.
BANCARIOS: «RECLAMAMOS QUE EL DECRETO SE DEJE SIN EFECTO»
El Decreto también alcanzó al Sector Público Nacional Financiero, Bancario y No Bancario. En ese marco desde la Asociación Bancaria también criticaron la decisión gubernamental y adelantaron que avanzarán con medidas judiciales.
«Rechazamos hoy la inconducente decisión de pagar, en el sector estatal, el aguinaldo en cuotas a trabajadores con salarios que ya sufren un injusto castigo impositivo sobre ingresos que tienen carácter alimentario«, expresaron en un comunicado de prensa.
«Esta decisión es además contradictoria con la demora en sancionar la necesaria ley sobre el aporte de las grandes fortunas para la emergencia. Esa demora no la pueden pagar los trabajadores».
«Reclamamos pues que el Decreto respectivo se deje sin efecto, en tanto iniciamos las acciones judiciales pertinentes«, indicaron desde el gremio que lidera Sergio Palazzo.
«Volvemos a señalar que los poderosos sectores económicos beneficiados por las irresponsables decisiones durante el período diciembre de 2015-diciembre de 2019, los profugadores de capitales y evasores de impuestos, los beneficiarios de reiterados blanqueos, los formadores oligopólicos de precios, los sub-facturadores de exportaciones son los que deben pagar, responder y aportar a la superación de la crisis».
«Para ello no sólo es necesario el mencionado1 impuesto a las grandes fortunas, sino también URGENTE una verdadera reforma tributaria, de carácter progresivo», concluyeron.
LA POSTURA DE LA CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORES
El pasado viernes 19 de junio, la Corriente Federal de Trabajadores también se había manifestado en modo crítico sobre el pago del aguinaldo en cuotas tanto en Nación, como en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
«Siendo las/los trabajadoras/es que siempre están al servicio del pueblo en modo alguno se justifica que hoy vean afectados sus ingresos, considerando, adicionalmente, que desde el primer momento acompañan la difícil situación que hoy vive el país, hoy y siempre que las circunstancias lo han requerido. Aún los que más tienen no se han puesto a la altura de las circunstancias que atravesamos, debiendo el Congreso Nacional sancionar las leyes que garanticen Justicia Social para todo el pueblo», puntualizaron en dicho comunicado.
UN EJEMPLO QUE EL SECTOR PRIVADO TOMARÁ, TAMBIÉN LAS DIFERENTES JURISDICCIONES
La situación económica es extremadamente compleja. Cuatro años de deterioro durante la alianza Cambiemos y ahora la pandemia de Covid-19 que puso al mundo patas arriba. Es innegable, también, la caída de la recaudación fiscal a partir de las restricciones por la cuarentena. En mayo, en términos reales, la recaudación a nivel nacional cayó un 22%.
También es cierto que posponer el pago del aguinaldo de los salarios medios y altos, apuntala el sendero contractivo de la economía. Entre los acuerdos realizados en base al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo con diferentes recortes en las actividades afectadas por la cuarentena, la baja del consumo y la incapacidad de trabajar para muchas actividades, entre ellos gran parte de los trabajadores informales, la economía continuará en una sinergia a la baja.
Si el Estado nacional, que cuenta con la posibilidad con muchas herramientas, entre ellas la de promover un impuesto a las grandes riquezas, toma esta medida, el sector privado seguramente pedirá condiciones similares. Seguramente, aún más favorables para los empleadores y con peores condiciones para los trabajadores con la crisis como argumento.
