Corriente Federal de Trabajadores
Reproducimos un informe realizado desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional donde denuncia la utilización de la sociedad anónima Corredores Viales para reemplazar las funcionaes de la Dirección de Vialidad Nacional, pero sin los controles institucionales que esta última debe cumplir. Vale la pena leer atentamente.
UN LOBRO BAJO LA PIEL DE CORDERO DE EMPRESA ESTATAL
El 4 de octubre del 2017, mediante el Decreto 794/17, el PEN crea una sociedad anónima “Corredores Viales S.A.” (CVSA) otorgándole las mismas misiones y funciones que tiene la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo vial del Estado Nacional desde la sanción de la Ley 11658 el 5/10/1932.
Ese mismo día, Laura Alonso, quien ocupó la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Mauricio Macri, en la cena por el día del camino en la Cámara Argentina de la Construcción celebraba “la privatización de la DNV”.
Por otra parte el mismo Decreto establece que, el por entonces MINISTERIO DE TRANSPORTE, bajo el mando de Dietrich, hoy procesado por la causa de pago indebido de indemnización de U$ 500 millones a empresas de peajes del ex presidente Macri, tendría un 51% de las acciones y la DNV el 49% restante. El Decreto 794/17 establece que no resultan aplicables para CVSA las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, ni la Ley de Obras Públicas, eliminando de esta manera normativas sustanciales para el control de las cuentas públicas. Asimismo establece que la vinculación con sus trabajadores será dentro del régimen privado regido por la Ley de Contrato de Trabajo. Genera también una suerte de “competencia desleal” para con la DNV ya que por lo expresado antes, para la ejecución de una misma tarea los costos de CVSA serán mucho menores a los de la DNV, lo cual serviría a futuro para mostrar a la sociedad la “inconveniencia económica” de la ejecución de esos trabajos por parte de la DNV. No resulta difícil entonces vislumbrar lo que sería el “fin de esta película”: cerrarían la DNV dejando en su lugar a CVSA, del mismo modo que en su momento hicieron con Gas del Estado, Agua y Energía, Ferrocarriles Argentinos, Obras Sanitarias de la Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas (hoy recuperadas), etc .
Por eso desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) se llevó adelante una serie de acciones y denuncias donde se manifestaba que Corredores Viales S.A se trataba de una privatización encubierta
Pero el proyecto macrista va más profundo, es más desfachatado y más aceitado que el que generó las privatizaciones llevadas a cabo en los ´90 de la mano de Dromi y Cavallo. Esta vez, con los dueños del poder real al gobierno, el neoliberalismo generó herramientas más contundentes para desguazar a Vialidad Nacional. Hasta mostró a la sociedad una supuesta concesión al reclamo de los gremios y la declaración de inconstitucionalidad del decreto emitida por la Comisión Bicameral de Seguimiento de DNU haciendo algunos “maquillajes” en la letra del Art. 1º del Decreto 794/2017 en el Decreto 223/2018.
Mediante el Decreto 223/2018 se modifica el artículo 1º del Decreto 794/17 el cual refiere al objeto de Corredores Viales S.A., donde supuestamente circunscribe su accionar al acceso a la ciudad de Buenos Aires de la autopista Ricchieri pero agrega…“y los corredores viales que el ESTADO NACIONAL le asigne”… ratificando el sesgo privatizador de esta empresa, dado que el Estado puede disponer generar nuevos corredores o asignar determinados tramos casi de manera automática.
En este periodo de tiempo, Vialidad Nacional sostuvo el déficit de Corredores Viales, primero otorgando prestamos y luego mediante un mecanismo de redistribución de recursos en el cual “casualmente” a la DNV se le sacan $ 1.500 millones de pesos y en ese mismo acto se le asignan a CVSA $ 1.500 millones para saldar el déficit operativo de esta empresa con la consiguiente reducción de fondos para mantener y conservar más de 20.000 km de rutas, siendo que en la actualidad luego de 4 años de abandono, un 65% de las rutas nacionales están en mal estado con el consiguiente riesgo para todos los usuarios.
El 20 de septiembre de 2019, luego de haber perdido las PASO, el macrismo promulga el Decreto 659 mediante el cual se traspasan 3.200 kilómetros de la red concesionada bajo sistema de peaje con contratos vencidos, a la órbita privada. Los tramos que se traspasaron incluyen los accesos a las principales ciudades del centro y norte del país y por lo tanto con mayor tránsito y recaudación de los puestos de peaje así como la explotación de las aéreas ubicadas en la zona de caminos. Son los tramos con mayor rentabilidad.
Ese mismo Decreto estableció la cesión de esos tramos por un plazo de 5 años, prorrogables, pero con la clara intención de que ese vencimiento se dé bajo una nueva gestión Macrista.
Del informe financiero presentado por CVSA el 29/11/2019 se desprende que la empresa es altamente deficitaria, por cada $100 que le ingresan por cobro de peaje necesita $137 para funcionar. Ese valor se compone de $66 de gastos operativos, $58 de gastos de conservación y mantenimiento y $13 de otros gastos. Esto expresa claramente que este sistema de concesión con peaje tiene un déficit operativo del 37% y que debe ser sostenido con subsidios por parte del Estado Nacional o sea de los impuestos que pagan todos y todas.
En virtud de lo expuesto el Consejo Directivo de la FEPEVINA expresa y reitera la necesidad de derogar el Decreto 794/17 y sus modificatorios atentos a que:
- Al crear mediante un Decreto esta Sociedad Anónima, se violó la ley 25.152, sancionada el 21 de marzo de 2002, cuyo artículo 5° establece que: “toda creación de organismo descentralizado, empresa pública de cualquier naturaleza y Fondo Fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, requerirá del dictado de una ley”
- Las facultades delegadas en el Artículo 5º de la Ley 17.520, que se atribuyó Macri para crear a “Corredores Viales SA” por Decreto 794/2017, se encuentran caducas desde el 24 de agosto de 2010. Razón más que suficiente para determinar la nulidad del mismo.
- Todo aquel tramo y/o corredor vial que no se encuentre bajo concesión, debe volver a manos del Estado Nacional a partir de su Órgano Rector que es la DNV, según lo establecido en la normativa vigente.
- Los 5 años de concesión de los tramos con mayor tránsito de la Argentina a CVSA deja la puerta abierta a que esta empresa con un claro sesgo privatizador vuelva a caer en manos de un gobierno neoliberal.
- Es necesario desmembrar la matriz de neto sesgo neoliberal que se trata de imponer en el sector vial, en el que la política y la obra vial solamente responde a una visión economicista de la actividad, que si no es rentable no se invierte. Hay que recuperar las rutas nacionales del abandono, fortalecer la DNV como ente rector y retomar el control de las Rutas con concesiones vencidas, antes que buscar atajos como lo es esta S.A. Lo que hoy se muestra como una innovación o un avance, sabemos perfectamente por los resultados de las políticas privatizadoras de los ’90, que es una amenaza para los intereses de todos los argentinos y argentinas.
- Las Rutas Nacionales son un bien público, con un sistema de peaje restrictivo dado que en muchos lugares no existen vías alternativas gratuitas, un sistema deficitario que se come el dinero de usuarios, de los ciudadanos a través de los subsidios que deben entregarse y de la DNV en sostener el déficit operativo de una S.A., ya que sufre recortes para hacer el mantenimiento de los más de 20.000 km que retiene bajo su órbita.
- La falacia de la empresa estatal es la manera de maquillar un mecanismo de exclusión del Estado en el control de un recurso estratégico como la Red Vial Nacional. Desde su creación CVSA ha utilizado personal técnico de la DNV, equipos, inmuebles y presupuesto del Organismo.
Hoy, luego de casi 30 años, está probado que el sistema de concesiones con peajes implantado en nuestro País por el neoliberalismo ha sido un gran fracaso. Solamente ha sido un buen negocio para un minúsculo sector del empresariado argentino, no así para los usuarios. Se ha sostenido un sistema deficitario en calidad de servicios, sin obras nuevas, con altas tarifas para circular, teniendo a los usuarios de rehenes al no existir caminos alternativos y financiándose con recursos provenientes de subsidios de Estado, que terminan siendo una doble carga para el usuario de las rutas y una carga que tiene que soportar a través del pago de impuestos todo el pueblo argentino.
Por eso el título de que CVSA es un “lobo en piel de cordero”. CVSA hará obra pública pero no se regirá por las leyes que regulan y garantizan la transparencia en el manejo de los fondos públicos. Quedarán bajo su órbita los corredores por 5 años a la espera de la vuelta de un nuevo periodo neoliberal con la conocida voracidad de sus actores, para apropiarse de nuestra red vial pero por sobre todas las cosas de uno de los presupuestos más voluminosos del Estado Nacional.
Desde la FEPEVINA solicitamos simplemente que se respeten las leyes vigentes que instituyen a Vialidad Nacional como el único organismo vial del Estado Nacional Argentino, que se derogue el decreto 794/2017 y sus concordantes que crearon a CVSA, que todas las rutas nacionales concesionadas, al terminar los contratos de concesión, vuelvan al organismo que las leyes vigentes le asignan su posesión y administración, que es la DNV. Que sea la DNV la que, cumpliendo lo establecido en su ley de creación, ejecute el mantenimiento y la tareas de conservación de las rutas nacionales, no solamente porque su costo es menos de la mitad de lo que se paga cuando se tercerizan estas tareas, sino porque el Estado debe recuperar un sector estratégico como lo son nuestras vías de comunicación. Para ello se debe dotar a la DNV de un presupuesto adecuado para poder intervenir con eficiencia, teniendo en cuenta la situación de emergencia vial en la que hoy se encuentra la red por la falta de inversión en los últimos 4 años. Se debe elevar el nivel de servicio de las rutas nacionales, sacándolas del estado de emergencia, para acompañar al proceso de poner a la Argentina de pie que aspira el gobierno nacional. El mal estado de las rutas encarece el transporte de bienes y servicios porque eleva la incidencia de los costos por reparaciones y repuestos en los vehículos de transporte, sin contar el mayor tiempo de duración de los viajes y el aumento de los accidentes viales con pérdidas humanas y materiales.
CONSEJO DIRECTIVO FEPEVINA
