Corriente Federal de Trabajadores
Compartimos documento elaborado por la Corriente Federal de Trabajadores, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la Corriente Política 13 de Abril.
El intento de encarcelar y proscribir a la conducción del movimiento nacional, confirma lo que hace meses los trabajadores y trabajadoras venimos denunciando con nombre y apellido: las corporaciones yanquis nucleadas en la Cámara de Comercio estadounidense (AMCHAM), con la cúpula empresarial argentina comandada por Techint, Arcor y Clarín, nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Sociedad Rural (SRA) como ladera, junto a su brazo político -el PRO-, utilizan la Justicia y el poder de los multimedios para asegurar su golpe contra el pueblo: Gestapo sindical, guerra económica, desabastecimiento, inflación junto a las operaciones mediáticas y judiciales del lawfare, son el mecanismo que les permite seguir succionando el fruto de nuestro trabajo para acrecentar su
rentabilidad.
Entre 2016 y 2022, la participación de los trabajadores en el ingreso cayó de 51,8% al 43%, mientras que la ganancia de los empresarios subió del 40,4% al 47% de la riqueza producida. Son aproximadamente 70.000 millones de dólares que salieron de la mesa de las familias trabajadoras argentinas para engrosar los bolsillos de las corporaciones. Hoy en la Argentina uno de cada tres trabajadores mayores de 18 años es pobre. En el sector informal casi 5 de cada 10 (46,9%) y en el formal casi 1 de cada 7 (13,9%).
Detrás de la inflación general de 95,2% en 2022, se esconde que las verduras y legumbres se encarecieron más del 174%, haciendo del kilo de papa o de cebolla casi un bien de lujo, las frutas más del 129%, el aceite más del 112% y los lácteos más del 110%. Mientras tanto, salir al cine o al teatro aumentó muy por debajo de la inflación general, y el litro de nafta en la Capital Federal llega a costar un 10% menos que en Moreno o La Matanza. Es decir que hay un plan en marcha para dividir al frente nacional, sosteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores con mejores ingresos y sectores profesionales, y golpear de lleno a los que menos ganan. Buscan profundizar el descontento con el gobierno, promover el caos y la fractura, y aislar a las capas de la clase obrera más inmediatamente empujadas a
la lucha.
Ahora, cuando se cuestiona el robo que el gobierno de la derecha y los grupos económicos concentrados llevó adelante, al asignar a la Capital Federal –el distrito más rico del país- más fondos de los que correspondía, con la excusa del traspaso de la policía federal a la órbita de la Ciudad, la Corte Suprema falla a favor del puerto, contra los intereses del Interior y del propio Conurbano bonaerense. Es el mismo tribunal que permite que las empresas de telecomunicaciones cobren lo que quieren por los servicios de cables, internet y telefonía móvil. La que quiso avanzar con el 2×1 para los responsables de los crimines de Lesa Humanidad. El mismo Poder Judicial que persigue a la dirigencia sindical, social y política que enfrenta a sus patrones; exculpa a Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan, allana locales de los movimientos sociales, se infiltra en las organizaciones y oculta la trama mafiosa de aviones privados y viajes de fiscales a las tierras apropiadas por el magnate Lewis, con auspicio del grupo
Clarín. La misma “justicia” que, refritando una causa que en 2015 habían dado por cerrada, avanza en un juicio contra Cristina Fernández, que ya tiene escrita la sentencia: el encarcelamiento y la proscripción, como condición para poder imponer su plan de desguace y entrega nacional.
La Constitución que rige nuestro país y que el Poder Judicial tiene la misión de salvaguardar, es la que nos impuso la oligarquía luego de las matanzas de nuestros indios y gauchos. Se apropiaron de las tierras más productivas del mundo y la pusieron a producir materias primas al servicio de las industrias de afuera. “La Justicia” es la que garantiza ese orden terriblemente injusto y desigual. Su misión principal es la defensa de los intereses y la propiedad de un puñado de corporaciones y su pata oligárquica local, contra los de las grandes mayorías del pueblo.
Cuando se rasgan las vestiduras en nombre de la democracia y la división de poderes, defienden el orden de cosas actual, donde de casi 750 mil empresas que hay en el país, las principales 500 concentran casi el 40% del PBI, y de esas 500 empresas, 350 son extranjeras, predominantemente estadounidenses que se morfaron a las más de 50 mil empresas que quebraron durante el macrismo. Mientras tanto, más del 43% de nuestros compatriotas están en situación de pobreza y más del 8% de indigencia. Está claro que su democracia para nosotros es dictadura. Es, a decir del general Perón, la libertad de morirnos de hambre. Como dice el dicho, hay que pegarle al chancho para que salte el dueño… y por si hubiera dudas de qué intereses defiende el Poder Judicial, en los últimos días la Cámara que nuclea a las corporaciones yanquis que operan en nuestro país (AMCHAM), salió a defender a la Corte ante el pedido de juicio político.
Es bueno recordarnos que cuando durante el primer gobierno de Perón en 1949 avanzamos en reformar la Constitución y pusimos la función social de la propiedad por encima del interés privado del capital, los grupos concentrados y la oligarquía nos respondieron con bombas en Plaza de Mayo, incendiando los campos, fusilándonos y proscribiéndonos. A la restauración oligárquica de 1955 de la constitución de 1853, se le agregó en pleno menemato las reformas del 94, y en nombre de las “autonomías provinciales” quebraron los últimos bastiones de soberanía nacional, entregando los recursos nacionales a la ley de selva de la libre competencia, que no es libre ni es competencia, sino los acuerdos y las pujas entre monopolios gigantes, que manejan presupuestos varias veces superiores al de las naciones latinoamericanas. El litio del norte, la tierra de la Pampa Húmeda, las aguas del Paraná,
el petróleo de Vaca Muerta… nada pertenece a los y las trabajadoras argentinos, sino que todo se lo llevan afuera las multinacionales bajo condiciones que negocian con cada provincia de manera individual… que es lo mismo que decir que una hormiga negocia con un elefante.
Tenemos que construir la fuerza y la unidad necesarias para imponer las condiciones y los intereses comunes ante la irracionalidad y la voracidad de los monopolios que aún controlan el grueso de la producción de los bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana.
Como dijo la compañera Cristina, son una mafia organizada para robar y perseguir al pueblo trabajador, no tienen ninguna otra función en la sociedad. En cada rincón de nuestras barriadas, desde sus cimientos, manzana por manzana, casa por casa y en cada gremio, en cada fábrica, en cada escuela, tomemos en nuestras manos el destino de la Nación y construyamos una democracia participativa, directa, orgánica y popular como garantía de la Patria Grande y la Justicia Social.
Convocamos a las puertas de los Tribunales y a las plazas de nuestros barrios en todo el país a defender a Cristina y luchar contra la proscripción judicial. Es la condición para frenar el golpe de los monopolios y la defensa de nuestros intereses como clase trabajadora.
¡¡¡JUICIO POLITICO A LOS JUECES DE LA CORTE SUPREMA!!!
¡¡¡EL 24 DE MARZO TODOS A PLAZA DE MAYO!!! CONTRA EL GOLPE JUDICIAL, PARTICIPACIÓN POPULAR!
POR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA, LA SOBERANÍA POLÍTICA, LA JUSTICIA SOCIAL Y UNA PATRIA GRANDE!!!
SÓLO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO.
