Corriente Federal de Trabajadores
Durante este jueves 7 y viernes 8 de febrero, los sindicatos que reúnen a los trabajadores judiciales realizan un paro de actividades reclamando el pago del tramo salarial adeudado desde diciembre del 2018. «Solamente hemos tenido un incremento del 30% con una inflación que supera el 47%» explicó Sofía Corradini, secretaria adjunta de SITRAJU NACIÓN. Precisó las exigencias planteadas en la medida de fuerza y dio marco a la situación que están viviendo los judiciales.
«Es parte de un plan de lucha que venimos llevando adelante desde octubre del año pasado. La Corte Suprema otorgó al poder judicial un 20% de aumento dividido en dos tramos: un 10% al 1 de octubre y un 10% al 1 de diciembre. Esas partidas presupuestarias fueron pedidas al Poder Ejecutivo nacional que sólo liberó el primer tramo, adeudando hasta el día de la fecha el 10% restante a diciembre». Se presiona también para que el pago adeudado sea computado como es debido al aumento de 2018 y no se considere dentro del presente año.
El aumento conquistado por los trabajadores durante el 2018 fue del 30% del cual aún resta este último tercio. Sin embargo, hay una particularidad afecta directamente a los sindicatos y es que no existe ni mesa paritaria ni convenio que formalice la negociación entre las partes. «No existe marco de negociación con ningún actor del poder judicial, ni con los sindicatos ni con asociaciones de magistrados. Es un aumento unilateral otorgado por la Corte Suprema, quien se ha arrogado una gestión que corresponde constitucionalmente al Consejo de la Magistratura» destacó Corradini, que agregó: «Desde hace ya 5 años que desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales reclamamos que se haga un Convenio Colectivo de Trabajo para todos los judiciales, no solamente nacionales y federales sino de todas las provincias y que se articule una mesa de negociación paritaria».
La medida de fuerza se realiza en articulación con las distintas organizaciones sindicales que representan a los trabajadores del poder judicial. Afirmando el trabajo en unidad, también se plantearon las diferencias de criterios con la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que conduce Julio Piumato. «No compartimos criterios y puntos de vista. La Unión no ha solicitado nunca una mesa de negociación paritaria que nosotros creemos que es vital. La unidad es lo más importante si bien diferimos en el criterio gremial sobre cómo abordar la recomposición salarial».
No suficiente con el atraso en el aumento, todos los sectores del Poder Judicial se mantienen en alerta por las irregularidades en la reglamentación de la Ley sobre el pago de ganancias a los judiciales aprobada en el año 2016. Así como sucedió en diciembre, se postergóuna vez más el tratamiento de “un informe técnico de la secretaría de asuntos jurídicos del Consejo para reglamentar una ley no reglamentada. La Ley de ganancias de judiciales señala que los agentes nombrados a partir del 2017 pagarían ganancias». Sin embargo, el Consejo de la Magistratura no se ajustó a lo dispuesto por la Ley 27.346 de Impuesto a las Ganancias y su modificación de noviembre del 2018 y la interpretó arbitrariamente. «Se dio una liquidación con muchas irregularidades. Esto es inconstitucional. Se dispone que tributen aquellos que ingresaron al poder judicial en 2017, pero el consejo está haciendo pagar el impuesto a quienes tienen una carrera previa a ese año también. Quedan alcanzados grupos que no lo estaban por ley» explicó Corradini.
Finalmente, la dirigente reafirmó que «el poder ejecutivo no libera las partidas presupuestarias necesarias. No hay autarquía financiera para estos aumentos y además se redujo el presupuesto para el poder judicial, lo cual es parte del ajuste. Esto corresponde a la Jefatura de Gabinete aunque nuestro empleador sea el consejo de la Magistratura y las gestiones las asuma la Corte Suprema».
Entrevista de Carla Pelliza y Lautaro Fernández Elem – Desde el Barrio Radio Gráfica
