Corriente Federal de Trabajadores
Ante el tarifazo en los servicios públicos, surgió una iniciativa para que quienes alquilan puedan acceder a la tarifa social ya que “si antes del tarifazo se destinaba la mitad del sueldo a pagar el alquiler, hoy estamos en una situación crítica en donde un sueldo promedio sólo se destinaría para pagar el alquiler, las expensas y las tarifas”, expresó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados en el programa Desde el Barrio en Radio Gráfica 89.3.
Según detalló Muñoz, en la Ciudad “un alquiler promedio es de $8.000 o $9.000. El Gobierno porteño sacó hace unos días un estudio donde decía que la canasta básica es de $19.500, teniendo en cuenta un alquiler promedio de $4.000. Hoy ninguna familia paga $4.000. Entonces si de $19.500 el 50% se va en el alquiler, imaginate el impacto ya que el salario promedio de los porteños es de $11.000. El tarifazo golpea a los sectores que no pudieron acceder a la vivienda propia”.
Esta propuesta fue presentada ante Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor. “Ya se está armando una mesa de trabajo en Neuquén y Córdoba capital y ayer tuvimos una reunión con la Defensora del Consumidor de la Ciudad por el tema de la tarifa social, de expensas y de inmobiliarias. En relación a la tarifa social, nos dijo que no podía hacer nada y que no lo iba a plantear. Por eso estamos planteando una medida judicial en la Ciudad”, relató Muñoz.
Como “el Gobierno no va a dar marcha atrás con el tarifazo porque sería un costo político enorme”. Por lo tanto “la última instancia, que se transformó en primera instancia, es la Justicia. No le veo otra forma a que se implemente la tarifa social en el país y mucho menos para el sector de los inquilinos. Son 6.500.000 inquilinos en el país y casi todos pagamos menos de $14.000 mensuales de alquile”, explicó.
Pero la situación encierra otras variables. Desde que asumió el Gobierno de Mauricio Macri “los alquileres aumentaron un 100%. En cuanto a las expensas, al igual que las inmobiliarias, las administraciones de consorcios son una corporación que no tiene ningún tipo de control, completamente mafiosas que tiene mucha relación con el Gobierno porteño porque comparten negocios y es muy difícil avanzar sobre ellas. Hoy la Legislatura deroga una ley que buscaba regular a las administraciones de consorcios. Estamos en una ciudad donde gobierna el mercado”.
En la pelea por respetar los derechos de los inquilinos, Muñoz sostuvo que “el sector de ingresos medios que alquila es un sector que tiene problemas de identidad, que se piensa más como un futuro dueño que como un inquilino, por eso costó tanto la construcción del sector. Hemos avanzado y cada vez más inquilinos se dan cuenta que van a alquilar por más tiempo entonces pelean por los derechos”.
Finalmente, afirmó que el proyecto busca que “pueda acceder a la tarifa social todo aquel que no es propietario. Es la forma de terminar con el problema de la ausencia de contratos de alquiler o contratos de palabra. Si hay recibo de pago de alquiler, hay un contrato tácito y empiezan a regir todas las leyes que recaen sobre uno escrito. Donde no hay ni un recibo de pago, la solución es la organización”.
La presentación judicial se hará la semana que viene y se sostendrá en la premisa de que “un inquilino no tiene el mismo derecho que un propietario. Respecto al trabajo con Defensa al Consumidor en distintas provincias, dependemos de cada Gobierno provincial. La idea es aportar una posibilidad más para que se frene el tarifazo y para que renuncie Juan José Aranguren. Como se organizó para la renuncia de Darío Lopérfido, habría que organizarse para que renuncie Aranguren”.
CARLA PELLIZA
