Corriente Federal de Trabajadores
En la última conferencia de prensa que realizó el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, trazó la nueva estrategia del Gobierno para sancionar la reforma/flexibilización laboral. En primer lugar anunció que no habrá sesiones extraordinarios en el Congreso de la Nación, inicialmente planificadas para la segunda quincena de febrero. Afirmó que buscarán “nuevos consensos” para lograr su aprobación. Por otro lado, afirmó que el Gobierno pretende paritarias que no superen el 15%.
Por LEONARDO MARTÍN
Tras la ardua y costosa sanción – en términos políticos- de la reforma previsional el Poder Ejecutivo decidió recalcular y extender los tiempos mientras busca los consensos o esperando que cambie el escenario a partir de los aprietes que se han intensificado sobre las organizaciones sindicales y sus dirigentes. Que las investigaciones judiciales, el fantasma de la cárcel o intervenciones madure para tratar con un movimiento obrero suavizado en la discusión de la reforma laboral y las negociaciones paritarias.
Peña anunció que la reforma laboral se “discutirá en forma más extensa, construyendo nuevos consensos”. Diciembre ha sido un mes de victorias parlamentarias para el oficialismo, pero a costa de una fuerte pérdida de su capital político a partir del masivo rechazo a la reforma previsional. Las esquirlas de diciembre han llegado a la discusión de los cambios en la legislación laboral con dirigentes de la conducción de la CGT que habían avalado el proyecto a fines de noviembre, pero que ahora retroceden en el apoyo. En el campo legislativo la oposición del peronismo responsable- clave para la sanción del proyecto- tampoco quiere pagar el costo político de una nueva reforma impopular.
El Poder Ejecutivo no abandonará su intención de sancionar la reforma con la mayor celeridad posible. En un cálculo optimista señalan a abril como el mes pretendido para su aprobación.
La estrategia comunicacional del Gobierno para convencer la opinión pública insistirá en las reformas son necesarias para atraer inversiones y generar empleo. Mismo argumento utilizado en otras épocas con resultados lejanos a las aspiraciones.
Puntualmente se basará en tres puntos básicos. En primer lugar la importancia del blanqueo de trabajadores, hoy en la informalidad, a partir de un generoso perdón sobre las deudas con la seguridad social de hasta cinco años y con una baja progresiva de los aportes patronales. La cara B de esta medida es el desfinanciamiento de la misma seguridad social y la vidriosa medida de condonar la deuda de aquellos que han evadido cargas sociales, pago de ART y precarizando a sus trabajadores por años.
En segundo lugar plantearán la importancia de las capacitaciones constantes y a la extensión de las licencias por paternidad como medidas positivas para plantear el cambio de la ley. Mientras entretienen a la opinión pública con estos puntos la puñalada viene por debajo habilitando tercerizaciones laborales, disminuyendo las indemnizaciones, permitiendo la figura del trabajador independiente para flexibilizar condiciones entre varios de los puntos negativos. Abrumadoramente más negativos que los supuestos beneficios.
La búsqueda de consenso de la que habla Marcos Peña se parece bastante a la del apriete ejemplificador. En las últimas semanas llamativamente avanzaron diversas investigaciones judiciales y operaciones de prensa sobre figuras fuertes e influyentes del sindicalismo como Hugo Moyano y Víctor Santamaría, en este último caso con un gremio que maneja reconocidos medios de comunicación como Página 12 y la AM 750.
Simultáneamente también sobre dirigentes de dudosa calaña como Marcelo Balcedo del SOEME o con el descabezamiento con fuertes acusaciones de la cúpula de la UOCRA Bahía Blanca. El objetivo final no es investigar hechos de corrupción porque de ser así, tomando las palabras de la hija del Momo Venegas, bien se podría haber avanzado sobre la irregular situación que denunció en la UATRE, gremio afín al oficialismo. Lo que importa es generar un clima de desprestigio de la totalidad del sindicalismo a partir de las peripecias de dos o tres dirigentes en un universo de 3000 sindicatos y más de 70 mil delegados.
En medio de todo el proceso que se viene, habrá otro simultáneo. Los cambios en CGT con un Triunvirato y una conducción debilitada que no puede ostentar una legitimidad en nombre del conjunto del movimiento obrero. Habrá que esperar novedades para las semanas venideras, los cambios parecen inevitables.
Mientras tanto el presidente Mauricio Macri ha recurrido al atajo institucional con la utilización de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para eludir engorrosos debates parlamentarios. Lo ha demostrado la semana pasada firmando un DNU que derogó 19 leyes y modificó 140 normas. Entre ellas una que beneficia a las empresas que hayan inclumplido leyes laborales y evadido aportes previsionales con una generosa condonación de la deuda. Una obsesión del Poder Ejecutivo que ya había incluido en la reforma laboral pero que decidió prudente garantizarla con un decretazo.
TECHO BAJO PARA LAS PARITARIAS / EL GOBIERNO QUIERE QUE SEA UN 15%
En la conferencia de prensa Marcos Peña también blanqueó que el Gobierno busca que las negociaciones paritarias no superen el 15%. “Las paritarias son libres, pero queremos que toda la sociedad se comprometa con las metas del 15 %” anunció. No se refirió a la posibilidad de incluir la cláusula gatillo, pero la determinación del Gobierno es que no se contemple esa posibilidad este año.
Diferentes consultoras estiman que la inflación rondará entre el 22% y 24% en 2018, es decir, que la pretensión del Poder Ejecutivo es que se firmen paritarias a la baja con pérdida de poder adquisitivo. A esta altura los errores en las metas inflacionarias son parte del folclore macrista. En 2016 estimaba un 25 % y terminó siendo un 41% mientras que en 2017 vaticinaba un 17% y la realidad marcó un 24,8%. Con aumentos masivos en los servicios públicos, transporte, combustibles y una aceleración de la devaluación del peso llegar al 15% de inflación es sencillamente una quimera o más bien un engaño hacia los trabajadores en la denodada búsqueda de la baja del “costo laboral argentino”.
