Corriente Federal de Trabajadores
El Gobierno nacional definió la nueva fórmula de movilidad previsional que propondrá para el debate en el Congreso de la Nación. La misma retoma la que fue utilizada entre el 2008 y 2017, sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner y que permitió una mejora en los ingresos de jubilados y pensionados. Carlos Ortega, dirigente de Secasfpi (gremios de ANSES) y Miguel Fernández Pastor, abogado especializado en derecho previsional, valoraron como positiva la propuesta realizada por el Gobierno.
A grandes rasgos, la fórmula planteada por el Gobierno consta de dos aumentos semestrales que toma dos variables: La evolución de los salarios y la inflación en partes iguales, 50% cada uno. En cuanto a los salarios la referencia es la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores (RIPTE), que toma el universo de trabajadores registrados.
Carlos Ortega, secretario general de SECASFPI (trabajadores de ANSES) y dirigente de la Corriente Federal de Trabajadores, valoró como positiva la iniciativa. “Cuando tuvimos la oportunidad de expresar nuestra mirada en la Comisión Bicameral nosotros planteamos volver al sistema anterior, a la ley SIPA de 2008. Va a ser más beneficioso”, expresó.
“Al tomar el aporte de los trabajadores formales estos tienen mejores condiciones para lograr una mejor actualización con respecto a los que toma el INDEC que incluye los informales, que en una economía en crisis genera una baja en los índices”, argumentó Ortega.
“Por otro lado, los gobiernos populares siempre tienen metas de recaudación más importantes que los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, en los últimos 11 meses el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pasó de contar 32 mil millones de dólares a 42 millones en plena pandemia”.
“Si miramos la evolución de actualización de las jubilaciones entre 2008 y 2017 siempre fueron beneficiosos y por arriba de la inflación”, indicó el referente de SECASFPI.
“Lo importante es volver a rescatar una legislación que había sido beneficiosa para los jubilados y volver a ponerla como eje legal de actualización”, concluyó Ortega.
A ello sumó la importancia de que la ley contemple una cláusula de “legislación constante para que no sea modificada por cada gobierno. Por eso se quiere llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas para que sea constante”. Aunque desde los bloques legislativos de Juntos por el Cambio ya adelantaron su rechazo a la iniciativa.
MIGUEL FERNÁNDEZ PASTOR: “ES UNA BUENA PROPUESTA”
En los años del macrismo, una de las voces que advirtió las consecuencias negativas que iba a tener la fórmula previsional sancionada en 2017 fue la de Miguel Fernández Pastor, abogado especialista en Seguridad Social.
“Es una buena propuesta, oportuna y necesaria”, evaluó. Sólo marcó una observación, “la nueva fórmula utiliza un índice, el RIPTE, para medir el incremento salarial. Y la vieja, la de Amado Boudou, de la época de Cristina, decía RIPTE o un índice que midiera más alto”. Puede ser una pequeña diferencia pero en el tiempo suma”.
Además valoró que es una “fórmula que redistribuye el ingreso nacional”, al tomar en cuenta el crecimiento de la recaudación.
“Aspiramos a que los salarios crezcan más que la inflación. Y si los salarios crecen más que la inflación, también la recaudación crece más que la inflación, y por lo tanto las jubilaciones y pensiones también van a crecer más que la inflación”, indicó.
UN REPASO DEL PASADO RECIENTE
Por décadas, las jubilaciones y pensiones mantuvieron un crónico atraso , con ingresos bajos que no llegaban a cubrir una canasta básica o una vida digna tras una vida de trabajo. A ello hay que sumar, además, de una cobertura que no contemplaba a todo el espectro de la población. Aquellos que no tenían los aportes, como las “amas de casa” o que habían estado desempleados o trabajo en la informalidad, llegaban a la edad de jubilación sin posibilidad de hacerlo.
Entre las medidas que atendieron esta situación, durante el gobierno de Néstor Kirchner se promovió la moratoria previsional y en el gobierno de Cristina Kirchner se estatizaron las AFJP y en 2008 se sancionó la ley SIPA que permitió un mejora en los ingresos. Fueron años donde la cobertura previsional superó el 90% de cobertura con ingresos que tuvieron una mejora considerable.
En medio de las tumultuosas jornadas de diciembre de 2017, el gobierno de Mauricio Macri, cambió la fórmula previsional que tuvo como base de cálculo un 70% del Indice de Precios del INDEC y el 30% la evolución de los salarios. El saldo en dos años fue una pérdida de casi el 20% de los ingresos.
Al asumir Alberto Fernández derogó esa ley por decreto en 2019 y avanzó con subas trimestrales también establecidas por decreto. Inicialmente el planteo era que para el segundo semestre de 2019 estuviera la nueva fórmula, pero la pandemia retrasó el debate. En ese período, el Gobierno avanzó con incremento de sumas fijas (más un bono a comienzos de 2019) que mejoraron las jubilaciones y pensiones más bajas, pero que generaron un retraso en los ingresos medios/bajos hacia arriba.
El objetivo planteado por el Gobierno es tener la fórmula sancionada para el 2021, donde la expectativa está en recuperar jubilaciones y pensiones muy castigadas en relación a la inflación en los últimos años. Una recomposición necesaria.
LEONARDO MARTÍN
