Corriente Federal de Trabajadores
Desde la Asociación Bancaria lanzaron un comunicado con duras críticas al proyecto de ley que busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central en sintonía con las propuestas del Fondo Monetario Internacional. El gremio propone, a su vez una reforma para reemplazar a la actual ley de Entidades Financieras, vigente desde la última Dictadura Cívico-Militar, y que tenga como horizonte “proteger el ahorro de los argentinos y oriente el crédito en función del desarrollo y el empleo”.
El Gobierno nacional envió el 29 de marzo pasado un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina que despertó críticas furibundas desde diversos sectores, entre ellos desde la Asociación Bancaria. “No al Banco Central del Fondo Monetario” es el título de un documento donde detalla las implicancias (negativas) que contiene el proyecto de ley.
Una supervivencia muy cara para el pueblo argentino. Eso es lo que pactó el Presidente Mauricio Macri al firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que salió al rescate del Gobierno cuando se cerró el grifo del endeudamiento externo privado a comienzos de 2018. Garantizó que, al menos por ahora, que Argentina no cayera en default, pero el costo fue entregar el diseño del plan económico al mismo Fondo con las consecuencias previsibles cuando ello sucede. Pedidos de ajuste en las cuentas públicas, reformas estructurales, leyes regresivas para los sectores populares y una orientaciòn de la economìa en beneficio de los capitales especulativos transnacionales.
Desde la Bancaria enumeraron los múltiples aspectos negativos que encierra la reforma que ingresó en el Congreso.
- Elimina al empleo y al desarrollo económico como objetivos prioritarios del Banco Central y al requisito de idoneidad moral para dirigirlo.
- Habilita la designación de extranjeros para integrar su Directorio, abriendo la puerta a una imposición del propio Fondo o los acreedores externos.
- Concentra el poder de decisión en un Comité de Política Monetaria de sólo tres miembros, excluyendo a la mayoría del Directorio de decisiones estratégicas.
- Condiciona las funciones de control de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, sujetando el ejercicio regular del “poder de policía” a que está obligada sobre la actividad, al ánimo de los Directores y un Comité de Supervisión que privatizará en consultores externos el control que debe ser público.
- Anula el Régimen Penal Cambiario, neutralizando la prevención de la fuga de capitales y lavado de dinero.
- Elimina la posibilidad de un control real de su gestión por vía del Síndico y de la Auditoría General de la Nación, agravando, por carencia legislativa, las consecuencias del desconocimiento de la jurisdicción del Congreso sobre el Banco.
“Sin una ley marco que ordene adecuadamente los servicios financieros como el servicio público que deben ser, el BCRA queda limitado en su capacidad de actuar como ente rector y de contralor del Sistema Financiero” advierten desde el gremio bancario.
“No es casual que la Ley marco siga siendo la 21526 de Entidades Financieras, la de Martínez de Hoz y de la Dictadura, extremadamente permisiva, con demasiados “agujeros negros”, agigantados por las actuales innovaciones tecnológicas, que sirvió y sirve a quienes lucran con el endeudamiento del Estado y el abuso usurario” agregan en el comunicado.
“Hoy el BCRA está actuando al compás de los fondos de inversión, de los bancos, sobre todo transnacionales que tienen la capacidad de prestarle al gobierno para sostener este esquema económico sin sustento real. La función del FMI es garantizar que no pierdan. A ese objetivo responde el proyecto que se envió al Congreso, con él la dependencia se agravará” arremeten.
“Por eso rechazamos el Proyecto de Carta Orgánica del Poder Ejecutivo. Y reiteramos, junto a nuestro reclamo de cambio de la política económica, la urgencia de una reforma financiera real, coherente con el interés nacional” apuntan.
Tras ese diagnóstico, desde el gremio bancario proponen la sanción de una nueva Ley de Servicios Financieros “que enmarque el accionar del Banco Central y de todos los actores de la actividad financiera en función de la actividad productiva, del desarrollo con empleo y justicia social, de las necesidades de las familias”.
“Una nueva Carta Orgánica del BCRA que garantice el control permanente, plural, del Congreso Nacional en cuya jurisdicción se encuentra. Un Directorio idóneo y representativo. Una Superintendencia de control que cubra toda la actividad financiera, otra que garantice los derechos de los usuarios de este servicio público pues crear moneda –medio de pago y reserva de valor– es una función indelegable del Estado que hace demasiado que no se cumple adecuadamente. Un Banco Central que realmente sea el Banco Federal que establece en su art. 75 la Constitución Nacional, proteja al ahorro de los argentinos y oriente el crédito en función del desarrollo y el empleo”.
