Corriente Federal de Trabajadores
«Somos capaces de empezar y terminar las obras. En todas las obras que hicimos no hubo ningún cuaderno. Este es nuestro rumbo de trabajo, sin mentiras ni atajos» se ufanaba Mauricio Macri días atrás en un acto electoral en una obra Dock Sud en una afirmación que varía entre la falsedad y un descaro a prueba de balas. El Sindicato de Vialidad Nacional que conduce Graciela Aleña denunció en los tribunales federales el pago de sobreprecios, multiplicando el número inicial de una obra hasta por nueve. Casualidad, el beneficio fue para la empresa IECSA, con lazos con la familia Macri.
El caso más escandaloso es el rediseño y actualización en la construcción de la Ruta 9 con una mejora sustancial de los ingresos para la empresa IECSA que, supuestamente, el primo de Mauricio Macri Angelo Calcaterra vendió a Pampa Energía de Marcelo Mindlin en 2017. La actualización de precios por una obra licitada en 2015 con un costo de 285 millones de pesos se transformó en una obra de 2500 millones de pesos. Casi un 900% según denuncian desde el gremio. El ajuste de los gastos del Estado, el tan mentado déficit cero, no alcanzan los negocios que rozan el apellido presidencial.
La denuncia fue presentada días atrás en los tribunales de Comodoro Py, en un sorteo que asignó ¿casualmente? la causa al juez Julián Ercolini, integrante de la entente judicial que opera a tono con los intereses de Cambiemos. Es el magistrado que proceso a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita por obras en Santa Cruz y también actuó en la causa denominada Hotesur. También fue el encargada de la causa por la apropiación de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación durante la última dictadura cívico militar, pero allí previsiblemente sobreseyó a los propietarios de ambos diarios. Estos antecedentes dejan un manto de duda sobre el avance de la causa.
El Sindicato de Trabajadores Viales también apuntó contra Javier Iguacel que en su paso por Vialidad Nacional promovió denuncias contra Cristina Fernández por supuestos sobreprecios por obras en Santa Cruz. Sin embargo, el afán anticorrupción fue selectivo. El mismo funcionario habilitó actualizaciones de precios con incrementos escandalosos.
