Corriente Federal de Trabajadores
Por HÉCTOR AMICHETTI*
La Segunda Guerra Mundial impactó sobre la economía así como lo hará la actual pandemia en mayor o menor medida.
La particularidad de esta guerra es que todos los caídos pertenecen a un mismo bando, el de la humanidad.
Todos estamos convencidos que las naciones, con independencia de la ideología de quienes las gobiernan, se verán obligadas a recurrir, como ya lo está haciendo, a prácticas consideradas pecados para el neoliberalismo.
Los Estados cumpliendo un rol central en la atención sanitaria, recurriendo a la emisión de moneda, nacionalizando grandes Compañías.
Con las adecuaciones necesarias a la realidad que nos impone el siglo XXI, Argentina tiene un modelo a seguir que resulta ser la experiencia más enriquecedora de nuestra historia en lo que respecta a soberanía y justicia social.
Un modelo con serias posibilidades de alcanzar proyección internacional si no hubiera sido interrumpida por la fuerza brutal de la antipatria.
Ese ejemplo es el Peronismo y su perspectiva de universalismo.
Le tocó gestionar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial con un escenario de economía planetaria seriamente afectada.
El Consejo Económico y Social anunciado en estos tiempos por el presidente Alberto Fernández, bien podría ser el equivalente a aquel Consejo Nacional de Posguerra que integraban junto al Estado los representantes de los trabajadores y empresarios.
Si aquel tuvo como responsabilidad desarrollar el primer intento orgánico de planificación en Argentina, éste sería el responsable de retomar el camino trunco y nunca más transitado del Segundo Plan Quinquenal.
Recuperar el control pleno de un Banco Central manejando el tipo de cambio con criterio soberano, ordenando el crédito en función de la producción y el consumo nacional, rompiendo las maniobras especulativas y la fuga de capitales y ordenando toda la emisión de moneda que sea necesaria para sostener la actividad económica y el bienestar social.
El sistema financiero tiene que volver a ser un servicio público; los depósitos bancarios son producto del ahorro, del trabajo y la producción nacional, no son propiedad de los bancos.
El mayor ingreso de divisas al país sigue siendo como hace más de 75 años producto de las exportaciones cerealeras y en menor medida de carnes y productos de la minería.
El comercio exterior no puede seguir siendo área liberada para el negocio de las multinacionales.
Con el camino allanado en nombre del «libre mercado», las Corporaciones cerealeras han constituido una integración vertical de sus negocios que comienza con los pools de siembra, el manejo del transporte hasta los puertos de su propiedad y la exportación de los granos o de los productos con escaso valor agregado en sus propias fábricas.
Presionan con productos destinados a la alimentación como si fueran papeles del mercado financiero especulando con devaluaciones, evaden impuestos a través de la subfacturación y le ponen precio internacional a los alimentos que se consumen en Argentina.
Será el IAPI o como se le quiera llamar al organismo que debe crearse, pero el espíritu debe ser el mismo enunciado en aquel momento: «El Estado sale en defensa de los productores (hoy agregaríamos de los consumidores y del pueblo en general), terminando con los monopolios».
Antes del IAPI, «mientras el precio de los cereales lo fijaban los consorcios extranjeros… muchos miles de argentinos no podían comprar ni el pan por su precio excesivo».
Con el IAPI, «el precio del cereal lo fija el Estado… el pan, fabricado con la harina de trigo vendido a los molinos a bajo precio por el Estado, está al alcance de todo el pueblo argentino».
Los beneficios del comercio exterior no pueden servir solo para engrosar las cuentas de las multinacionales, deben servir al desarrollo nacional a través de créditos a tasa cero para la promoción y fomento de la industria para infraestructura energética y logística y para la investigación científica y tecnológica.
Los subsidios deben dejar de ser mala palabra cuando se trata de asegurar productos o servicios de consumo masivo que tengan que contribuyan a mantener el nivel del salario real en el mercado interno.
Tampoco sería descabellado, si los recursos son manejados por la nación para el bien común y no por los buitres privados para beneficio propio, financiar como lo hacía el IAPI a países extranjeros que necesitan comprarle al mercado argentino, fundamentalmente alimentos.
Según datos recientes del Programa de Alimentación Mundial de las Naciones Unidas (WFP), antes de la pandemia había 135 millones de hambrientos en todo el mundo, el coronavirus agregó otros 130 millones.
Desapareció el ingreso de los que viven día a día con la changa o el trabajo informal y unos 358 millones de niños y niñas en edad escolar han perdido sus comidas más relevantes en proteínas por el cierre de las escuelas en más de medio centenar de países, información que ratifica UNESCO.
El mundo clama hoy más que nunca por alimentos que Argentina puede proveer en abundancia, sólo hace falta la firme voluntad de recuperar la Soberanía Nacional y Popular.
La pandemia de coronavirus, aunque dolorosa, nos ofrece una oportunidad inesperada: la inmensa mayoría del pueblo argentino por convicción o por necesidad estaría dispuesta a acompañar al Gobierno Nacional.
Solo una minoría de insaciables privilegiados resistirían, pero como en el mundo ya nada es igual, la humanidad como un rayo les caería encima.
*Federación Gráfica Bonaerense / Corriente Federal de Trabajadores
